El Consejo de Ministros ha autorizado la nueva declaración de reserva demanial en los terrenos de dominio público de Las Aletas, en Puerto Real. La anterior fue tumbada en 2009 por el Supremo. El objetivo es levantar allí, como se viene prometiendo desde hace años, un macro polígono industrial. Ahora se vende que su futura puesta en marcha “podrá generar” alrededor de 18.000 empleos. Como mínimo, el primer ladrillo no se pondrá hasta 2017. Y WWF España, que ya recurrió la primera reserva, volverá a acudir a la Justicia: “hay alternativas que no implicarían la destrucción de la naturaleza y un gasto injustificable de dinero público”.
Como estaba previsto, el Consejo de Ministros del pasado 13 de febrero ha autorizado la nueva declaración de reserva demanial en los terrenos de dominio público de la zona de Las Aletas, situada en Puerto Real. El objetivo es levantar allí, como se viene prometiendo desde hace años, un macro polígono industrial, un parque logístico y tecnológico, como revulsivo para el desarrollo económico y la creación de empleo en la Bahía de Cádiz. De hecho, ahora se dice que su puesta en marcha “podrá generar en el futuro” alrededor de 18.000 empleos.
Esta declaración de reserva es necesaria para permitir la utilización de parte de los terrenos de dominio público para los usos logísticos asociados al proyecto. Esta declaración de reserva sustituye a una anterior que fue anulada por una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2009, tras el recurso presentado por ecologistas, y que supuso la paralización de las primeras obras. Precisamente, en el expediente de declaración de esta reserva se asegura que se da respuesta a las cuestiones esenciales que demandaba la sentencia del Tribunal.
De este modo, se incorpora una justificación exhaustiva de que el territorio de Las Aletas es “el único adecuado” para conseguir las finalidades perseguidas en el demorado proyecto; se fija un plazo temporal de duración de la reserva de 75 años; se precisan las obligaciones de restituir los terrenos al estado anterior al de declaración de reserva cuando finalice la misma; y que la superficie objeto de reserva se destinará principalmente a actividades logísticas portuarias y de transporte intermodal.
Destaca la especial atención que se concede a los aspectos medioambientales del proyecto con la elaboración de una completa Memoria Ambiental y un sustancial incremento del área ambiental que dobla su superficie pasando de 120 a 240 hectáreas. Así, de las 527 hectáreas totales de terreno del futuro parque sólo podrán instalarse empresas en 287 mientras que las 240 restantes quedarán para uso medioambiental.
La nueva reserva fue presentada por la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas en la última reunión del Consejo Rector del Consorcio que gestiona el proyecto y recibió la conformidad de todas las administraciones que forman parte del mismo: Estado y Junta de Andalucía principalmente, y de forma testimonial la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento puertorrealeño, que ya ha pedido compensaciones.
Después de esta declaración de reserva, el siguiente paso consiste, fundamentalmente, en la indispensable aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico en la zona, que es competencia de la Junta. Un trámite que ya se ha dejado claro que se prolongará al menos dos años. Por lo que al menos hasta 2017 no se prevé que este polígono industrial empiece a ser una realidad, y siempre y cuando no se encuentre con nuevos obstáculos, ya que ecologistas han avanzado que volverán a recurrir la nueva reserva demanial.
“UN GOBIERNO DEL PP HA MARCADO UN HITO EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA GADITANA”
Con todo, y pese a todo lo que queda aún por delante, el presidente del PP provincial, Antonio Sanz, interpreta que un Gobierno de su partido “ha marcado un hito en la historia de la industria gaditana tras 14 años de espera”, con esta aprobación de la nueva reserva.
“Una vez más, el Gobierno de la nación cumple su palabra y facilita el desarrollo industrial, económico y de empleo que tanto necesita esta provincia”, añade este jerezano, al tiempo que ha asegurado que “con estos hechos y realidades se pone de manifiesto que el Gobierno del PP es un gobierno que cree en la provincia, en sus potencialidades y que apuesta por el sector industrial de la provincia como eje de desarrollo”.
