Trabajadores afectados del ERE municipal en Jerez impuesto por el PP mantienen desde hace unos días un encierro para exigir su prometida reincorporación que no termina de concretarse. Y en paralelo, el equipo de Gobierno del PSOE y su ‘socios’ en la oposición han mostrado diferencias con este asunto. El Ejecutivo persiste en que “no ceja en su empeño” de solucionar el conflicto pero “se trata de un expediente muy complejo”, al tiempo que deja caer que la edil y abogada Kika González tiene intereses personales en la cuestión. Ganemos e IU defienden la honestidad de la compañera y cuestionan la “falta de voluntad política y decisión” de Mamen Sánchez.
Miembros de la plataforma de afectados del ERE municipal en Jerez mantienen, desde el pasado jueves 4 de agosto, un encierro indefinido en el edificio de los grupos municipales, junto al Ayuntamiento, para exigir su prometida reincorporación que no termina de concretarse. Y en paralelo, el equipo de Gobierno del PSOE, en minoría, y Ganemos Jerez e IU, ‘socios’ en la oposición, han mostrado sus diferencias con este asunto, pese a que se supone que todos trabajan por que estos funcionarios despedidos por el PP en el mandato anterior vuelvan a sus trabajos.
En este sentido, la concejala de Recursos Humanos mantenía la semana pasada una reunión con los trabajadores afectados a los que explicó que “se sigue trabajando para solucionar cada uno de los problemas que están surgiendo con este complicado expediente”.
Igualmente, esta edil socialista reitera en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “este Gobierno no ceja en su empeño para conseguir la incorporación de los afectados» y recuerda que fue el anterior Gobierno de la derecha quien realizó un ERE “arbitrario e injusto” en este Ayuntamiento, “dejando muy pocas opciones a los trabajadores que con sentencias improcedentes querían volver a trabajar».
Insiste en que “se trata de un expediente muy complejo ya que en realidad no existe jurisprudencia sobre expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas y además el PP lo dejó todo atado para impedir la reincorporación”. No obstante, entiende que el Gobierno liderado por Mamen Sánchez “sigue trabajando para solucionar todos los escollos que se nos van planteando. Seguiremos trabajando mientras siga habiendo vías de solución para la reincorporación, pero las soluciones tienen que estar garantizadas jurídicamente».
La parte afectada considera que ya se puede celebrar el pleno extraordinario para aprobar los acuerdos transaccionales de los exempleados. Sin embargo, Laura Álvarez, replica que aún faltan elementos concluyentes en el informe del gabinete jurídico: “no determina de forma concluyente si los acuerdos transaccionales que se proponen son o no conforme a Derecho”.
En este sentido, la Intervención Municipal acaba de pronunciarse sobre el asunto, asegurando que “existen insuficiencias y omisiones” en el informe del gabinete jurídico. Para esta edil, «el informe del interventor deja claro que faltan elementos que son necesarios para poder llevar a pleno el expediente con todas las garantías legales. Que de no cumplirse, no sólo perjudicaría a la Corporación municipal, sino que podrían en peligro la propia reincorporación de los trabajadores”. El mismo viernes, el Gobierno local decidía encargar un segundo informe jurídico y espera que este “pueda facilitar de manera urgente la finalización de los expedientes”.
RIFIRRAFE ENTRE GOBIERNO DEL PSOE Y GANEMOS E IU
A raíz de los últimos movimientos de los extrabajadores y del equipo de Gobierno, Ganemos Jerez e IU comparecían ante la prensa para insistir en que no hay problema alguno para celebrar el pleno para aprobar los acuerdos transaccionales de los exempleados.
“Todos sabemos que este asunto, a pesar de lo complicado que podía ser, se ha enturbiado continuamente por falta de voluntad política y decisión, y eso lo han comprobado los trabajadores en las reuniones técnicas”, aseveran desde Ganemos Jerez, agregando que “hemos sido conscientes desde el principio de que este asunto no era fácil y que iba a requerir de una fuerte convicción y defensa de la justicia, contra viento y marea. Sin embargo, hoy al Gobierno todavía le tiembla la mano para firmar estas readmisiones. Nosotros ya hemos dicho, ante los faroles y envites del Gobierno, que no nos temblará el pulso cuando haya que defender, ante las injusticias en contra, a la clase trabajadora”.
