Tras casi dos años de “una paciencia infinita” ante la parálisis en la gestión organizativa en la Policía Local de Jerez, así como en asuntos relativos a la gestión de personal, el Sindicato Independiente de Policía Local (SIP) ha estallado.
Dice no aguantar más la “actitud caciquil e inoperancia” del concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ignacio Martínez, y acusa a la alcaldesa María José García-Pelayo de “no hacer nada al respecto” siendo así “cómplice de todo lo que está ocurriendo”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato considera que se ha llegado a esta situación límite “por la incompetencia, desconexión y falta de resolución” de dicho concejal del PP, que “han llevado a este Ayuntamiento a una parálisis interna total en materia de seguridad”.
Es más, se exige a la alcaldesa de derechas que como máxima responsable “tome de forma urgente las medidas necesarias al respecto”, entre ellas la destitución de Martínez como responsable de la Policía Local. “En caso de persistir esta situación, comenzaremos en muy corto plazo a tomar las medidas de acción sindical oportunas, incluida la vía judicial”, se advierte.
“DECISIONES UNILATERALES E ILEGALES”
Entre las múltiples denuncias del SIP, se señala la falta total de voluntad de diálogo por parte del equipo de Gobierno, que lleva meses sin convocar las Mesas de Negociación del personal funcionario y de la Policía Local. Esto mantiene bloqueados “diversos asuntos imprescindibles” para el funcionamiento del cuerpo y de la plantilla municipal en general.
En este periodo con el PP de nuevo ‘mandando’ en el Consistorio, según el sindicato, se suceden la desorganización y decisiones unilaterales. Citan, por ejemplo, la paralización de convocatorias internas de destino ya evaluadas desde hace casi ocho meses, la falta de cerramiento perimetral de la Jefatura “pendiente desde hace más de un año” o la “dejadez” ante los problemas existentes en las dependencias policiales situadas en el aeropuerto, y la falta de respuesta a escritos sindicales.
Denuncian también nombramientos irregulares de personal en determinados puestos, demoras en el pago de atrasos salariales, y la inexistencia de reuniones del Comité de Seguridad y Salud desde el inicio del mandato de García-Pelayo.
Y la gota que ha colmado el vaso, remarca el SIP-Jerez, son las negociaciones privadas de Ignacio Martínez en su despacho con determinados funcionarios, de las que se derivan nuevas instrucciones de servicio sin pasar por los cauces legales. Una práctica que el sindicato considera “ilegal” y “una vulneración del derecho sindical”.
