Los grupos sociales, integrantes de la Coordinadora del Agua de Jerez, se han dado diez días para refrendar la apuesta de que sean los tribunales los que garanticen la ejecución de los acuerdos tomados en el seno de las juntas vecinales de Guadalcacín, Estella y Torrecera y de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Estas tres ELAs apuestan por la gestión pública del servicio de aguas, pero el Ayuntamiento matriz no termina de cederles las competencias. Se intuye que la intención del Gobierno local del PP “no es otra que intentar derribar la voluntad democrática y legal de estos pueblos, para que no se vislumbre los nefastos efectos de la privatización del agua, que ha perpetrado a espaldas de los ciudadanos”.
Los grupos sociales, integrantes de la Coordinadora del Agua de Jerez, se han dado diez días para refrendar la apuesta de que sean los tribunales los que garanticen la ejecución de los acuerdos tomados “democrática y legalmente”, en el seno legítimo de las juntas vecinales de Guadalcacín, Estella y Torrecera y de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Estas tres ELAs apuestan por la gestión pública del servicio de aguas, pero el Ayuntamiento matriz no termina de cederles las competencias, que su Gobierno local del PP privatizó hace unos meses.
En un intenso plenario, celebrado en la tarde-noche del martes día 3 por la organización de la Coordinadora del Agua, se ha decidido por unanimidad, que cada colectivo integrante de esta estructura social, defensora del agua pública, exponga en su seno la opción de llevar a los tribunales “todas las cuestiones que impiden que se lleve a efecto la transferencia del servicio de aguas de las ELAs”.
Tras un debate “muy intenso”, se subraya en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, en el que se estudiaron los hechos y las medidas que se podían tomar contra lo que consideran “un agravio a la población” de estas tres pedanías jerezana, “un ataque al procedimiento legal y democrático de los alcaldes pedáneos y los responsables de la mancomunidad serrana y un presunto delito por dictar normas municipales y emitir informes, que no se ajustan a derecho”; los portavoces asistentes decidieron consultar con sus colectivos para, decidir y votar en el próximo plenario, lo que para ellos supone “una medida indispensable, para hacer valer su defensa sobre el agua pública, apoyar a las ELAs y la mancomunidad, y denunciar un hecho de posible flagrancia de delito por parte de los actores, que no reconocen la legalidad ni el derecho de los acuerdos adoptados, para la remunicipalización de su agua potable”.
“MALA VOLUNTAD”
Por lo pronto, la comisión permanente de esta Coordinadora ya ha puesto en conocimiento de los letrados los detalles técnicos y todo lo que consideran “pruebas fehacientes de delito”, para que valoren la situación y hagan sus recomendaciones.
Entienden que son muchas las señas de la “mala voluntad” demostrada desde hace tiempo, por parte del equipo de Gobierno conservador del Ayuntamiento de Jerez. “Se trata de un paquete de acciones, que sobrepasa la sospecha de la mala intención de nuestros gobernantes municipales. Complicidad en incumplimientos del pliego de condiciones, trato de favor al permitirle a la empresa privada la no renovación de la completa relación de trabajadores que se incluían en el acuerdo, la frívola modificación de las ordenanzas de agua y alcantarillado, la obstrucción continuada con la negación de los datos y planimetría de las ELAs, el uso de un informe no competente y contradictorio a lo regulado para administraciones locales y un sinfín de cuestiones, que señala claramente la intención del PP, que no es otra que intentar derribar la voluntad democrática y legal de estos pueblos, para que no se vislumbre los nefastos efectos de la privatización del agua de Jerez, que han perpetrado a espaldas del interés de los ciudadanos”.
Para la Coordinadora del Agua de Jerez, en esta presunta “trama de malas prácticas”, por las que pueden llegar a pedir cuentas ante los tribunales, “pueden haber implicados lo mismo los concejales que votan a favor de las medidas adoptadas en su contra, como los propios técnicos que elaboran los estudios que justifican la macabra actuación, así como el propio firmante del informe de la Subdelegación del Gobierno”; sin descartar pedir responsabilidades a “algún medio de comunicación, que se muestra colaborador de la estrategia municipal, usando información con titulares condenatorios de la actuación de los representantes legales de los ciudadanos de estas pedanías y a los responsables de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz”.
