El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la exalcaldesa de Jerez y senadora, María José García Pelayo, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público, por los contratos realizados por el Ayuntamiento para Fitur en 2004. El PP no ha tardado en precisar que “no ha sido imputada” y que sólo implica que se investigarán los hechos. PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos no han dudado en exigir ya la dimisión de la conservadora tanto en el Consistorio como en el Senado. Los socialistas reclaman a los populares que “sean coherentes y se apliquen lo que siempre pide a los demás”; mientras los otros partidos sostienen que debe dejar sus actas “por cuestión de ética política y dignidad personal”.
El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la exalcaldesa de Jerez hasta el pasado mes de mayo y senadora, María José García Pelayo, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público, por los contratos realizados por el Ayuntamiento para Fitur en 2004, en su primer mandato como alcaldesa, con el apoyo del partido de Pedro Pacheco. El Supremo comparte los indicios recogidos por la Audiencia Nacional; además, la Fiscalía ya informó a favor de la apertura de las investigaciones.
En el presente caso, el auto recuerda que el delito de prevaricación que se atribuye a García Pelayo (que es aforada al ser senadora, y que hace unos días era, curiosamente, nombrada miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado, por lo que no perderá su aforamiento cuando en unas semanas se disuelvan las Cortes de cara a las elecciones de finales de año), es un delito especial propio cuya imputación difiere de lo que se pueda imputar a los no aforados. Y respecto al otro delito, el de falsedad, también se puede investigar por separado
Las investigaciones que se han ido publicando estos meses apuntan que desde el Ayuntamiento jerezano se adjudicaron contratos por más de 355.000 euros a empresas vinculadas a la trama Gürtel -el mayor caso de corrupción de España en el que hay numerosos imputados pertenecientes o que han pertenecido al PP- para publicidad y espectáculos durante Fitur 2004. Entre las irregularidades detectadas se resalta que la documentación administrativa confeccionada por las empresas de Correa para presentarse a los concurso fue elaborada y entregada a la administración local una vez ejecutados los trabajos.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ve indicios de un delito de “prevaricación continuada” en la actuación de la entonces alcaldesa, porque como presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad aprobó el pago de las facturas a la trama “eludiendo los requisitos” legales de contratación pública.
Paralelamente, desde la derecha jerezana se ha repetido en varias ocasiones que la voluntad de la exalcaldesa “siempre ha sido aclarar cuanto antes este asunto”; y se interpreta que la participación de García Pelayo como alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción de la Ciudad hace once años “se limitó a la ratificación y firma de los documentos del expediente administrativo, en cumplimiento de las obligaciones de su cargo, y una vez que los mismos tenían los informes favorables de los diferentes funcionarios responsables de la tramitación y el propio Secretario del Ayuntamiento”.
EL PP ACLARA QUE “NO HA SIDO IMPUTADA”
Tras las últimas informaciones, desde el PP local se quiere precisar que “la admisión a trámite y apertura de causa por el Tribunal Supremo sólo implica que iniciará la investigación que considere oportuna para esclarecer los hechos y en su caso adoptar las decisiones que se deriven de las mismas”. Además, “hasta el momento María José García Pelayo no se ha manifestado en sede judicial” y eso que ya ha solicitado “por dos veces la declaración voluntaria con el fin de que la tramitación del proceso se agilice y pueda culminar con la mayor brevedad posible”.
“Se falta a la verdad cuando se afirma que María José García Pelayo ha sido imputada por el Supremo y por tanto se solicita la rectificación de esta expresión porque no se ajusta a la verdad y a pesar de que sea una figura jurídica de garantía procesal en el ámbito político supone un menoscabo de la fama de las personas”, añaden los populares en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y se vuelve a insistir en que “los hechos investigados no se refieren a la utilización de dinero público con intereses personales ni de terceras personas vinculadas; exclusivamente se centra en la tramitación administrativa de un expediente por lo que cualquier juicio de valor más allá de la realidad de este proceso se aleja del interés de conocer la verdad”.
PSOE, PODEMOS, IU, CIUDADANOS… EXIGEN LA DIMISIÓN
En el apartado de valoraciones, desde el PSOE provincial, la secretaria de Organización Araceli Maese, ya ha pedido al PP que impida que, tras su imputación por el Supremo en el caso Gürtel, García Pelayo “pueda permanecer un minuto más en su escaño de senadora o en la bancada de la oposición en el Ayuntamiento de Jerez”. “Sería muy lamentable que no solo no dimita sino que el PP esté pensando en ella para que vuelva a figurar en una lista electoral”, agrega.
