El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha celebrado una concentración de repulsa y condena en apoyo al profesional sanitario agredido este pasado viernes 28 de junio en el centro de salud de San Benito de Jerez.
Los hechos sucedieron mientras ese celador conductor atendía a un paciente que se puso violento, profiriendo gritos e insultos y rompiendo una mampara que acabó cayendo encima del sanitario. El afectado ya ha cursado la correspondiente denuncia.
Desde CCOO se precisa en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la agresión se produjo alrededor de las 13.30 horas: “el paciente fue a pedir cita con una urgencia no demorable y mientras el profesional estaba tramitándole la petición, comenzó el ciudadano a insultar y pegar voces, golpeando súbitamente el metacrilato de protección lo cual impacta contra el trabajador”. Tras la personación de la Policía puso fin al incidente para tramitar la correspondiente denuncia.
Pero además, este sindicato denuncia que este ambulatorio “se queda sin personal de seguridad desde las 13 horas, siendo conocido esto por los usuarios que lo frecuentan, por lo que la mayoría de las situaciones de riesgos se producen a partir de esa hora. Y lo mismo sucede con la mayoría restante dentro del Área”.
Para CCOO, esta situación es “insostenible” y lamenta la “inacción” de la dirección del Área de Gestión Sanitaria Jerez-Costa Noreste-Sierra, “que no ha adoptado ninguna medida para proteger a su personal en toda su jornada laboral a pesar de que la lacra de las agresiones a los profesionales continua”. Por ello, ha reiterado la “imperiosa necesidad” de que se dote a todos los centros de salud de vigilantes y cámaras de seguridad, “obteniendo siempre la pasividad por respuesta”.
“ES NECESARIO ACTUAR SOBRE EL DETONANTE DE LA VIOLENCIA”
“El problema de las agresiones no tiene una única causa y ninguna de ellas las justifica, sin embargo, las altas demoras, las colas interminables, la imposibilidad de obtener citas, la dificultad para ser atendido presencialmente, la creciente falta de personal, la sobrecarga asistencial y un largo etcétera pueden ser considerados detonantes a la hora de que cierto tipo de personalidades violentas den rienda suelta a su peor cara y es necesario actuar sobre todos ellos de manera urgente”, reflexiona este sindicato.
Obviando las demandas sindicales, la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, se dedica a mostrar públicamente su apoyo al profesional afectado, y a repetir que la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial “viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión”. Y suelta la misma parrafada que en otras agresiones anteriores, aseverando que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “cuenta con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra incluidos en el plan de prevención y atención a las agresiones”.
