El Ayuntamiento de Jerez va a denunciar ante el Juzgado los hechos motivadores del expediente disciplinario a dos trabajadores municipales iniciado el pasado 30 de noviembre.
Al respecto, CSIF denunciaba en su momento que “entraron hasta nueve personas (incluyendo el concejal del área donde trabajan los dos afectados, el director de área, y hasta notarios contratados externamente) en el despacho de estos empleados, requisando sus ordenadores de trabajo, en un claro intento de amedrentarlos y evitar que continúen con sus reivindicaciones propias de un sindicato, amparadas por la propia Constitución española”.
El pasado lunes el comité de empresa del Consistorio celebraba una concentración en protesta “por los ataques continuados del equipo de Gobierno contra la labor sindical”. Ante ello, el Ejecutivo de Mamen Sánchez rechazaba cualquier medida de “presión o chantaje” impulsada para exigir la retirada de estos dos expedientes disciplinarios. “Los sindicatos lo que están haciendo es presionar para que se archiven los expedientes, como si los expedientes disciplinarios pudiesen ser objeto de negociación, pidiéndonos a la administración que miremos para otro lado ante hechos graves para gozar de impunidad sindical”, se alertaba.
Y este miércoles, la concejala de Recursos Humanos, Laura Álvarez, comparecía para anunciar que se eleva la cuestión a la Justicia: “obligados por el clima de amenazas y las maniobras obstruccionistas por parte de sindicatos municipales, y de una de los dos empleados afectados por el expediente, será el Juzgado el que tendrá que determinar las responsabilidades. Proclamando su estatus de inmunidad sindical, han evitado que podamos solucionar el expediente disciplinario con discreción y con garantías”.
Incide esta edil socialista que el Gobierno municipal había iniciado un procedimiento disciplinario “garantista y respaldado por la ley, manteniendo la privacidad de los trabajadores afectados, y sin dar difusión a los hechos objeto de investigación”. Y en este sentido, muestra su repulsa a los hechos de “hostigamiento sufrido por los dos funcionarios de carrera que tenían encomendada la tramitación del expediente disciplinario, con la irrupción de más de veinte sindicalistas en el despacho del instructor y secretaria, amedrentando a los dos funcionarios”.
Álvarez ha hecho referencia al informe realizado por el instructor y la secretaria del expediente, uno de los cuales ha tenido que acogerse a una baja médica tras lo sucedido, en el que detallan haber sufrido gritos e insultos como “inquisidores”, “comprados”, “nos mandaron a callar”, “nos fotografiaron sin nuestro conocimiento vulnerando nuestro derecho a la intimidad”.
Para evitar nuevas situaciones de acoso a funcionarios municipales, se ha aprobado en Junta de Gobierno Local la presentación de los hechos motivadores del expediente disciplinario en el Juzgado, se apostilla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“No sería justo someter a otros funcionarios a este acoso, estamos obligados a proteger a toda la plantilla contra ataques a su persona o profesionalidad. Es lógico pensar que sus acciones intimidatorias continuarán. Por responsabilidad, no podemos destinar a otro funcionario a este procedimiento disciplinario, y no tenemos otra vía que poner en manos de la justicia los hechos por lo que se abrió el expediente disciplinario”, ha defendido la concejala.
ACCESO INDEBIDO A MÁS DE 4.000 DOCUMENTOS MUNICIPALES
Pero ¿qué hay detrás de estos expedientes? Laura Álvarez ha relatado que “la alerta surge a final de agosto por fuga de información de un expediente de Urbanismo”. Tras comprobaciones pertinentes en el sistema informático, “se localiza que estos dos empleados, sin tener que ver con su trabajo, acceden a ese expediente”. Es más, “desde 2017 se habían dedicado a entrar al Sistema de Información Municipal para ver documentos de todo tipo. Se da la circunstancia de que la empleada accedió con la clave del otro trabajador, porque la suya no le daba acceso”.
