La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía asegura que ha abierto una investigación interna para analizar lo ocurrido en un centro de protección de menores de la provincia de Cádiz (en concreto en el gestionado en Jerez por la entidad Hogar El Molinillo, en el antiguo hotel Ávila), después de que haya varias implicadas por supuesto abandono de estos menores extranjeros no acompañados, los llamados MENAs. Paralelamente, PSOE y Adelante Andalucía ya han avanzado que llevarán al Parlamento andaluz la situación de estas instalaciones y de estos jóvenes.
La Policía Nacional informaba días atrás de la detención de la directora de este centro y de dos monitoras (y se ha investigado a otra) por abandono de menores. Las cuatro implicadas eran las encargadas de la guarda de los chavales, las cuales “se desentendieron de sus cuidados al obligarlos a viajar solos hacia otras provincias”. Con esta práctica “se libraban de los más conflictivos y aumentaban de forma ilícita los ingresos al producirse nuevos ingresos”.
La investigación se inició a raíz de las denuncias sobre la desaparición de MENAs presentadas por los responsables de este centro concertado de protección de menores, las cuales eran muy superiores al resto de servicios similares en la provincia de Cádiz.
Fruto de las gestiones realizadas, se recabaron pruebas incriminatorias sobre estas cuatro mujeres, las cuales habrían convencido a varios de los chicos a que abandonaran el centro, trasladándolos a las estaciones de tren o autobuses donde les facilitaban un billete para viajar con destino a Sevilla “sin procurarles medios de subsistencia y abandonándolos a su suerte”. Posteriormente, denunciaban en la Comisaría la desaparición de menores “aduciendo que se habían fugado y que desconocían su paradero”.
“LA JUNTA ES LA PRIMERA INTERESADA EN ACLARAR LO SUCEDIDO”
Por su lado, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la administración andaluza, ahora con gobierno de derechas, subraya que en este asunto “la prioridad es el bienestar de los menores”, por lo que ha pedido responsabilidad y cautela hasta que se aclare lo sucedido. Igualmente, ha solicitado toda la información a Hogar El Molinillo, responsable del centro jerezano. Dicha entidad gestiona parte de las 1.200 plazas que la consejería de Políticas Sociales sacó a licitación en abril para atender la llegada de MENAs a Andalucía.
La Junta reitera en que es “la primera interesada en aclarar lo sucedido” y, para ello, se pone a disposición de la administración judicial y de la Policía. Igualmente, desde la delegación territorial se afirma que “se ha actuado con diligencia y se ha incrementado el seguimiento a este centro”; y deja claro que en estos meses “no ha llegado ninguna queja o denuncia previa en relación a este centro”.
Actualmente, el sistema de protección de menores de la Junta cuenta con una red de recursos residenciales, tanto para menores extranjeros como para nacionales, de 2.359 plazas. De ellas, 1.927 están gestionadas por “entidades colaboradoras” y 432 directamente. Estas plazas se distribuyen por toda la región y en estos centros se desarrollan distintas modalidades de programas: residencial básico, primera acogida, discapacidad, o inserción sociolaboral (como es ahora este centro de Jerez). Hasta 4.369 niños y adolescentes han pasado por este sistema en el primer semestre de 2019, de ellos más de 2.000 MENAs.
“NO VAMOS A CONSENTIR QUE EN JEREZ HAYA UN AGUJERO NEGRO EN LOS DERECHOS HUMANOS”
A colación, Adelante Andalucía ha exigido a la Junta que dé explicaciones por estas detenciones del centro de menores del hotel Ávila, “y en donde se han constatado condiciones de extrema gravedad según el informe policial”, al tiempo que reclama al Gobierno de PP y Cs que “ponga fin a la situación de abandono y maltrato institucional” de los chavales en estas instalaciones.
En este sentido, la confluencia de Podemos e IU ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente, Juan Marín y de la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz para que “den las debidas explicaciones cuanto antes”. Y se insta a una visita “urgente” al centro para conocer la situación de las instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los menores.
