Pedro Pacheco entra en prisión

El veterano exalcalde de Jerez entre 1979 y 2003 ingresó el pasado viernes día 24 en Puerto III, tras ser detenido a las puertas de su domicilio por agentes de la Policía Nacional por la mañana. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por sus abogados contra el auto de ingreso en prisión, y ha reclamado hacer efectiva la ejecución de la sentencia del Supremo que lo condena a cinco años y medios por el conocido como caso asesores, acusado de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

El veterano exalcalde de Jerez Pedro Pacheco ingresó el pasado viernes día 24 en Puerto III, en El Puerto de Santa María, tras ser detenido a las puertas de su domicilio por agentes de la Policía Nacional por la mañana. Tras pasar por Comisaría, fue conducido por la Guardia Civil a la cárcel. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por sus abogados contra el auto de ingreso en prisión, y ha reclamado hacer efectiva la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a cinco años y medios por el conocido como caso asesores, acusado de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

De momento tampoco ha tenido ningún efecto la campaña ciudadana de recogida de apoyos pidiendo el indulto del Pacheco, considerando que la pena impuesta por el Supremo “es absolutamente desproporcionada, tal vez la mayor que se aplica a un político en este país acusado por hechos similares”. Entre muchos otros respaldan esta medida de gracia el obispo de la diócesis, monseñor Mazuelos, artistas como José Mercé, La Macanita y Paco Cepero, el Xerez Deportivo, o la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Solidaridad,

El Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta para cargo público al veterano exalcalde de Jerez entre 1979 y 2003, y hasta hace un año todavía concejal del Ayuntamiento por Foro Ciudadano, por el conocido como caso asesores, acusado de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, los tres continuados y en concurso medial.

En junio de 2013, el alto tribunal examinó los recursos que el político y la fiscal presentaron contra la condena a cuatro años y medio que le había impuesto la Audiencia Provincial de Cádiz. Sin embargo, desestimó aquellos recursos y acogía la tesis de la Fiscalía, que incluso propuso aumentar las penas ya que entendía que no eran correctas.

De este modo, el Supremo ha fallado que los tres recurrentes –junto a Pacheco se condenaban a José López y Manuel Cobacho, en calidad de asesores de diferentes empresas municipales- son condenados como autores, cada uno de ellos, de un delito de prevaricación continuado, de malversación de fondos continuada y de falsedad continuado en documento oficial. En principio todos habían sido absueltos del delito de falsedad en documento público y mercantil del que también fueron acusados.

Las penas de los dos políticos contratados sin procedimiento alguno resultan también agravadas, de modo que resultan castigados con dos años, seis meses y 15 días de prisión, en el caso de Cobacho, y a dos años y diez meses en el caso de López, penas que también implican en principio su ingreso en la cárcel. La Audiencia aquí ha estimado el recurso contra la ejecución de la sentencia de López debido a que la pena impuesta por el tribunal es inferior a tres años.

¿QUÉ SE CONDENA?

La sentencia a la que tuvo acceso DIARIO Bahía de Cádiz resume como hechos probados que el pleno del Ayuntamiento de Jerez de enero de 2005, nombró el personal de confianza de los diversos partidos que lo componían, siendo esta una exclusiva competencia del pleno. Al PSA –el partido entonces de Pacheco- le correspondieron dos plazas.

Como quiera que los recurrentes condenados José López –también concejal de Foro Ciudadano hasta junio de 2013- y Manuel Valeriano, no estuvieron entre los nombrados, ambos de común acuerdo con Pedro Pacheco, a la sazón teniente de alcalde –entonces era socio de Gobierno del PSOE, tras haberlo sido meses antes del PP- y representante de dos sociedades municipales con capital totalmente público, procedieron para que ambos fueran nombrados asesores políticos.

De forma verbal, Pedro Pacheco convino con José López Benítez su condición de asesor político ordenando el pago con cargo a una de las empresas municipales, en concreto Xerez 21 Speed Festival, de la que era su representante, “efectuándose dicho nombramiento sin sometimiento a procedimiento alguno, y teniendo como única finalidad el contrato verbal el justificar la salida de dinero de la empresa municipal sin que se efectuara contraprestación alguna por parte de esta persona, siendo la única justificación de tal contrato la exclusiva voluntad de Pedro Pacheco”.