“Que más de un año después del primer acuerdo de pleno sobre el tema, todavía se esté pendiente de informes, después de decenas de ellos -se anota-, deja clara la inoperancia de todos los esfuerzos desplegados por el Gobierno. O falta voluntad o falta capacidad, planificación, seriedad o profesionalidad. Llevamos meses en los que ‘solo falta un informe’, y cuando está, resulta que falta otro”.
A día de hoy, después de más de un año, “no se tiene claro cuántos trabajadores son los que quieren la reincorporación, y tampoco se tienen cuantificadas las indemnizaciones de los que no quieren la reincorporación. Ni siquiera se tiene previsto un posible plan de pago”, se evidencia.
Una rueda de prensa de Ángeles González y de Raúl Ruiz-Berdejo que no ha gustado nada al Ejecutivo socialista, que ha instado a los dos a que rectifiquen “las calificaciones vertidas, con sorna, sobre el informe del interventor municipal”. “No es propio de miembros de la Corporación descalificar de forma despectiva el trabajo del funcionario con habilitación nacional que, por ley, tiene encomendada funciones fiscalizadoras de los acuerdos a adoptar por los órganos municipales. El contenido de sus informes podrá gustar o no, pero es quien tiene la competencia y la responsabilidad para emitirlos”, se insiste.
También se recuerda que en la última sesión de la Mesa del ERE –con la asistencia de afectados, sindicatos y representantes de Ganemos, IU y Ciudadanos, así como miembros del gabinete jurídico municipal-, también acudió el Interventor Municipal a requerimiento de los extrabajadores. Durante la sesión, el interventor leyó con detalle todos los puntos que considera no están analizados ni se concluye sobre ellos en el informe jurídico. Los mismos puntos que luego ha detallado por escrito. Además ya lo había pedido por escrito días antes al gabinete jurídico. A continuación y delante de todos los asistentes, los miembros del gabinete jurídico dejaron claro que ellos no iban a completar su informe y sugirieron que se encargase un segundo informe jurídico que lo completase.
Para el Gobierno local, los dos concejales de Ganemos e IU “se equivocan al decir que el interventor ha puesto reparos; llama la atención que una abogada tenga esta confusión jurídica. Lo que el interventor manifestó en la reunión de la Mesa del ERE y luego ha dejado por escrito es que el informe jurídico es necesario que aborde varios extremos y conclusiones; es decir, que se complete”.
Y se apostilla que “resulta llamativo que la concejala de Ganemos, Ángeles (Kika) González, diga que la mayoría de los puntos que el interventor dice que falta su análisis y conclusión, ya han sido contestados en anteriores informes, e incluso por la Dirección General de la Función Pública; algo de todo punto imposible porque dichos informes se emitieron cuando aún no estaban elaborados los expedientes administrativos, que son sobre los que se requiere un informe jurídico concluyente”.
También se les afea a ambos partidos de la oposición que cuestionen la necesidad de análisis jurídico de algunos de los puntos que detalla el interventor, “por cuanto es la Dirección General de la Función Pública la que exponía la necesidad de análisis jurídico de cada uno de esos puntos respecto a cada uno de los expedientes de los acuerdos transaccionales a aprobar”.
Por otra parte, desde el Ejecutivo del PSOE se llega a decir que “ya es hora de que Ángeles González, diga la verdad y cuente abiertamente a los afectados del ERE, a sus compañeros de grupo político y al resto de la opinión pública, el interés profesional que tiene en determinados casos ya que cuando se conozca la existencia de este interés, se explicará todo el mundo el porqué desprecia el informe del órgano de fiscalización y se empeña en no dar importancia a que no contemos con un informe jurídico que concluya sobre si cada uno de los acuerdos transaccionales cumplen con la legalidad o no. Su interés profesional, quizás, le exige inhibirse de ser la que se ocupa de este tema dentro del grupo Ganemos”.
