La Plataforma Laicista de Jerez e IU han mantenido un encuentro que ha servido de puesta en común del trabajo de este colectivo durante los últimos meses y las actuaciones que, en ese ámbito de actuación, han sido impulsadas por la coalición izquierdistas. Ambas partes pelearán contra la norma franquista que ha permitido a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes de toda índole, “actuando como si fuera una administración pública y sin aportar más título de propiedad que la palabra del Obispo”.
La Plataforma Laicista de Jerez, de reciente constitución y de la que forma parte la asamblea local de Izquierda Unida, y el grupo de IU han mantenido un encuentro que ha servido de puesta en común del trabajo desarrollado por la plataforma durante los últimos meses y las actuaciones que, en ese ámbito de actuación, han sido impulsadas por la coalición desde su espacio en las instituciones.
Así, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se abordó la necesidad de profundizar en cuestiones tales como las inmatriculaciones llevadas a cabo por la jerarquía de la Iglesia católica en la ciudad. No en vano, tanto la Plataforma Laicista como IU coinciden en que las administraciones tienen la responsabilidad de defender la titularidad de aquellos bienes de naturaleza pública que puedan haber sido registrados por la Iglesia, actuando como si fuera una administración pública y sin aportar más título de propiedad que la palabra del Obispo.
Según el portavoz municipal izquierdista, Raúl Ruiz-Berdejo, “el Ayuntamiento de Jerez no puede, ni debe mirar hacia otro lado mientras la Iglesia se apropia de bienes que no son suyos. Ha llegado el momento de que todos sepamos hasta qué punto eso ha estado ocurriendo en Jerez y de que el Ayuntamiento defienda la titularidad de bienes que son de todos los jerezanos”.
Esta formación insiste en que las inmatriculaciones vulneran la Constitución española y los valores comunes del Derecho Europeo, como ya reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su primera sentencia sobre la cuestión en noviembre de 2014, y aunque el Gobierno derogó este privilegio en 2015, “lo hizo sin efectos retroactivos, lo que en la práctica no es sino una amnistía registral, que obliga a las administraciones y personas afectadas a reclamar uno a uno los miles de bienes usurpados”.
Del mismo modo, IU se ha comprometido con la Plataforma Laicista a recabar toda la información de los bienes de la Iglesia en la ciudad que no están sujetos al pago del IBI y cuales de estos bienes están exentos del impuesto a pesar de no estar dedicados al culto. Y solicitará información de los locales cedidos a las hermandades jerezanas, tanto los que han sido ejecutados como los que no, y si, como se pretendía hacer con el local que se iba a ceder a la Unión de Hermandades, el Consistorio está corriendo con todos los gastos de luz y agua derivados de la utilización de esos espacios.
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