E insiste en que “después de 15 años de retrasos y vaivenes judiciales, el proyecto –que Sanz llama nueva Aletas- ve la luz con todas las garantías para su desarrollo”. Asimismo, promete que si la derecha gana las elecciones andaluzas, “será un Gobierno del PP en la Junta el que dé el impulso definitivo al que está llamado a ser uno de los principales parques logísticos de Andalucía”.
“COMPARABLE A OBRAS FARAÓNICAS COMO EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN”
Mientras, WWF España, al conocer que se iba a aprobar esta nueva reserva demonial, ha advertido de que seguirá trabajando “para evitar la desnaturalización y privatización de la costa gravemente alterada en las últimas décadas por proyectos similares y recurrirá a todas las instancias a su alcance para lograr que este derecho constitucional se respete”.
“Pedimos al Gobierno que no apruebe la reserva demanial. El proyecto de Las Aletas, es solo comparable a otras obras faraónicas del pasado como el aeropuerto de Ciudad Real y el de Castellón, auténticos despropósitos ambientales y económicos que la sociedad no está dispuesta a admitir más”, considera el secretario general de esta asociación, Juan Carlos del Olmo, lamentado que “las administraciones y partidos políticos como PP, PSOE o IU, que dicen rechazar este modelo económico obsoleto, se unan para destruir la costa nuevamente por razones económicas y con la excusa de crear empleo”.
Desde WWF, que considera Las Aletas “una marisma de enorme valor ecológico”, se repite que el plan “destruiría de forma irreversible una marisma, incumpliendo el deber de conservar el dominio público marítimo- terrestre que a Gobierno central y regional exige la Ley de Costas; es un regreso a los proyectos faraónicos del pasado, que han endeudado a nuestro país a costa de destruir la naturaleza, y hoy permanecen abandonados por toda España”
Esta iniciativa, se continúa, “es una de las agresiones más graves contra nuestras costas y un peligrosísimo precedente para otros lugares donde también se reclama construir en la costa con argumentos parecidos”, y por eso la organización ha trabajado durante ocho años para proteger estas marismas “y frenar este injustificable plan”. Cuando el 27 de abril de 2007 se aprobó por primera vez el plan, WWF España ya denunció el acuerdo del Consejo de Ministros ante el Supremo por incumplimiento de la legislación de costas y evaluación ambiental. El 19 de octubre de 2009, el Alto Tribunal declaró nulo el plan, “y desde entonces se han sucedido en cascada las sentencias en su contra”. Pese a ello, las administraciones no han dejado de trabajar para construir en la marisma, intentando sortear la sentencia del Supremo.
WWF dice apoyar la generación de empleo en esta zona, pero considera que “hay alternativas que no implicarían la destrucción de la naturaleza y un gasto injustificable de dinero público”. Al respecto, en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz, argumenta que hay 27 polígonos industriales adyacentes con espacio disponible, “e incluso hay algunos de nueva construcción que están vacíos, como el de Chiclana y Puerto Real”. Asimismo, la construcción de La Aletas para ampliar el Puerto de la Bahía de Cádiz “no tiene justificación, pues en los últimos años ha disminuido su tráfico y compite por el mismo con puertos adyacentes, ya ampliados y deficitarios, en una carrera sin sentido”.
El plan, agrega esta asociación verde, “tampoco tiene en cuenta los impactos del cambio climático y las recomendaciones de la UE, que aconseja no ubicar instalaciones permanentes en zonas de interacción mar-tierra, donde se sufrirán los efectos de la subida prevista del nivel del mar”. En esta nueva reserva demonial, se amplia la llamada zona ambiental “en un intento de suavizar el proyecto”, pero según WWF la conversión para usos industriales de una parte “implicaría la degradación irreversible de todo el conjunto, por lo que sólo puede admitir su protección integral y el mantenimiento del régimen de protección actual”.
