La comisión especial de Auditoría y Transparencia del Ayuntamiento de Jerez, que preside Ganemos, en su última reunión, ha acordado (con la abstención de IU y Ciudadanos, y el rechazo del PP) trasladar a los servicios jurídicos externos los tres informes existentes sobre el expediente de contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE municipal (promovido por el Gobierno del PP durante el anterior mandato) a la empresa Deloitte (un contrato de 121.000 euros) por las posibles acciones legales que se pudieran llevar a cabo y, en caso de que así fuese, realizarlas.
Dos informes, uno de Intervención y otro del despacho de Sanguino, señalan que el procedimiento seguido para adjudicar este contrato a Deloitte, de 100.000 euros más IVA, “no fue el correcto, ya que no se respetaron los principios de publicidad y concurrencia”.
La comisión, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, también ha conocido el informe sobre la inexistencia de los soportes contables de la empresa Ajemsa (la empresa municipal de aguas, antes de su privatización, por el PP) elaborado por el despacho de abogados Sanguino. Los grupos políticos han recibido este informe para que, en el plazo de una semana, puedan realizar un análisis. La valoración del mismo se llevará a cabo en una reunión que se convocará la próxima semana.
El informe pone de manifiesto que puede haber responsabilidades de los administradores de la sociedad y hace hincapié en que el Ayuntamiento pudiera haber incurrido en responsabilidades al recibir los activos y los pasivos de la sociedad sin soporte contable y, por tanto, sin tener la seguridad de que los activos y pasivos entregados fueran los correctos.
EL PP ACUSA AL PSOE DE “MONTAR UN CÍRCULO RIDÍCULO”
Por su lado, el PP, puesto en cuestión en esta comisión, interpreta que su última reunión ha servido para corroborar “lo que lleva afirmando desde el primer día: estamos ante un circo de un PSOE que ve que sale pronto del Gobierno, que usa dinero público para intentar desprestigiar al PP con un asunto que no presenta irregularidad alguna”.
“El colmo de los despropósitos del PSOE y sus socios de Ganemos es encargar un tercer informe precisamente a uno de los despachos de abogados que ya ha informado (Sanguino), el mismo al que Mamen Sánchez le encargó el informe que contradijera al pedido por la comisión de Transparencia y que dictaminó la inexistencia de irregularidades y el mismo que lleva las defensas de Francisco Camas y José Antonio Díaz en asuntos bastante espinosos”, sostienen desde la derecha local.
El concejal popular, Jaime Espinar, defiende que “ha vuelto a poner de manifiesto” en esta reunión que el procedimiento “fue absolutamente ajustado a derecho tal y como dictaminaron en su día los técnicos municipales de Asesoría Jurídica, Intervención, Contratación y Recursos Humanos, tal y como avaló la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE y el Tribunal de Cuentas, además del informe jurídico encargado por la comisión de Transparencia”.
“E incluso por la propia Mamen Sánchez -sentencia- cuando en 2016 firmó el allanamiento del Ayuntamiento en la causa por la denuncia de Deloitte por impago y que suponía la aceptación de la legalidad del procedimiento”.
IU SE NIEGA A QUE LA CAMPAÑA ELECTORAL SE “JUEGUE” EN LOS JUZGADOS
Mientras, IU aclara su abstención en la votación celebrada en el seno de la comisión de Auditoría y Transparencia con respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento lleve a cabo acciones judiciales por la presunta contratación irregular de Deloitte por parte del anterior Ejecutivo del PP.
En este sentido, la formación de izquierda quiere dejar claro que “de existir indicios claros de corrupción” en dicha contratación, “no hubieran dudado ni un segundo en poner la demanda correspondiente”, pero en este caso “no se trata sino de una cuestión interpretativa con respecto a si el procedimiento de contratación utilizado fue el adecuado o no según la ley de contratos del sector público, algo que queda patente ante el hecho de que existan distintos informes, tanto internos como externos, que se pronuncian en un sentido y en el contrario”.
Además, IU tiene claro que esas acciones judiciales no llevarían sino a un procedimiento contencioso-administrativo en el que las responsabilidades, en caso de haberlas, recaerían sobre el propio Consistorio y los técnicos municipales, “pero no sobre los miembros del Gobierno del PP, y mucho menos sobre el propio Partido Popular”.
Así, el portavoz izquierdista, Raúl Ruiz-Berdejo, insiste en que no es partidario de judicializar la actividad administrativa del Ayuntamiento, ni tampoco de mantener de manera perpetua la sombra de la duda sobre la labor desempeñada por los técnicos municipales. “Nosotros fuimos los primeros en denunciar el arbitrario y vergonzoso ERE que perpetró el PP, y nos dejamos la piel intentando la readmisión de los trabajadores, pero si de lo que se trata ahora es de hacer política y campaña electoral en los juzgados, no vamos a entrar en esa. Los juzgados están para cuando verdaderamente existen indicios de delito o corrupción, y no para ser usados por las organizaciones políticas en función de sus intereses partidistas o electorales”.
