Jerez acogió el sábado, como otros muchos puntos del Estado, una protesta con carácter provincial contra las negociaciones, en secreto, del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la UE y EEUU, y contra el Acuerdo Comercial entre la UE y Canadá (CETA). Se busca concienciar a la ciudadanía de cómo van a afectar negativamente a su vida cotidiana y de las consecuencias aparejadas a su entrada en vigor, “especialmente en derechos sociales y laborales, así como en el sistema educativo, los servicios públicos o seguridad alimentaria”. IU lamenta el “entreguismo” del PP en este asunto y el “silencio cómplice del PSOE”.
El centro de Jerez acogió el sábado una protesta con carácter provincial contra las negociaciones, en secreto, del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la UE y EEUU, y contra el Acuerdo Comercial entre la UE y Canadá (CETA). La marcha, tras la pancarta ‘Las personas y el planeta por encima de las multinacionales’, partía sobre la una de la tarde desde la Alameda Cristina y finalizaba en la plaza del Arenal con la lectura de un manifiesto.
Detrás de esta convocatoria –que se suma a otras desarrolladas por todo el país este mismo 15 de octubre- están la Plataforma Provincial contra el TTIP, donde participan distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales, y las Marchas de la Dignidad 22M.
Para los organizadores, la decisión de que fuera Jerez la ciudad en la que se desarrollara el acto viene motivada por el hecho de ser una de las poblaciones gaditanas que más gravemente puede verse afectada por dichos tratados con Norteamérica y Canadá, “ya que suponen una verdadera amenaza para la denominación de origen de los vinos del marco”. La protesta se enmarca dentro de la campaña ‘Otoño en Resistencia’, que es como se denomina la iniciativa impulsada a nivel europeo por las distintas organizaciones y colectivos que se oponen a la firma de estos tratados comerciales.
El objetivo de esta campaña, recordaba en la previa de la manifestación el portavoz de la Plataforma Jerez contra el TTIP, Domingo Pedro García, es la de concienciar a la ciudadanía de cómo estos tratados van a afectar negativamente a su vida cotidiana y de las graves consecuencias aparejadas a su entrada en vigor, “especialmente en derechos sociales y laborales, así como en el sistema educativo, los servicios públicos o seguridad alimentaria”. En este sentido, se destacaba la importancia de la movilización ciudadana “para poder poner freno a la firma de ambos tratados”.
Esta Plataforma reconoce ser consciente de la dificultad que supone hacer llegar a la ciudadanía la “realidad” que se esconde tras las siglas TTIP y CETA, especialmente “ante el exceso de información a la que se ve expuesta la sociedad actual”, por lo que han querido centrar sus mensajes en hechos concretos que afectarán directamente a los ciudadanos. Al respecto, se destaca el hecho de que “la legislación laboral se equiparará a la de los EEUU, por lo que se verán afectados derechos como los convenios colectivos, bajas por maternidad, descansos semanales, vacaciones…”, se expone en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Igualmente, se hace referencia a diversos efectos directos, “como la privatización de los servicios públicos” y de cómo esto afecta al incremento de tarifas y disminución de la calidad de los servicios en favor del beneficio de las empresas privadas; o de cómo puede desaparecer el actual sistema de becas para el estudio en favor de un sistema de becas-crédito; o cómo se pueden ver los desempleados sin cobertura médica; o de como las empresas pueden verse libres de los controles de seguridad previos a la comercialización de los productos; o de “cómo podemos acabar con el planeta, permitiendo a las multinacionales llevar a cabo auténticos atentados contra el medioambiente”.
IU, uno de los participantes en esta movilización, en boca de su coordinador provincial, Fernando Macías, ha lamentado por su lado el “entreguismo” del PP en este asunto y el “silencio cómplice del PSOE” ante un asunto de gran trascendencia para la ciudadanía; “hay que tener en cuenta que estamos hablando del riesgo que corren nuestras pequeñas empresas, nuestros servicios de transportes, nuestras denominaciones de origen e incluso nuestra educación y sanidad”. “Se trata –apunta Macías-, de un entreguismo de los gobiernos europeos a las condiciones que quieren imponer las multinacionales, como la de tener que rendir cuentas a estas grandes empresas por un cambio en la legislación que les perjudique”.
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