El subdelegado del Gobierno en Cádiz, colocado por el PP, ante la petición del Gobierno jerezano de que reconsidere la autorización de manifestaciones al SIP por su nivel de ruido y uso de petardos, responde que “parece que a la alcaldesa (del PSOE) no le gustan ni el tono, ni el volumen ni el contenido de las manifestaciones de los empleados municipales; solo pretende coaccionar a los trabajadores, que ejercen su derecho constitucional”. De Torre acumula varias sentencias condenatorias por haber tratado de impedir manifestaciones años atrás, cuando iban contra políticos de su partido.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha recordado a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que “la ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones es de competencia municipal”. Responde así a la demanda del equipo de Gobierno del Ayuntamiento a Subdelegación para que condicione las protestas del SIP –que en las últimas semanas junto a otros sindicatos se moviliza en rechazo al nuevo plan de ajuste municipal- al cumplimiento de las normas sobre contaminación acústica y material explosivo pirotécnico, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional. Actualmente, tiene autorizadas 13 manifestaciones más hasta el 17 de junio entre calle Consistorio y calle Caballeros; movilizaciones que ya están cansando a vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona.
De este modo, interpreta De Torre, colocado en el cargo por el PP, que “parece que a la alcaldesa (del PSOE) no le gustan ni el tono, ni el volumen ni el contenido de las manifestaciones de los empleados municipales. Con posturas como la que la mantiene sobre el tema da la impresión de que solo pretende coaccionar a los trabajadores, que ejercen su derecho constitucional a manifestarse”. Curiosas manifestaciones de quien acumula varias sentencias condenatorias por haber tratado de impedir distintas manifestaciones años atrás, cuando iban contra políticos de su partido.
E insiste el subdelegado, se supone que en funciones, en mostrar su sorpresa porque la primera edil de Jerez “pretenda prohibir el derecho a manifestarse por parte de los trabajadores, derecho que viene recogido en la Constitución, pero parece que a ella no le merece mucho respeto que los trabajadores alcen su voz y parece más partidaria de limitarlos”.
La Subdelegación asegura que aún no ha recibido el escrito del Gobierno municipal en el que, invocando doctrina del Tribunal Constitucional, insta a que se condicionen las manifestaciones del SIP a normas sobre contaminación acústica y las de manejo de petardos. “Cuando obre en nuestro poder se estudiará y se dará contestación al Consistorio”, agrega.
De Torre indica que el uso de artefactos pirotécnicos no tiene que ver con el derecho de reunión. “En el caso de una incorrecta utilización de los mismos, se deberá proceder a identificar al responsable de su uso o lanzamiento y proponerle para una sanción administrativa en base a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana”.
Continúa De Torre recordando a Mamen Sánchez que la labor de la Subdelegación del Gobierno “no es la de prohibir manifestaciones, el manifestante comunica que se va a celebrar una manifestación o concentración, y a partir de ahí sólo cabe la prohibición o modificación en los casos legalmente previstos”. La Subdelegación, insiste, “en ningún caso ha prohibido una manifestación por ruido, ya que esa posibilidad no se contempla en la normativa. El uso de megafonía o instrumentos para hacer públicas las reivindicaciones y hacerlas llegar al mayor número de destinatarios es inherente al derecho de reunión”, se defiende.
En cuanto al número de jornadas de concentraciones convocadas, “la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio contempla la posibilidad de que se convoquen y celebren concentraciones por hasta 30 días seguidos, lo que ha ocurrido en bastantes ocasiones, tanto en municipios de la provincia de Cádiz como en otras provincias”.
En el año 2012, en Jerez se comunicaron un total de 215 manifestaciones; en 2013 fueron 323; 225 en 2014; y 437 en 2015, lo que arroja un global de 1.200, “prácticamente una por cada día hábil”, se deja caer.
Y termina considerando Javier de Torre que la Subdelegación “actúa con el mismo criterio en todos los municipios de la provincia”, y ese criterio no es otro que “actuar respetando las leyes pero, a la vista de la posición de la alcaldesa de Jerez, su actitud denota una falta de respeto a los derechos de los trabajadores”. En ese escrito que la Subdelegación dice no haber recibido, en ningún momento se pide que se prohíban estas protestas sindicales.
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