El Gobierno local en el Ayuntamiento de Jerez ha decidido contratar una empresa externa que realice el informe jurídico sobre los expedientes de las propuestas de acuerdo transacionales de los afectados por el ERE municipal impuesto por el PP en el mandato anterior. Se opta por esta opción después de que el Servicio de Asistencia Jurídica del propio Ayuntamiento reconozca que no puede realizar dicho informe debido a la premura de tiempo y el “inmenso” volumen del expediente.
El Gobierno local del PSOE en el Ayuntamiento de Jerez ha tomado la decisión de contratar una empresa externa que realice el informe jurídico sobre los expedientes de las propuestas de acuerdo transacionales de los afectados por el ERE municipal impuesto por el Ejecutivo del PP en el mandato anterior, que cuentan con sentencias de despidos improcedentes.
Esta decisión –enmarcada en el encierro que trabajadores afectados han iniciado días atrás en dependencias municipales exigiendo una solución, y el cruce de declaraciones entre el equipo de Gobierno y sus ‘socios’ en la oposición, Ganemos e IU– se ha tomado, según señalan desde el Consistorio en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, a raíz de que el Servicio de Asistencia Jurídica del Ayuntamiento, al que se había encargado el informe jurídico la pasada semana haya puesto de manifiesto que, debido a la premura de tiempo y al volumen de los expedientes que tienen que estudiar, no puedan realizar el informe antes del próximo 14 de septiembre, fecha límite para remitirlos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su homologación.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha informado personalmente a los afectados por el despido masivo de esta situación y les ha explicado las medidas que va a adoptar el Gobierno local a partir de este momento. Igualmente, ha informado a los grupos de la oposición y les ha pedido que aporten todos los informes que tengan para buscar una solución a los problemas planteados.
La primera edil socialista insiste en su Ejecutivo “lleva trabajando un año para solucionar todos los problemas derivados del ERE” llevado a cabo por la derecha “de una manera injusta y arbitraria, dejando muy pocas opciones a los trabajadores que con sentencias improcedentes querían volver a trabajar”. Y reitera que “no va a cesar” en buscar soluciones a los problemas planteados “contando siempre con todas las garantías jurídicas y legales”.
El Interventor Municipal, se repite, realizó un informe en el que aseguraba que “existen insuficiencias y omisiones” en el informe emitido por el gabinete jurídico ya que éste no contenía conclusión sobre la adecuación a la normativa vigente y el cumplimento de los requisitos determinados por la Dirección General de la Función Pública. Fue el propio gabinete jurídico el que sugirió, en una reunión con los afectados y los grupos políticos, que se encargara un segundo informe a otro departamento, por lo que el Gobierno municipal pidió este informe al Servicio de Asistencia Jurídica el pasado viernes. Y ahora, ante los peros del mismo, se encargará a una empresa externa.
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