El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado cuatro años después las tasas, aprobadas a instancias de la concesionaria del agua en Jerez Aqualia y en solitario por el anterior Gobierno del PP en el Ayuntamiento (mantenidas estos años por el actual Ejecutivo del PSOE, pese a que en su momento votó en contra), que contemplaban cobrarle el agua en alta, a las entidades locales autónomas (ELAs) que, como Torrecera apostaran por la gestión pública, “casi el doble de lo que cuesta el agua del Consorcio y penalizar a los vecinos de estas pedanías haciéndoles pagar por la depuración el triple que al resto de jerezanos”.
Torrecera, con Manuel Bertolet a la cabeza, y Estella del Marqués, con su anterior alcalde, Blas Moreno, denunciaron la aprobación de aquellas tasas a través de la empresa CIEM Asesores y su letrado Eduardo de Linares Galindo. La sentencia del TSJA, dictada cuatro años después, ha acabado por considerarlas nulas desde su aprobación, poniendo el acento en que los informes presentados no hacen más que recoger la propuesta de la multinacional privada.
“Una gamberrada”. Así fueron definidas en su día, por parte de Bertolet (de IU) las tasas de agua en alta y depuración aprobadas por el anterior Gobierno de la derecha (en el Ayuntamiento matriz) hace ahora cuatro años, “una maniobra que tenía por objeto disuadir a las ELAs, entre ellas Torrecera, que se resistían a venderle el servicio a la multinancional privada Aqualia”. Tanto es así que el Consistorio jerezano contemplaba venderles el agua en alta a más de 0,23 euros/metro cúbico, cuando por establecer una comparativa, el Consorcio la vendía a poco más de 0,13 (recientemente, subió el precio a 0,15).
Pero, se añade desde IU en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “aún más grave es el atentado que aquel gobierno del PP perpetró contra los vecinos de estas ELAs a través de la tasa de depuración, un atentado que hasta la fecha y tras más de tres años de mandato el Gobierno local del PSOE se ha negado a revertir”.
No en vano, con la aprobación de aquella ordenanza, se estableció que los vecinos de las pedanías jerezanas que no dejaran el servicio de abastecimiento de agua en manos de Aqualia pagaran en concepto de depuración el triple que el resto de jerezanos, “siendo una competencia propia del Ayuntamiento de Jerez, que tiene la obligación de prestar dicho servicio en igualdad de condiciones al conjunto de los habitantes del término municipal”.
La aprobación de estas tasas, a instancias de la multinacional privada (a la que el PP le vendió la empresa pública Ajemsa por 80 millones durante 25 años), tenía por objeto disuadir a las ELAs que ya entonces apostaban por la gestión pública (hasta la fecha, sólo Torrecera ha logrado culminar el procedimiento y gestionar de forma directa el servicio).
Es por ello que algunas de estas ELAs (Torrecera y Estella, a través de su anterior alcalde) presentaron una denuncia al Tribunal Contencioso-Administrativo que, al referirse a una ordenanza municipal, dejó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el dictado de la sentencia.
A decir de Manuel Bertolet, “se hace justicia, poniendo de manifiesto que el Ayuntamiento de Jerez ha actuado contra los vecinos de las ELAs que apostamos por la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua para satisfacer el interés de una multinacional privada, Aqualia”.
Igualmente, a juicio del portavoz de IU en el Ayuntamiento matriz, Raúl Ruiz-Berdejo, “es un escándalo pues la sentencia pone de manifiesto lo que muchos llevamos años defendiendo, que el Ayuntamiento de Jerez ha entregado a los jerezanos a una multinacional privada y que es el gerente de la multinacional privada quien decide qué y cuánto pagan los jerezanos, sin que el Ayuntamiento haga otra cosa que no sea cumplir con sus dictados”.
EL EJECUTIVO LOCAL DEL PSOE SOSTIENE QUE “ESTÁBAMOS OBLIGADOS A RESPETAR LOS ACUERDOS DE PLENO DE MANDATOS ANTERIORES”
Ante las declaraciones de los representantes de Izquierda Unida en relación a dicha sentencia, “ante la confusión que haya podido causar en la ciudadanía, por el intento de vinculación con el actual Gobierno municipal”, el ahora liderado por Mamen Sánchez considera necesario aclarar que “el acuerdo de pleno anulado por la sentencia es de 2014, y solo fue aprobado por el PP, teniendo el voto en contra del PSOE”.
El actual Ejecutivo local detalla que en la sentencia del TSJA, “el tribunal considera que en el informe económico no se justifica la modificación de las cuantías de las tasas, ya que solo recoge los datos de la empresa, y que no se habían revisado, no entendiendo en este sentido cómo el anterior gobierno municipal lo llevó al pleno cuando lo lógico sería que se postergara su aprobación hasta que los datos económicos fueran comprobados”.
El Gobierno socialista, en este punto, considera importante destacar que en estos días llevará a pleno la prestación patrimonial pública no tributaria del abastecimiento de agua y servicio de alcantarillado y depuración, y “espera que IU apoye la medida, donde no se recoge la tarifa anulada por la sentencia”. Esta propuesta del actual Gobierno municipal se trabajó antes de conocerse la sentencia, de hecho, con fecha de 8 de noviembre, ya se había llevado al Consejo Social de la Ciudad, para su dictamen, “como saben los representantes de IU”.
“A partir de ahora los técnicos del Área de Hacienda tienen que analizar la efectos de la ejecución de la sentencia, que no afecta a la factura del agua que vienen abonando los usuarios, puesto que solo se refería a la que la ELA de Torrecera tiene que abonar a partir de la asunción de la gestión directa”, se añade.
Por último, el Ejecutivo local aclara que “una vez que inicia su mandato, como todos los gobiernos que inician legislatura, están obligados a respetar los acuerdos de pleno de los gobiernos anteriores ya que están vigentes y se presumen legales hasta que una sentencia diga que no lo es como es el caso siendo un problema más de los originados por la mala gestión del anterior gobierno municipal”.