Advertida esta situación por la entonces alcaldesa se negó a continuar con los pagos y en esta situación Pedro Pacheco de acuerdo con José López Benítez, valiéndose en esta ocasión el primero de su condición de representante de la Empresa Municipal del Suelo de Jerez (Emusujesa) suscribió un contrato de consultoría o asesoría ordenando los pagos correspondientes de forma mensual.

En relación a Manuel Valeriano, se procedió de idéntica manera, solo que en esta ocasión lo redactado fue un contrato de tipo laboral.

En ninguno de los tres casos, insiste la sentencia, “existió contraprestación alguna y las órdenes de pago firmadas por Pedro Pacheco lo fueron a cargo de las sociedades municipales indicadas”.

El total del dinero abonado a estos supuestos cargos de confianza de las dos empresas municipales ascendió a casi 207.000 euros y en los tres casos “se prescindió de todo procedimiento, no teniendo conocimiento los respectivos consejos de administración de las sociedades municipales citadas, teniendo como única justificación de la contratación efectuada la exclusiva voluntad de Pedro Pacheco”.

Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de 2013, cada uno de los condenados formalizó un recurso “si bien en gran parte fueron coincidentes incluso literalmente”. En síntesis, cuestionaba la existencia de resolución administrativa prevaricadora por entender que los contratos caían dentro de la competencia de los suscribientes, que en consecuencia no había habido malversación de fondos públicos, que en todo caso podría existir un delito de nombramientos ilegales pero no de prevaricación, y que en todo caso actuaron ellos en la creencia de que todo era correcto, por lo que solicitaban la revocación de la sentencia y absolución total. El Supremo ha rechazado en su totalidad dichos recursos.

En relación a Pacheco el delito más grave es el de falsedad cometido por autoridad y en relación a los otros dos es el delito de malversación de fondos públicos.

“El delito de prevaricación administrativa supone la infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento público que se impone a toda autoridad o funcionario público, por ello cuando se dicta una resolución prevaricadora se causa un daño demoledor en la ciudadanía pues se lesiona gravemente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, lo que constituye la base del Estado de Derecho. Nada perjudica más a la credibilidad de las instituciones que ver a las autoridades o funcionarios que de guardianes de la legalidad se convierten en sus vulneradores por el ejercicio arbitrario de su poder”, agrega la sentencia del Tribunal Supremo.

“QUIEREN ACABAR CONMIGO A TODA COSTA”

En mayo de 2013, nada más conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial, Pacheco comparecía ante los medios para volver a defender su inocencia, considerando que estaba envuelto en una “persecución, en esta denuncia falsa, con la que quieren acabar conmigo a toda costa en una estrategia de acoso y derribo intolerable. Qué curioso que en este país para algunos sea necesario demostrar su inocencia, mientras a otras las desimputan”.

Entonces, todavía portavoz de Foro Ciudadano, anunciaba este recurso ahora perdido ante el Tribunal Supremo de una sentencia que “no hay por dónde cogerla”, con la esperanza de que “otros ojos y otros oídos fuera de este entorno vean con más objetividad esta persecución y esta denuncia fruto de informes falsos que técnicos municipales firmaron coaccionados por la denunciante”.

Siguiendo con lo anterior, consideraba que “quieren que cargue sobre las espaldas de Pedro Pacheco Herrera todos los casos de corrupción de España: al parecer soy Bárcenas, Gürtel, Matas, Urdangarín…”. “Me piden cuatro años y medio de cárcel –entonces, ahora son más de cinco- en este circo disparatado frente a otros casos flagrantes”, comentaba Pacheco, para a continuación ejemplificar: Ortega Cano, dos años y medio por homicidio imprudente; Isabel Pantoja, dos años por blanqueo de capitales; Carcaño, 20 años por el asesinato de Marta del Castillo; Carromero, asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid, homicidio imprudente y le condenan a cuatro años. Pero es que más: a la alcaldesa de Chipiona, del PSOE, le condenaron a siete años de inhabilitación por 700 enchufes. “¿Pero esto qué es? No voy a aceptar esta tremenda injusticia”, sentenciaba hace más de un año.