“Se han contabilizado más de 4.500 accesos indebidos a expediente y documentos municipales. Estos documentos no tienen que ver con su trabajo”, ha subrayado la también primera teniente de alcalde. De ellos, 1.500 expedientes de Urbanismo, “entre ellos solicitudes de licencias de obras de ciudadanos, expedientes de aperturas de negocios, proyectos municipales de obras”; más de 2.800 accesos al registro municipal, “viendo escritos de ciudadanos, de empresas o partidos”; 140 informes de intervención municipal; e información sobre mesas de contratación.
En definitiva, “tres años dedicados a entrar al Sistema de Información Municipal para ver documentos, con datos personales de ciudadanos y empresas. Y en el caso de la delegada sindical, utilizando la clave del otro compañero”.
Desde el Ayuntamiento, ante estos hechos, y antes de acordar abordar el expediente disciplinario, se contrató a un perito informático para corroborar lo sucedido, “otorgando certeza total sobre ellos”.
“En un mundo regido por la ley de protección de datos, llevan tres años accediendo a más de 4.500 expedientes plagados de datos personales. ¿Con qué fin?, ¿qué uso?, ¿con quién se compartió? La instrucción del expediente disciplinario lo iba a investigar, pero se ha querido desviar la atención de esos hechos con maniobras malintencionadas”, entiende la edil del PSOE.
“Damos un paso al frente acudiendo a la Justicia –sentencia- para que se pueda investigar los hechos sin presiones ni amenazas a funcionarios municipales. Los empleados son la columna vertebral de la administración y vamos siempre a defenderlos de situaciones de acoso y presiones. La plantilla municipal conoce perfectamente sus obligaciones y trabajan de forma responsable como trabajadores públicos que son”.
Finalmente, el Gobierno municipal ha invitado tanto al PP como a los sindicatos municipales a comparecer y valorar los hechos objeto del expediente disciplinario, aclarando si apoyan esa utilización de las herramientas informáticas municipales.
De hecho, esta formación de derechas ya salía estos días “en defensa” de la plantilla municipal ante lo que llama “actitudes pseudomafiosas del PSOE de Mamen Sánchez que está llegando incluso a perseguir a trabajadores solo por sus ideas”.
IU EXIGE “LLEGAR HASTA EL FINAL” Y MIRA AL PP
Desde IU en el Ayuntamiento (parte de la coalición Adelante Jerez) consideran de “suma gravedad” los hechos acaecidos en relación a los accesos indebidos a expedientes y documentos que, al parecer, se han estado produciendo en el Ayuntamiento desde 2017 por parte de estos dos empleados municipales.
Sobre ello, pide la “máxima claridad” ante estos hechos y pide llegar “hasta el final” para saber con qué información se ha consultado indebidamente y con qué propósito se han robado dichos datos. Además, exigirá una aclaración de si el PP y su portavoz Antonio Saldaña están detrás del robo de la información, “y es que una de las personas acusadas es miembro del PP, es representante del PP en consejos de administración municipales, se presentó a las últimas elecciones en la lista del PP y es persona de confianza de Saldaña”.
A juicio del concejal izquierdista Raúl Ruiz-Berdejo, los hechos denunciados por el Gobierno local son “sumamente graves”. Por lo que “creemos que es imprescindible llegar hasta el final” para saber qué ha ocurrido y con qué finalidad. “Es necesario saber qué información se consultó y con qué fin se accedió de forma irregular a esa información”, repite.
EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA ACTÚA DE OFICIO
Por su lado, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha anunciado que ha abierto de oficio actuaciones previas para investigar ese posible acceso indebido de datos personales en poder y bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.
Este acuerdo de la autoridad de control andaluza tiene como objetivo determinar los hechos producidos y sus circunstancias para, si fuera conveniente, tramitar un correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales.
Este Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la comunidad autónoma. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
