Una médico de familia y un residente del centro de salud San Benito, de Jerez, sufrieron el pasado viernes día 7 un intento de agresión por parte de un paciente, que utilizó una navaja para intimidar y exigir la prescripción de un medicamento. Posteriormente pusieron la pertinente denuncia por lo ocurrido.
El Sindicato Médico ha convocado una concentración para este miércoles a mediodía a las puertas de dicho ambulatorio, a la vez que exige guardias de seguridad y leyes más restrictivas. CSIF se ha sumado públicamente ha dicho acto, al tiempo que reclama mayor celeridad para adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad en el trabajo a estos profesionales. Del mismo modo, insta a que se contrate seguridad privada para este centro de salud.
Por su lado, la delegación territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la dirección del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, han mostrado igualmente su apoyo a ambos profesionales, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
La delegada territorial, Isabel Paredes, y la directora del Área, María José Cano, han estado durante todo el fin de semana en contacto con los afectados y el lunes han mantenido una reunión en el ambulatorio, a donde se han desplazado para comprobar lo ocurrido. A esta reunión también han sido invitados representantes del Sindicato Médico.
Paredes ha lamentado lo ocurrido y ha anunciado que se tomarán medidas para que no vuelva a suceder, todo ello con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal sanitario. En ese sentido, se ha solicitado un informe de la situación actual de todos los centros sanitarios de la provincia, a través de las unidades de prevención de riesgos laborales, y un cronograma de implantación de los correspondientes dispositivos de seguridad,
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
La consejería de Salud condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones y recuerda que ya se está trabajando en una reforma del actual plan de agresiones a sanitarios.
La Junta afirma además que reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad. Entre otras acciones, contempla la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido.
