El Juzgado Contencioso-Administrativo ha emitido una sentencia que desestima en su integridad una demanda presentada por una empleada municipal, la que fue jefa de Protocolo y Relaciones Públicas de la anterior alcaldesa del PP, interpuesta contra su cese aprobado por el PSOE una vez que llegó a la Alcaldía. El fallo interpreta que la derecha aprobó en octubre de 2014 además de este otra treintena de nombramientos “en fraude de Ley”.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez ha emitido una sentencia que desestima en su integridad una demanda presentada por una empleada municipal, la que fue jefa de Protocolo y Relaciones Públicas de la anterior alcaldesa del PP, María José García Pelayo, interpuesta contra su cese aprobado el 19 de junio, tras el cambio de Ejecutivo. La sentencia declara que el cese aprobado por el Gobierno municipal del PSOE “fue totalmente ajustado a Derecho”.
La sentencia destaca que esta empleada fue colocada a dedo mediante una adscripción temporal en comisión de servicio el 31 de octubre de 2012 -con el Gobierno municipal de la derecha- y que la ley establece un plazo máximo de dos años, para este tipo de nombramientos, por lo que expiró el 31 de octubre de 2014. Pero ante esta circunstancia, el mismo día 31 de octubre, dicho equipo de Gobierno aprobó su cese y un segundo nombramiento en comisión de servicio, lo cual dice literalmente la sentencia que iba “destinado a burlar la norma que determina su duración máxima”, añadiendo que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
En el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de octubre de 2014, el Gobierno municipal aprobó 32 nombramientos como el que aborda la referida sentencia. Por tanto, “32 nombramientos aprobados persiguiendo burlar la norma y se adoptaron en fraude de Ley”, entienden desde el actual equipo de Gobierno liderado por Mamen Sánchez.
Ante la sentencia, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz la concejala de Recursos Humanos, Laura Álvarez, señala que “viene a avalar que estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo con las leyes y, además, refrenda lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno municipal: una desastrosa y arbitraria gestión de los recursos humanos llevada a cabo por el PP, que en muchas de sus actuaciones, como la que reprueba esta sentencia, lo que pretendía era dar una apariencia de legalidad a sus actos burlando las normas”.
El actual Ejecutivo aprovecha para incidir en “los gravísimos problemas de gestión que se encontró en materia de recursos humanos como consecuencia de la política errática del PP y, como en este caso, por el desprecio a la norma por parte de García Pelayo”. Esta sentencia confirma, según Álvarez, “el sistema establecido por el PP, que arbitrariamente beneficiaba a unos empleados en detrimento de otros, utilizando subterfugios legales o actuaciones, como ésta, en claro fraude de Ley”.
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