DEFENSA DE KIKA GONZÁLEZ
Ganemos Jerez, tras la reacción del Gobierno jerezano, pide un paso firme “para cerrar este penoso capítulo” en el Ayuntamiento y lamenta que recurra “al juego sucio y a intolerables ataques personales, ante la falta de argumentos y la evidencia de su comportamiento errático”. Así, lamenta el “patético intento” que “solo trata de poner en marcha las viejas estrategias políticas de matar al mensajero para ahogar el mensaje, con cortinas de humo”.
En este sentido, se defiende a la compañera Kika González, con “una trayectoria inmaculada”, quien traspasó sus casos antes de su toma de posesión como concejala y diputada provincial. “Profesionalmente defendió a los trabajadores del ERE y como concejala, junto a Manuel Fernández y el resto de concejales, en nombre y representación de Ganemos Jerez, no ha dejado de hacer lo mismo, en cada espacio, con la máxima profesionalidad, generosidad, dedicación y transparencia. Su trayectoria y su práctica política son absolutamente intachables y es Ganemos Jerez quien decide cómo nos repartimos el trabajo y quienes son las personas más adecuadas para cada tema. Que nuestros listones éticos estén a años luz de los que son habituales en determinada clase política, quizá explique este feroz y rastrero ataque”, se deja caer.
“El Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir los plazos y compromisos que el mismo adquiere, que dé la cara y rinda cuentas y no culpabilice a quienes saben que somos su mejor aliado para hacer las cosas bien y el peor enemigo para hacer las cosas mal”, se añade.
Desde la agrupación de electores consideran que este equipo de Gobierno “ha utilizado un informe del Interventor que sólo pretende que se aclaren o expliciten algunos extremos, dándole un rango y una gravedad que no tiene, sólo explicable para utilizarlo en contra, y para deslegitimar a unos trabajadores desesperados que han decidido encerrarse ante el enésimo retraso. El Gobierno trata de lanzar cortinas de humo para tapar su propia indefinición y continuos cambios de criterio. Unas veces pone al gabinete jurídico a los pies de los caballos; Otras veces utiliza al interventor públicamente como parapeto. Y ahora trata de atacar personalmente a los portavoces de la oposición, siempre ante la falta de argumentos que justifiquen el retraso eterno de la reincorporación y sus continuos bandazos”.
De la misma manera, la Asamblea Local de IU ha mostrado su total apoyo a Kika González, dando fe “de la honestidad, compromiso, esfuerzo y buen hacer de la concejala en su trabajo como representante de Ganemos Jerez en todas las reuniones, mesas de trabajo y demás actividades organizadas por el Gobierno local para tratar el asunto de la readmisión de los afectados por el ERE injusto y arbitrario”.
“Las graves acusaciones personales y las injurias que de manera gratuita se vierten contra Kika González, en tanto y en cuanto se la relaciona con intereses personales en el asunto del ERE, además de un acto perverso e irresponsable, atenta contra la dignidad personal y el honor de la concejala, hecho que, más allá de las repercusiones legales que pudiese tener, queda fuera de las reglas del juego y la ética política”, se quejan los izquierdistas.
Finalmente, IU expresa públicamente la preocupación que le produce la actitud que en los últimos meses viene mostrando el PSOE en el Ejecutivo “a la hora de dar respuesta a las demandas y críticas que le hacemos los partidos que le dimos nuestro apoyo en la sesión de investidura, lo cual no denota sino nerviosismo, falta de confianza y escasez de análisis a la hora de diagnosticar la evolución de la actualidad política, no dándose cuenta de que, por mucho que la ley les pueda permitir aferrarse a un gobierno al que, sin duda, ya dejaría asistirle la legitimidad, un gobierno de siete personas, sin socios que lo apoyen, tendría los días contados”.
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