“No vamos a consentir que en Jerez haya un agujero negro de los derechos humanos y de los derechos de la infancia”, ha apuntado al respecto el diputado de Adelante por Cádiz, José Ignacio García; que ha recordado que tanto la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía como la Red de Inmigrantes de Jerez y movimientos sociales de la ciudad, “llevan un año denunciando esta situación de abandono”, hasta el punto de que de la Apdha ha llevado ya este caso ante la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.
Para García, “si se acaban confirmando las acusaciones por las que están siendo investigadas la directora y dos trabajadoras, el delegado territorial de Políticas Sociales, Miguel Andreu, debe dimitir porque hay denuncias de estos sucesos desde hace más de un año”. “Si la Junta no actúa, será cómplice y culpable de lo que le pase a los menores”, reflexiona, al tiempo que mira al PSOE y subraya que cuando gobernaba en la Junta, “defendían que la situación era maravillosa y ahora, se llevan las manos a la cabeza. Son tan cómplices de la situación como el gobierno actual”.
“LOS DEJAN DESAMPARADOS CUANDO CUMPLEN 18 AÑOS”
De la misma forma, desde el PSOE se ha anunciado que presentará una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno andaluz sobre su política en relación a los MENAs en los centros de acogida en la provincia de Cádiz. Se considera que la Junta “debería de disponer de más medios destinados a este fin para atender una situación especial como es la de esta provincia que recibe un mayor impacto por la afluencia constante de migrantes que alcanzan nuestras costas”.
En este sentido, la parlamentaria andaluza del PSOE por Cádiz, Araceli Maese, lamenta que la actual delegación territorial competente “haya hecho caso omiso a las denuncias que vienen efectuando los colectivos sociales en relación a las condiciones en que se atienden a los jóvenes migrantes tutelados en los centros concertados, especialmente los afincados en Jerez”. “Hasta que no pasa algo grave, desde el Gobierno andaluz no reaccionan”, critica la diputada isleña.
“Lo único que sabemos hasta ahora es que el delegado Miguel Andreu no ha dado la cara y debería explicar qué control existe sobre estos centros, si se mandan las inspecciones pertinentes para comprobar lo que vienen denunciando porque la tutela y protección de estos menores que tienen sus derechos reconocidos es responsabilidad de la Junta y no pueden hacer dejación de sus funciones”, se insiste.
Este partido, además, dice compartir preocupación con las ONGs que denuncian la situación en la que se encuentran los jóvenes que proceden del sistema de protección de menores de la Junta “a los que desde las direcciones de los centros se les conmina a poner en la calle cuando cumplen 18 años, sin ofrecerles ningún recurso alternativo”. “Los dejan desamparados y los empujan a la exclusión social para después vincularlos a la inseguridad y plantear su expulsión, todo muy propio de la derecha”, deja caer Maese.
“EL PSOE HACE POLÍTICA DE BAJO NIVEL A COSTA DE LOS MENAS”
Y el PP de Jerez, en defensa de las derechas que cogobiernan ahora en la Junta, lamenta la “hipocresía y cinismo” del PSOE en relación a la situación de los MENAs y, en concreto, del antiguo hotel Ávila: “intenta culpar al actual gobierno andaluz de situaciones generadas y provocadas por el anterior, y exigen aquello que ellos mismos negaron”.
Esta formación conservadora afirma que la situación del antiguo hotel jerezano, ahora centro de menores, “comienza con el injusto impuesto de Sucesiones del PSOE que quitó este inmueble a una familia trabajadora para, mediante una subasta, emplearlo, con la complicidad del PSOE de Mamen Sánchez, en un centro de menores encubierto hasta que, por medio del paso del tiempo, la Junta de Susana Díaz fue dando validez”.
“Ya en su día se denunció que no contaba ni con los medios adecuados, ni con los servicios básicos, ni los profesionales ni los recursos suficientes para atender a los menores migrantes cuya tutela corresponde a la administración autonómica; y ahora, en la oposición, es cuando al PSOE le preocupan estos menores, para usar su cinismo e hipocresía y buscar rédito político de las consecuencias de su propia mala gestión”, insisten desde el PP local.
