Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jerez ha tumbado las ordenanzas fiscales para 2017 elaboradas por el Gobierno local, con el rechazo de PP y Ganemos. El equipo de Gobierno contemplaba con esta subida de impuestos frustrada unos ingresos adicionales de unos 4,5 millones previstos en último plan de ajuste de abril. “Es obligado saber las consecuencias jurídicas de incumplir la ley, y tomar medidas a nivel económico para cumplir con los requisitos a los que estamos obligados, porque somos un ayuntamiento intervenido desde el año 2012”, recuerdan desde el Ejecutivo del PSOE, que además insta a la oposición a que proponga ahora de qué partidas recortar esos 4,5 millones.
Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jerez celebrado este lunes día 24 ha tumbado las ordenanzas fiscales para 2017 elaboradas por el Gobierno local, con los votos en contra de PP y Ganemos, a excepción de la modificación de la tasa por la prestación del servicio de transporte público de viajeros, la única que ha salido adelante. El equipo de Gobierno contemplaba con esta subida de impuestos frustrada unos ingresos adicionales de unos 4,5 millones de euros “previstos en el plan de ajuste”.
Tras este varapalo anunciado para el Ejecutivo liderado por Mamen Sánchez, se advierte que la no aprobación de las ordenanzas supone “un incumplimiento del plan de ajuste y de la ley, en concreto los reales decretos 8/2013 y 17/2014, que tendrían que haber estado en vigor según informe de Intervención ya en el mandato anterior”.
Por tanto, que no se pueda aplicar en el próximo ejercicio la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para las grandes empresas y las supresiones de bonificaciones que “por imperativo legal” debían aplicarse, tal como se recoge también en el informe del Consejo Social, “llevará a una modificación del plan de ajuste aprobado en abril de 2016”, se avanza en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Por ello, el equipo de Gobierno solicitará en primer lugar la elaboración de un informe económico que valore cómo va a afectar al presupuesto de 2017 –todavía ni se ha aprobado el de 2016- la no aprobación de dichas ordenanzas; y conociendo este dato, se añade, “será necesario elaborar un nuevo plan de ajuste, para el que se propondrá a los grupos municipales que digan en qué partidas recortar esos 4 millones de euros, dado que los ingresos por tasas e impuestos ya no se pueden modificar por fechas”.
Asimismo, se solicitará también un informe que analice las consecuencias jurídicas “de votar en contra de la ley”, ya que son medidas recogidas en los diferentes Reales Decreto Ley de imposición a los ayuntamientos intervenidos por el Ministerio de Hacienda.
“Este Gobierno es responsable y cumple con la ley, estas medidas tendrían que estar aplicándose desde 2013, y tras las votaciones que los grupos han hecho hoy en pleno, es obligado saber las consecuencias jurídicas, y tomar medidas a nivel económico para cumplir con los requisitos a los que estamos obligados, porque no se le debe olvidar a nadie que somos un ayuntamiento intervenido desde el año 2012”, apostilla el concejal de Economía, Santiago Galván.
“HAN VOTADO EN CONTRA DE LA LEY”
Insiste este edil del PSOE en que “hemos llevado a pleno una serie de medidas fiscales recogidas en los diferentes reales decretos ley que han ido legislando el fondo de ordenación, medidas a las que estamos obligados por ley. También estaba obligado el Gobierno anterior del PP con el real decreto 8/2013, también con el real decreto 17/2014. No hicieron nada, actuaron con irresponsabilidad, fueron irresponsables a la hora de no aplicar la ley y de gobernar de forma totalmente arbitraria, con un incumplimiento de su plan de ajuste del 101%, y hoy siguen siendo irresponsables”.
Galván destaca que “a diferencia de eso, desde este Gobierno aprobamos en abril un plan de ajuste con el visto bueno del Ministerio en junio, en el que se recogían esta supresión de beneficios fiscales. Hoy nos encontramos con una situación en la que muchos concejales han votado en contra de la ley, a sabiendas de que esa ley obligaba a suprimir esos beneficios fiscales. Han sido conscientes de que estábamos obligados por ley, pero que también lo ha reflejado el Consejo Social de la Ciudad referencia en su informe sobre las ordenanzas, tal y como el interventor ha advertido en el pleno”.
Ante esta circunstancia, el concejal de Economía repite que “hay que pedir un informe económico tributario, porque hay que ver las consecuencias de la no implementación de estas medidas a partir del 1 de enero, pero también un informe jurídico que determine la responsabilidad de cada uno a la hora de cumplir con la ley, porque los reales decretos son de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos que estamos incluidos en el fondo de ordenación, que no podemos olvidar que fue también una idea del señor Montoro, en el que nos metió la señora Pelayo con aquel plan de ajuste arbitrario y desafortunado de 2012”.
(puedes comentar esta información más abajo)
