El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha activado su plan de prevención de agresiones tras un incidente ocurrido esta semana en el centro de salud de San Benito, en Jerez, en el que un usuario insultaba y amenazaba a un trabajador, además de causar destrozos.
Este episodio violento ocurrió en la tarde del martes día 14, y en el mismo tuvieron que intervenir la Policía Nacional y el vigilante de seguridad que cubre este ambulatorio, junto a otros, en ese turno.
El Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra, según se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, ha puesto a disposición del profesional afectado “todos los recursos necesarios”, ha recomendado a los trabajadores que denuncien los hechos y, por su parte, ha presentado una denuncia por los desperfectos causados.
Desde CSIF se hace un relato más detallado de lo sucedido. Se asegura que el incidente sucedió sobre las seis de la tarde, “cuando apenas había gente en estas instalaciones”; esta persona “comenzó a insultar y amenazar al celador-conductor que atendía en la Unidad de Atención a la Ciudadanía por pedirle que sacase número para poder ser atendido”. No conforme con las explicaciones que se le daba, “rompió la mampara de separación que hay en el mostrador y provocó otros destrozos, generando el pánico entre los profesionales allí presentes”.
“Al ser en horario de media tarde, muchos profesionales habían salido en su descanso, por lo que lo único que pudo hacer el trabajador fue llamar a la policía y al personal de seguridad privada, quienes llegaron a tiempo para evitar males mayores”, se asevera.
No obstante, el sector de Sanidad de CSIF Cádiz entiende que las medidas de seguridad con que cuenta este centro de salud jerezano “son totalmente insuficientes, ya que muchos usuarios con perfil violento conocen los horarios de la seguridad privada”. Y es que, precisamente, este centro cuenta con vigilantes en horario de mañana, y luego, por la tarde, tiene un horario itinerante, repartiéndose entre varios centros de salud, de modo que en el momento de este último incidente violento “no había vigilancia”.
Para CSIF, “es inaceptable que los profesionales que atienden a la ciudadanía en un servicio público esencial tengan que sufrir episodios de este tipo” en el ejercicio de sus funciones y exige a la administración más medidas de disuasión (como mantener al personal de seguridad todo el horario de apertura del centro) y adaptar el edificio para que no se convierta en “una ratonera de donde los profesionales no pueden escapar en casos de emergencia”.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
