Padres de los colegios públicos de Jerez Isabel La Católica, Nuestra Señora de la Paz, Montealegre, Vallesequillo, Sagrada Familia, Gloria Fuertes y Tartessos protagonizaban días atrás una concentración frente a la entrada de este último centro para exigir, a la consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que aumente las horas de los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS).
Una movilización que cuenta con el apoyo de CGT, que subraya que defiende en la enseñanza la figura de estos PTIS, que siempre se ha conocido como monitor de educación especial, “ya que realiza funciones de asistencia, cuidados, desplazamientos y supervisión del alumnado con necesidades educativas especiales y, por tanto, constituye un recurso humano imprescindible en los centros educativos actualmente”.
Este sindicato ya denunciaba semanas atrás ante el servicio de Ordenación Educativa de la delegación territorial de Educación en Cádiz la falta de estos profesionales técnicos de integración social en diferentes colegios públicos de la provincia (San José Obrero, Tartessos, Mariana de la Calle, Montealegre, Nuestra Señora de la Paz, García Lorca e Isabel La Católica, en Jerez; el CEIP Maestro José Sabio de Sanlúcar; el CEIP Mariana de la Calle de El Coronil; o el CEIP Carlos V de La Línea). La falta de estos profesionales “merma la calidad educativa del alumnado con necesidades educativas especiales”, se insiste en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Mientras que el horario de atención a este tipo de alumnado debería ser completo por sus necesidades educativas y personales (parálisis cerebral, tetraplejia, autismo, etc.), “se les está otorgando entre 5 y 10 horas semanales”, algo que CGT considera “totalmente insuficiente para llevar a cabo la atención a la diversidad”.
“UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS”
Para este sindicato, que apoya su posicionamiento en leyes y normativas de la propia Junta, reitera que esta falta de profesionales en los centros “es un ataque flagrante a la educación pública, a la integración social, al modelo educativo inclusivo y a los derechos humanos”. En este punto, recuerda que el comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU publicó ya un contundente informe sobre el sistema educativo español, denunciando un trato injusto y discriminatorio a miles de niños; pese a que el Estado español, como miembro de la ONU, se comprometió a “respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción”.
Al tratarse de “una cuestión de derechos humanos”, CGT entiende que la delegación territorial de Educación y su servicio de Orientación Educativa “tienen la obligación moral y el imperativo legal de hacer que las escuelas de la provincia de Cádiz estén diseñadas para todo el alumnado”. “Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de un gran proyecto social y educativo: el de educarnos juntos”, apostilla.
