El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Jerez ha matizado la denuncia del SIP, revelando que tanto la alcaldesa como su concejala de Recursos Humanos se han asignado servicio de escolta. “Sólo se ha habilitado un dispositivo de seguridad puntual que no se utiliza todos los días, sino de forma esporádica”, se responde, justificándolo por indicaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y se recuerda que la anterior alcaldesa del PP tenía tres escoltas a su servicio, y este sindicato nunca abrió la boca.
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Jerez ha matizado la denuncia del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP), revelando que tanto la alcaldesa, Mamen Sánchez, como su concejala de Recursos Humanos, Laura Álvarez, se han asignado servicio de escolta, menguando los servicios policiales ordinarios.
En la réplica del Ejecutivo socialista se “niega” que la primera edil cuente ahora con guardaespaldas: “sólo se ha habilitado un dispositivo de seguridad puntual que no se utiliza todos los días, sino de forma esporádica”, se precisa en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
También se asegura este servicio de seguridad “se ha puesto en marcha siguiendo las indicaciones y sugerencias de los Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo la primera vez en la historia del Ayuntamiento de esta ciudad que un alcalde o una alcaldesa no tiene escolta”.
El actual Gobierno municipal afirma que no tiene nada que objetar al uso de la escolta policial por parte de los primeros ediles, sin embargo, ha rechazado que el SIP “no hiciera objeciones cuando la utilizó de forma regular la anterior alcaldesa del PP, María José García-Pelayo y sí haya difundido sus críticas ahora, que el actual Gobierno ha solicitado un servicio puntual”.
En este contexto, se recuerda que la conservadora García-Pelayo “tenía tres escoltas a su servicio y un vehículo de la Policía Local apostado en las proximidades de su domicilio particular”.
“Este servicio costó a los jerezanos 170.000 euros anuales, sin que ello fuera motivo de críticas por parte de este sindicato, aún cuando el nombramiento de los agentes seleccionados para desempeñar esta función incumplió las bases de la convocatoria para el nombramiento por libre designación de esos puestos, tal y como resolvió el pasado mes de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez, con una sentencia que ordenó anular los nombramientos de los escoltas de García-Pelayo”, se remarca.
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