La exalcaldesa de Jerez y senadora del PP, María José García Pelayo, nada más conocer que la Audiencia Nacional ha enviado al Tribunal Supremo la causa que seguía contra ella tras determinar que existen indicios de “prevaricación continuada” en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en Fitur en 2004, en su primera etapa como primera edil, ha anunciado que solicitará “de forma inmediata y voluntaria” la comparecencia, “para aclarar todo lo que sea necesario”.
La exalcaldesa de Jerez y senadora del PP, María José García Pelayo, nada más conocer que la Audiencia Nacional ha enviado al Tribunal Supremo la causa que seguía contra ella tras determinar que existen indicios de “prevaricación continuada” en las adjudicaciones que realizó a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del año 2004, en su primera etapa como primera edil, ha anunciado que solicitará “de forma inmediata y voluntaria” la comparecencia ante el Supremo, “para aclarar todo lo que sea necesario en relación a la tramitación del expediente y que todo se resuelva lo antes posible”.
Esta solicitud de la Audiencia Nacional se debe a que García Pelayo es aforada por su condición de senadora, por lo que sólo puede ser investigada por el alto tribunal.
Desde el PP se defiende que, “tal como se ha indicado a lo largo de todo el proceso”, la participación de García Pelayo como alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad “se limitó a la ratificación y firma de los documentos del expediente administrativo, en cumplimiento de las obligaciones de su cargo, y una vez que los mismos tenían los informes favorables de los diferentes funcionarios responsables de la tramitación y el propio Secretario del Ayuntamiento”.
Asimismo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la derecha interpreta que, “con independencia de la repercusión mediática del mismo”, y a la espera de conocer el auto de remisión al Supremo, “en ningún caso se ponen en cuestión la incorrecta utilización de fondos públicos, ni la relación personal con ninguna trama ni organización, sino exclusivamente el procedimiento de tramitación de un expediente administrativo”.
Finalmente, se señala que hasta la llegada a la Alcaldía de María José García-Pelayo en 2003 –en pacto de gobierno entonces con Pedro Pacheco-, en este Consistorios y los organismos adscritos al mismo “los procedimientos administrativos se tramitaban de forma peculiar, así como que durante su mandato dio la orden expresa de que se adaptaran y fijasen a las exigencias legales”.
Las investigaciones que se han ido publicando estos meses apuntan que desde el Ayuntamiento jerezano se adjudicaron contratos por más de 355.000 euros a empresas vinculadas a la trama Gürtel -el mayor caso de corrupción de España en el que hay numerosos imputados pertenecientes o que han pertenecido al PP- para publicidad y espectáculos. Entre las irregularidades detectadas se resalta que la documentación administrativa confeccionada por las empresas de Correa para presentarse a los concurso fue elaborada y entregada a la administración local una vez ejecutados los trabajos.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ve indicios de un delito de “prevaricación continuada” en la actuación de la entonces alcaldesa, porque como presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez aprobó el pago de las facturas a la trama “eludiendo los requisitos” legales de contratación pública.
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