Sin unanimidad y con numerosos colectivos feministas y otros sociales en contra, el Ayuntamiento de Jerez ha aprobado en pleno la adhesión a la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata, “desde el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, y la reivindicación de una sociedad libre de violencia machista”.
La adhesión (que ha reclamado la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, AFRA Mujeres) incluye el compromiso con el diseño de campañas periódicas de sensibilización “que hagan comprender a la población que tanto la prostitución, como la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual, son violencias machistas”. Con esta aprobación (con los votos a favor de PP, PSOE e IU, la abstención de la ultraderecha de Vox y en contra de Ganemos), el Consistorio se compromete a impulsar el trabajo que se realiza desde la comisión permanente del Consejo Local de la Mujer, y en el seno del Foro Social contra la Trata de Mujeres y Niñas.
Al respecto, la concejala de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ha agradecido al tejido social “su implicación, conocimiento y valoración de esta materia”. Y ha aseverado que “iniciamos un camino para dotar a Jerez de una hoja de ruta, dentro de las competencias municipales, de la erradicación de la explotación, trata y prostitución en el municipio, proteger sus derechos y a las víctimas”. Este documento “se plasmará en una futura ordenanza”, ha avanzado esta edil del PP.
Frente a ello, la única concejala que ha rechazado este punto, Kika González de Ganemos Jerez, ha reflexionado que la propuesta elevada a pleno por la derecha, “sólo sirve para avivar el conflicto entre los movimientos feministas, para lavar las falsas conciencias y limpiar las calles del corazón de la ciudad de prostitución. Pero de nada sirve para proteger a las víctimas de la trata y la explotación. Para avanzar en este tema tenemos que integrar todas las perspectivas, todas las partes implicadas, tener partidas presupuestarias oportunas, medidas concretas, en definitiva trabajo común, no posicionamientos partidistas que excluyen, que restan y que no suman”.
De hecho, la mitad de la coalición municipal La Confluencia (conformada por Ganemos e IU), opina en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que el Ejecutivo liderado por María José García-Pelayo “ha planteado deprisa y corriendo, bajo la apariencia de participación, sin contar con los grupos políticos, ni con todos los sectores y voces implicadas, un tema sumamente sensible y complejo, que en la actualidad está sujeto a un debate social profundo”.
“Queda muy bien pertenecer a la red, pero sin recursos, a estas alturas, y sin hablar de garantizar derechos humanos de las mujeres sometidas a trata y explotación es un brindis al sol”, repite González; quien dice estar a favor de abordar el tema de la prostitución “con toda la importancia, el esfuerzo, el rigor y la sensibilidad que requiere”, pero no “con superficialidad, precipitación, sin contar con todas las miradas”.
“LA FUTURA ORDENANZA QUE SE REALIZARÁ CON EL CONSENSO DE TODOS”
Desde el Gobierno local, a su vez, se pone el foco en que “nos adherimos a la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata, pero nuestro objetivo es la futura ordenanza que se realizará con el consenso de todos para conseguir una ciudad libre de prostitución y de trata, proteger a las víctimas y que haya suficientes recursos, la población esté sensibilizada y se denuncien los casos. En un asunto muy complejo que necesita la aportación de todos”.
El objetivo principal de esa ordenanza que en su día volverá a pasar por el pleno “será luchar contra la prostitución y la trata, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente con la mujer, como mero objeto sexual, considerando que son una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género”.
“LAS ORDENANZAS MUNICIPALES CRIMINALIZADORAS SE HAN REVELADO EN LA PRÁCTICA COMO INÚTILES”
Sin embargo, la Coordinadora Feminista de la Provincia de Cádiz y otros colectivos sociales gaditanos han conminado al Ayuntamiento jerezano a recapacitar sobre su adhesión a la Red de Municipios Libres de Prostitución, propuesta que “acabará reducida a una ordenanza municipal que, con la excusa de perseguir los casos de trata y explotación sexual, suponen una vulneración más de los derechos de las personas que ejercen la prostitución y crean un clima de inseguridad y desconfianza hacia la policía”.
“Estas ordenanzas que buscan perseguir la prostitución con la retórica de proteger a las mujeres y sus derechos, se han revelado en la práctica como inútiles: en ciudades que las tienen en vigor, solo sirven para empeorar la vida de quienes ejercen la prostitución y de las víctimas de trata. No lo decimos nosotras, sino que así lo reflejan diferentes estudios”, apunta esta coordinadora que agrupa a una veintena de entidades.
Y se añade que “aunque se pretenda perseguir a los clientes o a dueños de clubes y pisos, al final acaba criminalizándose todo el contexto que rodea el ejercicio de la prostitución y esto tiene graves consecuencias”. Al hacerse clandestino, las personas que ejercen la prostitución (en su mayoría mujeres) “tienen que acudir a lugares más apartados y solitarios, tienen más dificultades para pedir ayuda, y sufren mayor coacción de clientes con la excusa de exponerse al peligro de las multas y otras violencias. La criminalización lleva a estas mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad y precariedad, por lo que acaban denunciando menos las violencias vividas, incluida la sexual, por miedo al acoso o a perder su fuente de ingresos”.
Además, se repara en que “para muchas personas, especialmente mujeres empobrecidas, migrantes y mujeres trans, la prostitución es una fuente de ingresos ocasional o principal, a pesar del estigma social que conlleva; la acumulación de multas solo aumenta aún más la precariedad y pobreza de partida de las personas que se dedican al trabajo sexual, pero no significa que vayan a dejar de realizarlo dado que es lo que lleva el pan a sus casas”.
Así, estos colectivos instan al Ayuntamiento de Jerez y a todas las instituciones a adoptar “un enfoque que se centre en las víctimas y los derechos humanos”. “Organismos internacionales (como la ONU) señalan algunas medidas para evitar la vulneración de derechos de quienes realizan trabajo sexual, como asegurar el ejercicio seguro del mismo y paliar la violencia derivada de la criminalización; favorecer la denuncia de la violencia que puedan recibir para contrarrestar la indefensión y clandestinidad; asegurar el acceso a los servicios de salud física, sexual y mental; fomentar alternativas laborales a quien lo desee, o paliar la vulnerabilidad múltiple que se da en personas en situación de migración irregular o pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Desde luego, ninguna de estas recomendaciones se cumplen con las ordenanzas municipales criminalizadoras como la que se pretende poner en marcha desde Jerez”.
Detrás de este rechazo publico a lo aprobado en pleno están: Colectiva Feminista Jarana, de Cádiz;, Marea Violeta Sanlúcar; Asociacion Feminista Las Tres Rosas de El Puerto; Tertulia Feminista de Arcos; Alas Violetas de Ubrique; Marea Violeta Campo de Gibraltar; Café Feminista Campo de Gibraltar; Asamblea Ecofeminista de San Roque; Asamblea Feminista de Chiclana; Asamblea Feminista de San Fernando; Kódigo Malva de Chiclana; Centro Social La Yerbabuena de Jerez; El Corral de San Antón de Jerez; Ateneo Libertario de Jerez; asociación Lgtbi Aghois de Cádiz; Transpositive de Chiclana; La Levantera de Chiclana; Colectivo de Trabajadoras del Hogar En Lucha de Cádiz; Stop VIH de Cádiz; CPS Colectivos de Prostitutas de Sevilla; y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
