La Junta de Andalucía ha paralizado la construcción de tres urbanizaciones ilegales en el Jerez rural, en San Isidro del Guadalete, gracias a los precintos y ordenes de suspensión de uso en 36 parcelas o edificaciones que se estaban levantando sobre un suelo clasificado por el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como no urbanizable de especial protección.
La inspección urbanística de la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto en marcha este operativo asistido por la Guardia Civil y la Policía autonómica y con la colaboración de responsables de la protección del dominio público hidráulico, técnicos de Endesa y de la comunidad de regantes de Guadalcacín.
En concreto, se ha actuado en un conjunto de espacios forestales cercanos al río y en zonas con valores naturales y paisajísticos en el entorno de la Cartuja. El operativo desplegado por la Junta ha actuado sobre tres parcelaciones que ocupan una superficie de más de 5 hectáreas y que han sido divididas en 5, 15 y 16 lotes respectivamente. Sobre las mismas se han realizado recientemente obras de urbanización ilegales consistentes en caminos, fosas sépticas y suministros de agua y se estaban instalando las primeras edificaciones, en su mayor parte prefabricadas.
Los actos, llevados a cabo sin licencia urbanística, son constitutivas de parcelación urbanística en suelo rústico, expresamente prohibidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad en el Territorio de Andalucía (LISTA), que las tipifica como una infracción muy grave contra la ordenación del territorio.
Estas construcciones ilegales en Jerez fueron denunciadas a la Inspección Autonómica por la Guardia Civil. A partir de ahí, se realizó una importante labor coordinada de investigación para garantizar el buen fin de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad. Para esta nueva actuación, se ha citado a medio centenar de personas aproximadamente, con objeto de asegurar la proporcionalidad de las medidas.
Los hechos denunciados, además, pueden ser constitutivos de delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que se ha procedido a dar cumplido traslado a la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo de todas las actuaciones urbanísticas detectadas.
LAS ÚLTIMAS PARCELAS PRECINTADAS EN LOMOPARDO, INUNDADAS
Esta es la segunda operación que se desarrolla en lo que va de año en el extenso término municipal jerezano. La inspección urbanística de la Junta ya precintó el pasado 26 de febrero 21 parcelas ilegales en el ámbito de Lomopardo, en una superficie de 5,7 hectáreas de preservados por su valor paisajístico y en zona inundable.
Tras la intervención acometida, no sólo se logró detener el proceso parcelatorio, sino que gran parte de los propietarios han manifestado su voluntad de reposición e incluso han procedido ya a la retirada de edificaciones, construcciones o instalaciones y a la restitución al estado original de los terrenos.
Durante la inspección realizada se advirtió además a quienes trataban de construir de forma ilegal del riesgo de inundación que presentaba el suelo donde se situaban las parcelas, circunstancia que se acreditó tras las intensas lluvias del mes pasado y el desbordamiento del río Guadalete, ya que la zona precintada quedó totalmente anegada.
De esta forma, se subraya en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “se pone de manifiesto que la labor preventiva que se desarrolla con la inspección urbanística tiene entre sus objetivos velar por la seguridad de las personas frente a los riesgos naturales”.
NOTABLE REFUERZO DE LA INSPECCIÓN AUTONÓMICA
Ambas actuaciones en Jerez se han llevado a cabo en el marco del Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía 2023-2026 y al amparo del marco normativo generado por la LISTA y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio.
De hecho, el balance de actuaciones en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio en toda la comunidad autónoma cerró en 2024 con un récord de 2.149 actuaciones. Destacan los casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.
