Once personas están implicadas en el marco de una investigación de la Policía Nacional sobre malversación de caudales públicos en Cádiz. El principal investigado, un empresario hostelero y actual presidente del Atlético Sanluqueño, recibió entre 2010 y 2013 subvenciones para un proyecto empresarial de elaboración de productos del mar, en el marco del plan Reindus de la Bahía, del Ministerio de Industria, y de la consejería de Pesca de la Junta. Pero los más de 2,5 millones concedidos han sido utilizados para fines diferentes; de hecho la mayor parte del dinero fue desviado a un entramado de empresas y sociedades que realizaba facturas falsas para justificar gastos ante las instituciones públicas. En 2011 también trató de lograr ayudas de la consejería de Empleo, que fueron denegadas.
En el marco de una investigación de la Policía Nacional sobre malversación de caudales públicos en Cádiz, han caído 11 personas. El principal investigado, un empresario hostelero y presidente de un club deportivo –la cadena Ser ha adelantado que se trata del actual máximo mandatario del Atlético Sanluqueño- recibió subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía supuestamente para la reindustrialización de la Bahía. Pero el dinero concedido fue utilizado para fines diferentes a los otorgados; de hecho fue desviado a un entramado de empresas y sociedades que realizaba facturas falsas para justificar gastos.
La investigación, según relatan desde la Policía en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, comenzó a raíz de la denuncia presentada en 2014 por un empresario perjudicado por la trama, a quien se le debía una importante cantidad de dinero por los trabajos realizados en la construcción de una nave industrial en el polígono agroalimentario de Jerez, siendo la promotora una sociedad registrada en Sanlúcar de Barrameda.
Los agentes encargados de la investigación centraron las primeras pesquisas sobre un empresario de hostelería y presidente de un equipo de fútbol, el Sanluqueño, que la pasada temporada ascendía a Segunda B. Este había contactado en el año 2009 con un ingeniero técnico, regente de una sociedad de creación de proyectos técnicos en la ciudad de Sevilla, para la creación de una sociedad con la que pretendía montar una nueva empresa de elaboración de productos del mar. Para la ejecución de este proyecto y la comercialización de los productos solicitaron una ayuda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acogiéndose a un programa de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, subvencionado con fondos procedentes de la UE. Por todo ello les fue concedida en 2010 una ayuda que ascendía a algo más de 2,1 millones de euros.
Fruto de las gestiones realizadas, los agentes descubrieron que una importante cantidad de la ayuda fue utilizada por la sociedad creada para financiar el proyecto industrial y así dotarlo de suficiente credibilidad para conseguir la ayuda del Ministerio. El principal autor de los hechos diseñó toda una trama de facturaciones falsas, con la connivencia de una sociedad de construcción industrial en Sevilla y empresas suministradoras de recursos de las localidades de Sevilla y Madrid. Estas compañías emitían facturas, algunas de ellas por cantidades millonarias, que eran pagadas por la sociedad creada para justificar la inversión.
Pero además, en el año 2011 la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial, concedió una nueva subvención a esta supuesta empresa, Sabor Sanlúcar, dedicada a la comercialización de productos típicos del mar, en la que continuaba como administrador único el principal investigado. La ayuda otorgada fue de más de un millón de euros, aunque sólo se llegó a abonar dos años después 463.000 euros -en base a la justificación de 1,5 millones de inversión supuestamente ejecutada- y, continuando con el mismo ‘modus operandi’ que en la subvención anterior del Ministerio, los autores prosiguieron presentando facturas falsas para justificar el empleo del dinero obtenido.
RECIRCULACIÓN DEL DINERO
Los investigadores se percataron que en realidad lo que se producía era una “recirculación del dinero”, puesto que éste iba de la cuenta bancaria de la sociedad subvencionada a las cuentas de las mercantiles implicadas. Posteriormente, estas empresas devolvían el importe, o una parte del mismo, en concepto de “servicios prestados”, a otra cuyo titular era el citado empresario.
Las cantidades desviadas tenían como destino final reflotar sus propios negocios de hostelería y otros de su entorno familiar, llegando a poner en marcha una discoteca en Sanlúcar. Además, también adquirió coches de alta gama, siendo inscritos a nombre de su esposa, la cual dirige otro de sus negocios hosteleros.
De este modo, la Policía Nacional revela que de los casi 2,6 millones concedidos a este empresario por el Gobierno central y el regional para la creación de una nueva industria y nuevos puestos de trabajo en el marco de la Bahía de Cádiz, lo único que ha resultado es la construcción de una nave, cuya ejecución se encuentra a medias y con varias deudas generadas con las empresas subcontratadas para la construcción de la misma, que, a pesar de todo el dinero que se libró, no han visto aun satisfechas sus facturas.
LA JUNTA EXIGE DESDE 2013 EL REINTEGRO DE LA AYUDA
Al hilo de la información policial, la consejería de Agricultura ha aclarado que ya exigió en septiembre de 2013 a la empresa Sabor Sanlúcar –detrás estaba el cabecilla de la trama- el reintegro de la ayuda solicitada por incumplimiento de la ejecución de la inversión. Se aclara que la concesión de esta subvención se remonta a 2011, cuando en el marco de la línea destinada a la mejora de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y acuicultura, incluidas en el Fondo Europeo de la Pesca, la consejería aprobó para la citada empresa una subvención de 1,05 millones sobre una inversión aceptada de 3,5 millones. El proyecto consistía en una nueva nave para el desarrollo de la actividad.
El plazo de ejecución de la inversión se fijó el 30 de marzo de 2012, pero finalmente se prorrogó hasta el 28 de febrero de 2013 en cumplimiento de dos peticiones de prórroga y ampliación del mismo por parte del representante de la entidad. El 27 de febrero de 2013 la empresa volvió a solicitar una ampliación de plazo, que fue denegada por la consejería.
El 26 de marzo de 2013, la Junta materializó el pago de 463.118 euros de la subvención aprobada, correspondientes a la justificación de 1,5 millones de euros de la inversión aceptada. En ese momento quedaba pendiente el ingreso de 593.674 euros de la ayuda aprobada, condicionada a que se justificara debidamente el resto de la inversión comprometida.
En junio de 2013, un grupo de técnicos de la delegación territorial de Agricultura se trasladó al lugar de ejecución de la inversión para comprobar el estado de las inversiones y constató que no estaban finalizadas, evidenciando la imposible capacidad productiva de la industria. Por ello, se propuso la revocación de la subvención, al no haberse cumplido las fechas de inicio y ejecución del proyecto, que se resolvió en septiembre de ese año. Según la resolución, la supuesta empresa debía reintegrar los más de 463.000 euros que se abonaron en su momento más 10.594 euros en concepto de intereses de demora, tal y como establecían las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes en ese momento.
Sin embargo, la empresa interpuso un recurso de reposición contra la resolución que fue resuelto y desestimado por la Dirección General de Pesca y Acuicultura en fecha de 20 de diciembre de 2013. Contra esta resolución, presentó un recurso contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en enero de 2014, que fue desestimado un mes después. En julio de 2015, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dirigió a la empresa un escrito trasladándole el fallo del TSJA e instándole a que cumpliera con la sentencia, sin obtener respuesta por parte del interesado.
Por ello, en febrero de este 2016, la Junta volvió a comunicar oficialmente a la empresa la obligación de ingresar la deuda y ante la falta de respuesta el 19 de abril se realizó la notificación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el Boletín Oficial de Estado.
Pero hay más, esta misma empresa también solicitó en 2011 incentivos regionales a través de la delegación territorial de Empleo de la Junta, aunque estas ayudas sí le fueron denegadas.
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