Ese proyecto socio-laboral casi redentor para la Bahía de Cádiz, Las Aletas, rebautizado como Lógica, sigue a su ritmo. El pasado viernes 19 de julio han tomado posesión de sus cargos los nuevos consejeros de este consorcio público (participado mayoritariamente por el Estado y la Junta de Andalucía). Sí, han pasado meses del anuncio (fue en septiembre de 2018) de la reconversión del fallido proyecto de Las Aletas prometido años ha y estancado por sentencias judiciales ante demandas ecologistas, a Lógica. Pero en todo ese tiempo parece que no ha dado ningún paso nuevo.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha tomado posesión como vicepresidente del ente (la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, es la presidenta) y ha asegurado que el nuevo Gobierno andaluz de derechas va a mantener la inversión “de 188 millones de euros” en la comarca “para avanzar” en la creación de lo que ahora se llama Plataforma Logística, Tecnológica y Medio Ambiental de la Bahía de Cádiz (que es la forma larga de referirse a Lógica).
En estas reuniones del Consejo del Consorcio Aletas y del Consejo de la Sociedad Gestión Proyecto Aletas, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta, el político sanluqueño habría reiterado “el compromiso del nuevo Gobierno andaluz con el proyecto que contará con recursos y acciones concretas, y acabar, así, con una larga etapa de dilaciones, indefinición y desencuentros”.
Esta reconversión de Las Aletas (inicialmente en suelo estratégico de Puerto Real) en Lógica (que supone ocupar menos suelo de Las Aletas y ampliarse a otros de la Bahía) va a exigir un cambio en el modelo de gestión y gobernanza. El planteamiento es que la Junta y el Estado procedan conjuntamente para extinguir los dos órganos existentes de Las Aletas, para lo que es preciso la autorización del Consejo de Ministros y, por tanto, “estaría pendiente de la constitución del nuevo Gobierno”.
Un segundo paso sería su sustitución por una sociedad mercantil llamada Lógica; a esta futura sociedad que refunde las dos anteriores se traspasarán los activos y pasivos del consorcio existente, igualmente a expensas de la constitución del nuevo Gobierno, que podría salir en estos días si PSOE y Unidas Podemos terminan entendiéndose. En la nueva entidad, la administración andaluza mantendrá la participación del 45%.
MENOS ALETAS Y MÁS BAHÍA
El “gran objetivo” de este demorado proyecto es “convertir la logística en uno de los motores económicos de la Bahía”. Para ello, el primer paso para el desarrollo de la ansiada plataforma será “la incorporación de nuevo suelos productivos”, como ya se anunció tras el pasado verano.
Por un lado, Lógica supondrá reducir los terrenos a ocupar de Las Aletas a las 120 hectáreas de suelo patrimonial no afectado al dominio público origen de los litigios que han paralizado el proyecto hasta en dos ocasiones en los últimos años.
La intención del Estado y la Junta es ampliar estos suelos de Las Aletas con nuevos espacios. En este sentido, sigue en pie una oferta de compra para los terrenos de la antigua planta de Delphi de 42 hectáreas. Se trata de un suelo comunicado, disponible y cualificado urbanísticamente. La idea es retomar los contactos con la administración concursal a través de la Agencia IDEA, dado que la adquisición de los suelos tiene el informe favorable de la Abogacía del Estado.
Los terrenos, si se logran, se dotarían de la cualificación de suelo tecnológico, “lo que aportará mayores incentivos para las empresas que se asienten en la plataforma”. Además, la Agencia de la Energía (también de la Junta) ya trabaja para convertir en Living Lab o laboratorio de pruebas reales y entorno de experimentación energético parte de estos terrenos. Maneja unos 4,5 millones de euros para ello.
En total, la futura Lógica cuenta en la actualidad con 257 hectáreas (160 de suelos nuevos y 97 de suelos disponibles) y promocionará un total aproximado de 450 hectáreas de suelo productivo.
Otro aspecto importante será incorporación al proyecto de nuevos interlocutores institucionales que “contribuirán a una visión más amplia de los objetivos”, a decir del vicepresidente andaluz de Ciudadanos; que repite lo mismo que decía el anterior vicepresidente del PSOE.
En este sentido, se han incorporado a la reformulada Las Aletas la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Zona Franca de Cádiz, el Parque Tecnológico TecnoBahía, la Red Logística de Andalucía y la Agencia IDEA. De esta forma, esa deseada plataforma, sin fecha, desarrollará una “acción conjunta” para el desarrollo de la logística y la captación de inversiones de la Bahía. Para ello, se van a llevar a cabo la promoción de suelos y la incorporación de nuevos. La Zona Franca actuaría como ente urbanizador, y el resto de actores serían los encargados de esa promoción y captación de empresas e inversores.
LAS ALETAS, UN PROYECTO GAFADO
En abril de 2017 se conoció el enésimo varapalo sobre Las Aletas. El Tribunal Supremo (TS) atendía el recurso interpuesto por WWF y volvía a anular por segunda vez, “por ser contrario a derecho”, la reserva demanial en los terrenos de dominio público sobre los que los políticos insistían en dibujar este pretencioso parque logístico y tecnológico, “un ejemplo de los proyectos faraónicos del pasado que han endeudado a nuestra sociedad a costa de destruir la naturaleza; deben dejar de prometer lo imposible al pueblo de Cádiz, invertir en restaurar la marisma en vez de en destruirla e incluir Las Aletas dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz”, remarcaban entonces los ecologistas.
El fallo subrayaba que “para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades e instalaciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación”. En este punto razonaba que en base a los usos que se le quieren dar a estas marismas puertorrealeñas “parece claro que no se trata de actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.
El Supremo ya anuló años antes, en octubre de 2009, el acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 que declaraba una reserva de 286 hectáreas dentro del dominio público terrestre (zona de alto valor ambiental) situado en el interior de las 527 hectáreas que configuran dicha zona. WWF, que también recurrió entonces, entendía que esta reserva infringía la ley de Costas. Con este duro revés se paralizaron las primeras obras, y únicas, sobre el terreno.
A raíz del último varapalo del TS al polígono de Las Aletas, el Ayuntamiento de Puerto Real pasó a crear la comisión de trabajo ‘Aletas: alternativa real y sostenible’, con el objetivo de “encauzar” las “fuerzas activas” de la comarca para una alternativa a esta iniciativa prometida desde hace años. Se involucraron en el mismo: el grupo de Cádiz de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común, Ecologistas en Acción, la Asociación Bahía de Cádiz, la Asociación para la Mediación Social Equa, y asociaciones cívicas de afectados por el desempleo como extrabajadores de Delphi, la coordinadora de profesionales del metal, la Mesa por el Empleo de Cádiz, así como algunos expertos en esta materia.
Tras tres meses de trabajo, en verano de 2017 se desvelaba un documento “participativo y abierto” que persigue que los millones de euros que se dice que “acapara” el consorcio público que promueve el proyecto frustrado de Las Aletas se queden en la Bahía pero no para más ladrillo y especulación, sino para “la generación de empleo sostenible y de calidad y el aprovechamiento de la riqueza autóctona”. PSOE y PP insisten en ignorar este trabajo, respaldado por Podemos, que incluso lo ha llevado al Congreso, sin éxito alguno.
