El Ayuntamiento de Jerez, uno de los más endeudados de todo el país (rondando los 1.000 millones de euros), ha alcanzado un nuevo acuerdo con el Ministerio de Hacienda que le permitirá mantenerse en el llamado plan de sostenibilidad y poder seguir recibiendo pagos del Fondo de Ordenación estatal (o sea, nuevos préstamos) para abonar sentencias y el pago a proveedores.
Un acuerdo que, resaltan desde el nuevo Gobierno local del PP, “no implica ninguna subida de impuestos directos a los ciudadanos”, aunque sí supondrá medidas para recaudar unos 4,4 millones de euros más, que costearán principalmente grandes empresas y constructoras.
“Si no conseguíamos un acuerdo ahora, el Ministerio nos hubiera retenido la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) lo que hubiera supuesto la asfixia del Ayuntamiento”, ha reconocido la alcaldesa María José García-Pelayo (quien en su anterior etapa como primera edil ya vivió meses con la PIE retenida…), que ha calificado el acuerdo con el actual Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos como “el mejor posible para Jerez”. A colación defiende que “hemos hecho un esfuerzo importante para mantenernos en el plan de sostenibilidad y para demostrar a Hacienda que podemos afrontar los pagos que se han derivado de todas las operaciones que se han realizado a lo largo de los años”.
La primera propuesta que realizó el nuevo Ejecutivo jerezano de derechas contemplaba medidas que no suponían la subida de impuestos a los vecinos como el IBI, tasas como la del agua o los precios públicos, propuesta que fue rechazada por Hacienda “que seguía imponiendo la subida indiscriminada de impuestos”, se queja García-Pelayo.
A partir de ahí, se presentó una nueva propuesta desde el Consistorio que evitaba la subida de dichos impuestos a los ciudadanos, pero el Ministerio insistía en no creerse las medidas planteadas por el PP.
Y en el tercer intento, se propuso sólo no subir “los impuestos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos” (el IBI, el agua, la basura, las tasas y los precios públicos).
“SE LOGRA NO SUBIR LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA VIDA DE LOS CIUDADANOS”
Sin embargo, sí se contempla la eliminación de la bonificación del impuesto de circulación a los vehículos históricos, esto es, a los que tienen más de 25 años en aplicación de la ley estatal sobre bajas emisiones que promueve vehículos que contaminen menos. Medida que supone sobre el papel un ingreso adicional de 823.000 euros.
Otra de las medidas “viene obligada” por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se exige al Ayuntamiento a revisar el callejero fiscal de la ciudad “lo que va a permitir hacer variaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”. Una variación “mínima” que solo va a afectar a las empresas que facturan más de un millón de euros al año “y, en ningún caso, a la economía de la calle, a la economía del autónomo, del pequeño comercio o profesiones liberales que son los que sostienen la ciudad”, defienden desde el PP. Esta medida supone una previsión de ingresos de 2,8 millones.
Y la tercera medida afecta al Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), donde se establece una subida del 0,3%, “muy por debajo del IPC”, que supondrá en teoría unos ingresos al Ayuntamiento de 786.000 euros.
La alcaldesa también ha explicado que se ha negociado con Hacienda y se ha conseguido que el pago de 30 millones de deuda que había que abonar en diciembre se reduzca en un 70%, y que de momento sólo haya que devolver 9 millones. Un pago que “tenía que haberse realizado en junio, pero que el Gobierno socialista anterior lo aplazó a diciembre”.
Finalmente, García-Pelayo, siguiendo el argumentario del PP nacional, ha adelantado que pedirá formalmente al Gobierno de España “que, como ha hecho con Catalunya, también incluya a los ayuntamientos en la propuesta de condonación de deuda”. Una condonación de parte de la deuda negociada con partidos catalanistas por el PSOE con vistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente que también beneficia (aunque esto no lo pregona la derecha) a casi todas las comunidades autónomas, también a Andalucía.
