El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Jerez ha aclarado, y bastante, su posición con respecto a la prometida reincorporación de los trabajadores municipales afectados por el ERE impuesto por el PP en 2012. Un informe jurídico, de asesoramiento a los propios concejales del PSOE, señala que los acuerdos transaccionales con los despedidos podrían incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal”. Por ello, el Ejecutivo de Mamen Sánchez ya admite abiertamente que “desde la responsabilidad”, no dará un paso en falso “que pudiera poner el peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública”. E insiste en hacer corresponsables a Ganemos, IU y Ciudadanos “si aún estiman que se puede hacer conforme a la ley”, invitándoles a formar parte de la Junta de Gobierno Local que diera ese ‘ok’, que no recomienda.
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Jerez ha aclarado su posición con respecto a la prometida reincorporación de los trabajadores municipales afectados por el ERE impuesto por el PP en el mandato anterior, y los últimos informes con los que dice contar, que ponen trabas a este proceso, y que ha generado la reacción de Ganemos Jerez y de IU, cuestionando la forma de proceder del Ejecutivo liderado por Mamen Sánchez.
Insisten desde este Gobierno del PSOE en minoría que solicitó un informe jurídico “para resolver las dudas planteadas por el PP” sobre la viabilidad legal de los acuerdos transaccionales con el colectivo de trabajadores afectados por el ERE y, además, garantizar el cumplimiento del acuerdo plenario del 26 de noviembre de 2015, votado a favor también por grupos de la oposición, en el que se decía textualmente que “el cumplimiento de todos los extremos contenidos en el presente acuerdo será de aplicación siempre y cuando se sujeten a la legislación vigente y normativa que le sea de aplicación”.
Dicha solicitud se formuló a un jurista del propio Ayuntamiento ante la ausencia de un secretario que pudiera despejarlas. Y el informe concluye señalando que los acuerdos transaccionales “podrían no garantizar la salvaguarda del interés público”, algo que, se insiste, debería certificar un secretario del Ayuntamiento antes de llevarlo a pleno.
A la vista de este informe, y para conocer los posibles riesgos penales a tener en cuenta a la hora de votar, el PSOE “tras un acuerdo unánime de todos los concejales que conforman el Gobierno local”, encargó otro informe a una firma local “de reconocido prestigio en la materia, Manuel Hortas Abogados”. Este informe, emitido para el asesoramiento de los miembros de este grupo político fue solicitado, por tanto, para conocer si la formalización de los acuerdos transaccionales pudiera conllevar o no posibles riesgos de incurrir en algún delito, se insiste en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Este último documento, de cuyo contenido se ofreció “un adelanto” el pasado viernes al Gobierno local vía telefónica, no se recogió hasta las 19 horas de esa jornada. Además, el sábado se convocó a Ganemos, IU y Ciudadanos para trasladarles su contenido, “pero las tres excusaron su asistencia a dicha reunión por diferentes motivos a pesar de la trascendencia del asunto a tratar”, se asevera.
Se avanza que el expediente completo del proceso correspondiente “se hará público y se remitirá a los trabajadores una vez que esté instruido”.
LAS CONCLUSIONES DE MANUEL HORTAS ABOGADOS: NO HAY LUGAR A LA READMISIÓN
En el nuevo informe de Manuel Hortas Abogados se expone lo siguiente, literalmente: «La transacción con los trabajadores, una vez que el Ayuntamiento acordó́ su despido y ya optó por la no readmisión en el trámite judicial, constituye un acto contrario a lo resuelto, y en este caso debiera existir una firme fundamentación tanto de hechos como de Derecho que impusiese la necesidad de actuar de forma contraria a lo ya acordado, como circunstancias sobrevenidas que determinarían grave perjuicio a la causa pública. Esta fundamentación fáctica y jurídica no aparece clara en los documentos consultados, privando así́ de sustento la decisión pretendida».
«La existencia de un expediente de regulación aprobado y resuelto favorablemente, con sentencia definitiva, y la ejecución de este expediente por el Ayuntamiento mediante los correspondientes despidos constituye una actuación administrativa firme. El hecho de que el Ayuntamiento haya optado, en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, parece impedir que pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión»
«En el caso de transigir y acordar la readmisión de esos trabajadores, esa decisión podría llegar a ser considerada carente de fundamento legal y solo sustentada en el cumplimiento de determinadas promesas electorales o acuerdos políticos ajenos a la gestión municipal. En ese sentido sería una resolución infundada y, por ello, arbitraria y susceptible de constituir delito de prevaricación».