“Por desgracia para la clase política de esta provincia se ha confirmado que hay indicios más que suficientes que acreditan las irregularidades detectadas en la contratación del stand de Fitur para beneficiar a la trama corrupta de Correa, vinculando por desgracia a Cádiz con el mayor escándalo político que salpica a un partido en el Gobierno”, afirma Maese.
“De nada le ha valido al PP negar la mayor durante todo este tiempo, hablar de faltas administrativas como en más de una ocasión hemos visto alegar a la cúpula del PP entre ellos, el líder andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de nada va a servir que sigan intentando protegerla, nombrándola miembro de la Diputación Permanente porque al final los tribunales de Justicia pondrán las cosas en su sitio”, ha apuntado.
Los socialista reclaman a la derecha que “sea coherente y se aplique lo que siempre pide a los demás de manera que mantenga a los imputados fuera de las listas, de las instituciones y por supuesto, de aforamientos intencionados como el que ha hecho a escondidas con Pelayo a principios de septiembre”.
“El cese como senadora y concejal sería un alarde de decencia que podría demostrar García Pelayo y una forma de no seguir manchando el nombre de Jerez y, por ende, el de toda la provincia de Cádiz”, ha considera también la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García.
Por su lado, el secretario general de Podemos Jerez y concejal de Ganemos en el Ayuntamiento, Santiago Sánchez, anota que “es triste e indignante comprobar que los últimos tres alcaldes y alcaldesas no han estado a la altura moral y ética que Jerez merece”. En este sentido, desde esta formación se muestra su repulsa “hacia quienes han hecho de la condición de representante político una forma de vida de saqueo del dinero público”.
“No es de recibo que el PP, en lugar de asumir la responsabilidad, la transparencia y la ética que requiere este asunto intente eludir otro escándalo más de corrupción que estalla dentro de su partido. Por ello, le invitamos a que rectifique y deje de proteger a través de aforamientos en las cámaras legislativas a dirigentes de su partido que se enfrentan a estas investigaciones por un mal uso del dinero público”, manifiesta Sánchez.
De este modo, Podemos Jerez también pide la dimisión de María José García Pelayo como senadora y concejala por “presuntamente no cumplir con unas condiciones mínimas de ética para ser representante política de una parte del pueblo jerezano”. Además, animamos al PSOE a que cumpla con su discurso contra la excaldesa popular “y mantenga la misma actitud de intolerancia con la corrupción con los dirigentes socialistas investigados en la Junta”.
Y de la misma forma, la Ejecutiva Local de IU en Jerez exige “por cuestión de ética política y dignidad personal”, la “dimisión inmediata” de García Pelayo como concejala y senadora. “Más allá de figuras y fórmulas jurídicas, los delitos de los que se imputan a la exalcaldesa no significan sino el expolio de las arcas municipales, y por ende del dinero de todos los jerezanos, en favor de los amigos del entonces líder de los populares, José María Aznar, por lo que entendemos que, por dignidad y ética personal, también deben presentar su dimisión y renuncia a su acta de concejal todos aquellos miembros del grupo municipal del PP que formaran parte del Gobierno local en las fechas en la que presuntamente se cometieron los delitos”, se añade.
Los izquierdistas condenan las “prácticas mafiosas” del PP, “no sólo por permitir que personas imputadas ostenten cargos públicos, sino por el recién nombramiento de García Pelayo como miembro suplente de la Diputación Permanente de la Cámara Alta con la clara intención de prorrogar su aforamiento y disfrute de privilegios judiciales de los que no disfrutan el resto de los ciudadanos”.
Y finalmente, la coalición dice sorprenderse por la “celeridad” con la que el PSOE ha exigido la dimisión de la conservadora, “teniendo en cuenta que todavía no lo han hecho en relación a la imputación de Chaves y Griñán en el caso de los EREs”.
Otro de los partidos de la oposición en Jerez, como es Ciudadanos entiende que “cualquier persona imputada por corrupción política debería abandonar su cargo por respeto a los jerezanos, sin importar nombres, apellidos, ni cargos en el pasado”. En este sentido, el concejal Carlos Pérez ha lamentado la decisión de la derecha de blindar judicialmente a la exalcaldesa con su nombramiento como senadora. “En Ciudadanos apostamos por la eliminación de aforamientos para que se defiendan en los tribunales ordinarios de justicia como el resto de la ciudadanía”, ha explicado al respecto.
La franquicia del partido de Albert Rivera en la ciudad ha resaltado que “hay que dejar de predicar y empezar a actuar si de verdad se quiere regenerar la vida pública. Apostamos por la transparencia, y sólo esperamos que la imagen de Jerez no se vea perjudicada una vez más por casos como los que nos atañen”.
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