La Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz (integrada por CGT, SAT, Ustea, CNT El Puerto, CTA, CPM y Autonomía Obrera), tras dos semanas de estado de alarma por la crisis del coronavirus y la evolución de las medidas que se van tomando, considera que, en el caso concreto de la comarca, se afronta una situación no solo de emergencia sanitaria “sino de alarma social y laboral, de conculcación de los más elementales derechos laborales y de desamparo y exclusión social más absolutos de buena parte de la población”.
Estos sindicatos reflexionan que “el miedo al contagio, el forzado y desorganizado confinamiento, las patrullas policiales y militares por las calles y centros estratégicos, amordazan y disuaden a toda esa masiva población trabajadora vapuleada con esta emergencia”. Pero entienden que “no se puede permanecer en silencio por más tiempo. Hay que exigir que se decreten medidas realmente protectoras que respeten los derechos laborales y sociales sea cual sea la situación de cada persona”.
Así, en medio de esta pandemia, y del estado de alarma, dichas organizaciones sindicales dicen estar “desbordadas” de llamadas, avisos, requerimientos de asesoramiento a causa de las diversas situaciones laborales que se originan como consecuencia de las medidas tanto de confinamiento como en todo lo que respecta a la protección de la salud en los centros de trabajo.
“Las ya innumerables apariciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando cambiantes medidas siempre insuficientes, ambiguas, excluyentes para una parte de la población, no hacen más que generar cada vez más confusión y desamparo entre la clase trabajadora de todos los sectores y ámbitos profesionales”, se considera.
Y se añade que “todos estos días de asesoramiento, búsquedas para asegurar respuestas, denuncias a Inspección de Trabajo de numerosas empresas por las escasas o nulas medidas de protección para con las plantillas que continúan trabajando, por la mala gestión (o no gestión) de los ERTEs anunciados, por la arbitrariedad de reducir o eliminar jornadas laborales a costa de los descansos o vacaciones de sus trabajadores y, sobre todo, por los despidos, ‘extinciones de contrato’ o simplemente abandonos ‘a su suerte’ de miles de trabajadores, nos han mantenido a las organizaciones sindicales de la Confluencia Sindical de la Bahía en un forzado silencio público que no se puede sostener ni un solo día más”.
De este modo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, CGT, SAT, Ustea, CNT, CTA, CPM y AO, repasan que hoy día el sector de la hostelería y turismo de la provincia es “sin duda” de los más afectados, dándose aquí la mayor parte de los cierres, despidos, y extinciones de contratación. Igualmente, en el ámbito industrial, concretamente en el sector del metal (naval y aeronáutica), se están produciendo básicamente dos situaciones: ERTEs para las plantillas indefinidas y despidos para eventuales.
“Las condiciones previstas para estos ERTEs -en relación con la circunstancia de subcontratación, eventualidad, supeditación a la carga de trabajo contratada por Navantia, Dragados o Airbus- dejan en la calle a miles de trabajadores de las Bahías de Cádiz y Algeciras (22.000 trabajadores de 3.500 empresas afectadas en la provincia) para no tener que mantener a las plantillas de los ‘ERTEs del Covid-19’ durante seis meses posteriores al estado de alarma sin carga de trabajo que desarrollar”, se denuncia.
Estos sindicatos concluye que “la supuesta prohibición de los despidos” durante esta emergencia “se traduce simplemente en que se van a declarar improcedentes, no nulos… es decir, que a la patronal los despidos les seguirá saliendo a precio de saldo, como ya previeron y se impusieron a través de las últimas reformas laborales”. Todos estos despidos “se producen incluso cuando el trabajador no ha cotizado aún los 12 meses necesarios para poder recibir subsidio de desempleo… y sin atreverse a solicitar ayuda familiar que les puedan poner el ‘contador a cero’ para volver a ir cotizando esos 12 reglamentarios meses”. Esto significa “exclusión y desprotección total de una gran parte de la población trabajadora”, se alerta.
Además, este colectivo no se olvida de qué pasará con los falsos autónomos, los verdaderos pequeños autónomos, las trabajadoras domésticas, todas las personas que estaban desarrollando algún trabajo sin contrato o hiperprecarizadas…
Pero hay más: también se denuncia “la arbitrariedad de administraciones y empresas públicas que obligan a gastar días libres y vacaciones a sus plantillas confinadas en casa, que no aclaran las condiciones del teletrabajo, que no pueden garantizar los recursos suficientes para el desarrollo del mismo y cargan la responsabilidad en los propios trabajadores”.
De la misma manera, también se señala a todas aquellas fábricas, naves, locales “donde las plantillas acuden a trabajar sin el más mínimo equipo de protección o con irrisorias alternativas a estos equipos”. Especialmente “alarmante”, se evidencia, “es la situación del personal sanitario y también del no sanitario que acude a estos centros por ser esencial su labor, aunque, por lo visto, no su salud”.
Con datos del 27 de marzo, se han presentado ya 8.405 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la provincia de Cádiz, afectando a más de 42.000 trabajadores. Esto sin contar con el número de despidos o no renovación de los contratos temporales.
EXIGENCIAS
Ante este panorama y realidad del impacto socio-económico de la crisis del coronavirus, la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz hace una serie de exigencias: la declaración de “nulos por decreto” de todos los despidos y extinciones de contrato (debidos al Covid-19), con carácter retroactivo, desde el comienzo de la emergencia sanitaria; que se sancione a las empresas que están imponiendo las vacaciones o disfrute de días libres bajo el chantaje de la situación creada por el dichoso virus; que se cumpla el carácter de “permiso retribuido” para la situación de los trabajadores de las empresas afectadas por el cierre obligado del 30 de marzo al 9 de abril sin la imposición de “recuperable” (que anularía el propio carácter de “permiso retribuido”); la retribución completa de los salarios de todos los asalariados durante todo el estado de alarma; las mismas condiciones de retribución de prestaciones para las extinciones de contrato que para las suspensiones que se acogen a ERTEs extraordinarios; la inmediata entrega de sistemas de protección al personal que debe acudir a sus esenciales puestos de trabajo; y la concesión de una renta básica para todas aquellas personas que se encuentran en la exclusión y no perciben en la actualidad ningún tipo de ingreso.
“Los trabajadores no vamos a tolerar la culpabilización moral ni la penalización económica y el ataque a nuestros derechos fundamentales ni en este estado de alarma ni en la crisis que ya se avisa para los meses y años venideros”, avisan estos sindicatos alternativos.
“No vamos a tolerar –sentencian- más atropellos ni más llamadas a la responsabilidad a la clase trabajadora cuando, durante los últimos años de recortes y desmantelamiento de los servicios públicos, la banca y la gran empresa se han estado embolsando descomunales ganancias”.
