Ecologistas en Acción en Cádiz ha recibido con sorpresa la intención de la Junta de Andalucía de “privatizar” la gestión integral del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de La Algaida, y desde ya exige la retirada del concurso público convocado días atrás; al tiempo que anuncia que va a solicitar a todos los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz que se pronuncien en contra de esta gestión externalizada del principal parque metropolitano de la comarca: algo más de 1.000 hectáreas en los términos municipales de Puerto Real y El Puerto, integrados en el Parque Natural Bahía de Cádiz, siendo zona RAMSAR, ZEC y ZEPA, “figuras internacionales de conservación”.
Del mismo modo, los ecologistas avanzan en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que promoverán cuantas acciones legales y movilizaciones sean necesarias para impedir “este gigantesco despropósito”; al que también se han opuesto ya públicamente PSOE, IU, y Adelante Andalucía.
El Gobierno andaluz, de derechas, acaba de licitar la gestión integral de Los Toruños (servicios forestales, mantenimiento, vigilancia, eventos, limpiezas de edificios y entretenimiento) por hasta 2,4 millones de euros, a partir de un procedimiento de adjudicación por vía de urgencia. O sea, se pasa a privatizar un poco más la explotación del espacio natural que recibe medio millón de visitas al año para el desarrollo de actividades ambientales, lúdicas y de ocio, educativas, deportivas y culturales; después de potenciar sus infraestructuras, con dinero público (de hecho, se acaba de invertir casi un millón de fondos europeos en potenciar senderos peatonales y ciclistas).
Ante las críticas, la Junta replica que el modelo de gestión va a seguir siendo el mismo, ya que hasta ahora la mayoría de servicios dentro del parque metropolitano (que gestiona directamente en los últimos años, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA) se llevan a cabo a través de concesiones administrativas.
En concreto, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, argumenta que la administración autonómica “carece de jardineros, seguridad y monitores de actividades en su plantilla y, por eso, se hacen concesiones administrativas”, a lo que Ecologistas responde que “la Junta tiene empresas instrumentales precisamente para gestionar directamente asuntos de su competencia”. Por ejemplo, la Empresa de Medio Ambiente y Aguas, con amplia experiencia en estas encomiendas de gestión en espacios naturales. “Asegurar que no se privatiza nada cuando se pretende contratar a una empresa privada nada más y nada menos que por 2,4 millones para que se haga cargo de la gestión de un parque público, es no saber distinguir entre los público y lo privado”, se insiste.
Ecologistas en Acción reconoce tener con este parque metropolitano unos “fuertes lazos afectivos, como gran parte de sus cientos de miles de usuarios”: “conseguimos su protección, participamos de forma decisiva en su actual diseño, hemos desarrollado multitud de actividades, y logramos impedir atentados como la pretensión de volver a abrirlo a los vehículos a motor”.
LA GESTIÓN HASTA AHORA “HA SIDO IMPECABLE Y PARTICIPATIVA”
Hasta la fecha, la gestión realizada por el personal y el director de este parque, dependiente de la AVRA (o sea, la consejería de Fomento), entienden desde la asociación verde, “ha sido una labor de dedicación absoluta donde se ha trabajado por dinamizar y proteger un espacio que ha sido y es referencia en toda la Bahía de Cádiz”. Las actividades programadas, los talleres de diversa índole, campamentos y las relaciones en general con todos los colectivos sociales, culturales y medioambientales de la Bahía “ha sido impecable y participativa, por lo que consideramos cuanto menos de ‘poca vergüenza’ el querer desvirtuar y camuflar la privatización, alegando aportar transparencia”.
Esta zona privilegiada ha pasado por diversos avatares. En la década de los 70 del siglo pasado se incluyó en el proyecto ACTUR del Río San Pedro, que pretendía urbanizar toda la zona desde Matagorda hasta Valdelagrana; una gigantesca urbanización para 100.000 habitantes, “fruto de los delirios del crecimiento infinito”. La acción decidida de las asociaciones ecologistas de la Bahía, hoy integradas en Ecologistas en Acción, consiguió que en 1989 se incluyera esta zona en el Parque Natural, “lo que garantizaba su protección, su gestión pública y su recuperación del abandono en que se encontraba”.
Tras una “poco afortunada” gestión por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, en noviembre de 2005, la Junta asumió la gestión de Los Toruños a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (hoy reconvertida en la AVRA); desde entonces “ha sido un parque bien gestionado, que ha sabido compatibilizar su importante uso público con la conservación de sus valiosos paisajes y su rica biodiversidad”.
PSOE E IU INSISTEN EN RECHAZAR LA “PRIVATIZACIÓN”
Por su lado, IU tiene previsto defender en el próximo pleno de la Diputación de Cádiz una proposición instando a la Junta a dar marcha atrás. Concretamente, se pide al Consejo de Gobierno que deje sin efecto la convocatoria de licitación de la gestión integral del parque, y que esta gestión “sea pública, asumida directamente por la consejería competente”. Del mismo modo, se prevé que Adelante Andalucía eleve la cuestión al Parlamento autonómico.
Para Carmen Álvarez, diputada provincial de IU, que días atrás realizaba una visita al propio parque metropolitano, entiende que esta decisión de la Junta responde al “modus operandi del PP y de la derecha de Andalucía, de querer privatizar continuamente los servicios públicos”.
Mientras, desde el PSOE portuense se le demanda a la delegada de la Junta en Cádiz que “públicamente garantice a la ciudadanía el acceso libre y gratuito” a Los Toruños, “si tan segura está de sus palabras al desmentir nuestra alarma ante el proceso de privatización encubierta que pretende el PP”.
“Viniendo del PP esa declaración de no vamos a privatizar sino solo a cambiar la forma de gestión para que haya operadores privados en este espacio público, nos suena mucho a aquello de la indemnización en diferido del PP nacional o como ejemplo más cercano a la privatización de Apemsa, pues sabemos que en el PP son expertos en negar las evidencias bajo eufemismos, pero finalmente lo que aplica son privatizaciones en toda regla de lo público”, apostilla el exalcalde y secretario general del PSOE local, David de la Encina.
Y el PSOE de Puerto Real se interpreta que “privatizando el parque, solo se beneficia al amigo afortunado de la Junta y no a los vecinos”, considerando que no es el modelo de gestión idóneo para este espacio público natural.
“Es algo extraño que se haga una licitación por procedimiento urgente, ya que no existe ningún motivo justificado para esto”, reitera el secretario general de los socialistas en la Villa, Carlos Salguero.
Esta formación exige a la administración regional que “dé marcha atrás en esta decisión privatizadora”, para que “no se perjudique a nadie que haga uso de la zona y que puedan realizar con normalidad y sin ningún perjuicio las actividades que en este se puedan llevar a cabo”.
