El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, del PSOE, por el llamado caso PTA. Se considera probado que cometió los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación.
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, del PSOE, por el llamado caso PTA. La Sala Segunda del alto tribunal ha rechazado el recurso de casación. Ahora, Sánche, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En esta causa, a Sánchez se le imputan varios delitos relacionados con las subvenciones que concedió a una empresa, Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial de la ciudad. Se considera probado que cometió los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. La Fiscalía Anticorrupción llegó a demandar para la exprimera edil hasta siete años de cárcel y 16 de inhabilitación.
La Audiencia Provincial también condenaba por los mismos delitos a dos años y medio de prisión a la que fuera entonces concejala de Medio Rural, María del Carmen Martínez, y a un año y nueve meses para un capataz municipal, al que hicieron firmar un informe en el que se aumentaba la puntuación de la empresa para esta pudiera lograr una mayor subvención. Ambas, Sánchez y Martínez, tendrán que pagar además de forma solidaria más de 122.000 euros al Consistorio.
En este caso, por el contrario, se absolvía al entonces concejal de Fomento, Francisco Lebrero, y a los tres consejeros de TISA, la empresa implicada.
La alcaldesa socialista entre enero de 2005 y junio de 2011 solicitó ya en octubre de 2014 –cuando recibía una primera condena por el caso de desvío de fondos, al utilizar dinero del Plan E para abonar las nóminas de la plantilla municipal; unas penas de cárcel anuladas meses después por la Audiencia Provincial- su dimisión irrevocable de su puesto de trabajo en la consejería de Educación en Sevilla, donde estaba colocada como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, “para no perjudicar la imagen pública de la Junta y al proyecto que representa”. También dejaba de militar en el PSOE. Anteriormente, en otra causa en su contra, por la contratación de cinco asesores, también era absuelta. DIARIO Bahía de Cádiz
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