El vicepresidente de la Junta ha recibido a representantes de la Plataforma de Afectados por el ERE del Ayuntamiento de Jerez, quienes les han entregado un dossier que recoge el proceso seguido en los dos años desde que se produjera el despido de 260 empleados municipales, y algunas de la decisiones “más polémicas y arbitrarias” llevadas a cabo por el Gobierno local del PP en materia de personal desde 2011.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha recibido hace unos días a representantes de la Plataforma Informativa de Afectados por el ERE del Ayuntamiento de Jerez, quienes les han entregado un amplio dossier que recoge el proceso seguido en los dos años desde que se produjera el despido de 260 empleados municipales, y algunas de la decisiones “más polémicas y arbitrarias” llevadas a cabo por el Gobierno local del PP en materia de personal desde 2011.
Estos extrabajadores del Consistorio han explicado a Valderas y al Director General de Administración Local, Francisco Javier Camacho, que “las decisiones arbitrarias y de dudosa legalidad” vienen presidiendo las decisiones municipales del Gobierno de María José García Pelayo, quien planteó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como consecuencia de la difícil situación económica del Ayuntamiento “y sin embargo ha pagado a una parte de la plantilla sobresueldos por un importe cercano a los 20 millones de euros” desde que volviera a la Slcaldía en 2011.
Esta información y otra, recogida en el dossier elaborado por la plataforma, será estudiada por la Dirección General de Administración Local y, a sugerencia del propio Valderas, enviada por los afectados a los grupos del Parlamento de Andalucía (PSOE, IU y PP), con quienes también tienen la intención de reunirse, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
El vicepresidente de la Junta también ha conocido un informe de la interventora municipal en el que se subraya que el presupuesto del Ayuntamiento jerezano para 2014, recientemente aprobado –con diez meses de demora-, “incumple el plan de ajuste económico, con una desviación presupuestaria cercana a los 6 millones de euros”. Asimismo, se añade, “establece un porcentaje del 15,35% en gratificaciones que rebasaría los límites legales”. A la vista de estos datos, la plataforma de afectados pedirá a los grupos municipales que presenten una solicitud de impugnación de las cuentas municipales ante la Dirección General de Administración Local.