En este sentido, se recuerda que el Ayuntamiento optó en 2015 por la no readmisión, presentando dicha opción formalmente en sede judicial, “maniobra que ejecutó en los últimos días del mandato del Gobierno del PP”. Fue, por tanto, en el fin del mandato de la derecha cuando el Ayuntamiento optó “en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, impidiéndose que ahora el Ayuntamiento pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión”, se deja caer.
Dicho informe jurídico, además, añade que: “la transacción del Ayuntamiento con los trabajadores sujetos al expediente de regulación de empleo por la que se acuerde su readmisión es una resolución administrativa susceptible de constituir delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal; La transacción del Ayuntamiento con los trabajadores del expediente de regulación de empleo por la que se acuerde su readmisión puede constituir delito de malversación del artículo 432 del Código Penal; y la transacción del Ayuntamiento con los trabajadores sujetos al expediente de regulación de empleo por la que se acuerde su readmisión puede constituir delitos de nombramiento ilegal del artículo 405 del Código Penal”.
El Gobierno liderado por Mamen Sánchez aclara en que este documento no podrá formar parte del expediente administrativo por ser un informe de asesoría particular de los concejales del Grupo Municipal Socialista.
EL GOBIERNO JEREZANO SE SOLIDARIZA CON LOS DESPEDIDOS…
Con este informe particular en la mano, el equipo de Gobierno parece reconocer que, por su cuenta, no cumplirá su promesa de reincorporar a los 116 despedidos por el PP que cuentan con sentencias de despido improcedentes –el colectivo lleva ya más de dos meses encerrado exigiendo que se cumpla con esta palabra…-, y pasa a expresar su “solidaridad y comprensión” con la situación de los afectados por el ERE municipal.
Incide en que “ha hecho todo lo posible” durante casi un año y medio de trabajo para conseguir instruir un expediente administrativo que, conforme a la ley, permitiera una reincorporación de dichos trabajadores y trabajadoras a la plantilla del Ayuntamiento. “A pesar de este esfuerzo, las continuas lagunas jurídicas expresadas por los informes jurídicos no concluyentes que se han ido emitiendo a lo largo de este periodo, añadidas a la contundencia de los nuevos informes jurídicos, aconsejan, desde la responsabilidad, no dar un paso en falso que pudiera poner el peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública”, se apostilla.
A este respecto, se subraya que el propio interventor del Ayuntamiento ya expresó dudas sobre “las lagunas e insuficiencias” de los informes jurídicos que obran en el expediente, dándose la circunstancia de que “dichas lagunas e insuficiencias se han visto reforzadas por opiniones jurídicas de peso que expresan que dichos acuerdos transaccionales pudieran no solo ser contrarios al derecho, sino, además, ser constitutivos de delito contra la administración pública”.
SE TRASLADA LA RESPONSABILIDAD A LA OPOSICIÓN
No obstante esto, el Ejecutivo de Mamen Sánchez dice que “no quiere ser obstáculo para el proceso de reincorporación de dichos trabajadores”, en tanto que otros grupos políticos “han expresados que están plenamente convencidos acerca de la legalidad de los citados acuerdos transaccionales”.
Es por ello que, a pesar de estos nuevos informes y aunque este Gobierno municipal “no recomienda que lo hagan”, se repite –como ya expresara Sánchez el pasado viernes-, que si Ganemos, IU y Ciudadanos “todavía están convencidos de que se puede proceder a la reincorporación conforme a ley”, se reitera la disposición a que cuatro miembros de estos grupos políticos de la oposición “se incorporen al Gobierno y aprueben dicha reincorporación en una Junta de Gobierno Local, si es que consideran que se puede hacer así de esta forma”.
Esa hipotética Junta de Gobierno Local se celebraría, como es preceptivo, tras los plenos de aprobación de los presupuestos para 2016 y del plan de ajuste, requisitos necesarios previos para proceder a la reincorporación, como advertía recientemente IU.
“La posibilidad de contar con un secretario es mucho mayor para un pleno que abordase únicamente presupuestos y plan de ajuste, ya que las reticencias hasta la fecha se han centrado en lo referente al expediente del ERE municipal. De ahí que, llegado el caso, se ofrece hacer esto último en una Junta de Gobierno Local, si es que dichos grupos de la oposición consideran que este proceder fuera conforme a ley”, se sentencia.
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