La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha presentado junto al portavoz municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, el estudio ‘Alcance de la pobreza energética en el marco de la protección de los derechos sociales sobre la población general en Jerez’, realizado por el investigador Francisco Manuel Silva, de la Universidad de Sevilla.
Este informe materializa uno de los compromisos del Ayuntamiento en el desarrollo de su programa social para la reducción de las desigualdades en la ciudad. Se basa en las respuestas obtenidas mediante 600 cuestionarios, realizados tanto en la zona urbana como rural, en el que se han recopilado datos referentes a las circunstancias que influyen en la pobreza energética y sus consecuencias.
La primera edil socialista ha recordado que este estudio se ha realizado dentro de las gestiones dirigidas a impulsar un plan contra la pobreza energética, incluido en los presupuestos de 2019 a propuesta de Izquierda Unida. “Para poder implementar medidas que verdaderamente sean eficaces, primero debemos conocer la situación real y el diagnóstico, y esos eran los objetivos del estudio de impacto de la pobreza energética de la ciudad, dentro del compromiso para la reducción de las desigualdades sociales”, ha evidenciado Sánchez; que ha calculado que el Consistorio jerezano “ha destinado desde 2015 más de un millón de euros en ayudas sociales para cubrir gastos de luz , y 2,2 millones para agua, y ahí vemos claramente que hay necesidades de los vecinos”.
El concejal izquierdista, Raúl Ruiz-Berdejo, a su vez, ha señalado que “nosotros entendemos que la pobreza energética es un fenómeno muy complejo, y para erradicarla tenemos que ir más allá y dar un paso más. Hemos apostado fuerte por incluir una partida para poner en marcha un plan municipal contra la pobreza energética, y tiene que ver con la información, con medidas que ayuden a los jerezanos a que sus viviendas sean más eficientes, etcétera, pero para ello debíamos partir de un diagnóstico, y para ello se ha realizado este estudio, que además es una experiencia pionera en la provincia”.
CERCA DEL 25% HA ACUDIDO ALGUNA VEZ A SERVICIOS SOCIALES
Y Francisco Manuel Silva, del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha explicado los resultados recogidos con esta encuesta, que se realizó entre el 25 de junio y el 3 de septiembre de 2018.
Entre las conclusiones se resalta que el 70,9% de las personas encuestadas indica no haber sufrido ningún corte de suministro de agua. El 21,6% ha sufrido al menos un corte y el 7% ha sufrido más de uno.
El 55,8% afirma no haberse retrasado nunca en el pago de facturas domésticas. El 30,2% reconoce retrasos en alguna ocasión en el pago de facturas de luz y el 13,6% indica haberse retrasado en el pago de agua y luz.
Además, el 56,3% de las personas entrevistadas en Jerez afirma no poderse permitir mantener su vivienda a una temperatura cálida durante el invierno.
El estudio, según apuntan desde el Ayuntamiento en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, es “muy completo”, e incluye entre las preguntas a las personas entrevistadas si conocen los servicios sociales, con el resultado de que el 74,4% indica no haber acudido a ellos en el último año, frente al 15,6% que sí. Además, un 65,8% asegura que nunca ha recurrido a los servicios sociales municipales, mientras que un 24,1% indica haberlo hecho al menos una vez.
RECOMENDACIONES
Con el análisis de los datos obtenidos, el estudio ofrece una serie de recomendaciones, con propuestas de medidas como potenciar programas de información en materia de consumo energético; la puesta en marcha de puntos de información energética al consumidor vulnerable en edificios de titularidad municipal; el desarrollo de un programa de detección de necesidades en materia de rehabilitación energética que contará con un programa de ayudas a la micro reforma en viviendas; promoción de mecanismos de producción de energía limpia; potenciar el desarrollo de auditorías energéticas, en especial en viviendas ocupadas por las personas de mayor edad, a fin de adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de los hogares; o promover el desarrollo de una ‘Mesa local contra la pobreza energética’ para establecer un diálogo permanente entre la administración local, operadoras y consumidores.
