La Guardia Civil interceptaba días atrás, aunque ha transcendido ahora, al conductor de un camión que septuplicaba la tasa de alcohol permitida, en la carretera A-2004 ya en el término municipal de Jerez. La actuación se produjo tras el aviso de un ciudadano al 112 sobre la circulación temeraria del vehículo pesado, arrastrando un semirremolque de 35.000 kilogramos de masa máxima.
Los hechos se produjeron el pasado 23 de mayo, cuando gracias a la colaboración ciudadana, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz supieron de la situación de este vehículo articulado procedente de El Puerto de Santa María, que circulaba de modo temerario por distintas vías. Incluso, impactó con una señal vertical en la autovía A-491, cuando lo hacía sentido A-4.
Así, se alertó a las patrullas del Destacamento de Tráfico de Jerez, que montaron un dispositivo para localizarlo y que lo interceptaron en el kilómetro 0,500 de la carretera A-2004 junto a una dotación de la Policía Local jerezana.
Tras la detención del camión, se comprobó que el conductor presentaba síntomas evidentes de se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Tras las pruebas de detección, arrojó un resultado positivo de 1,05 y 1,10 mg/l de alcohol en aire espirado, cuando la tasa máxima permitida para conductores profesionales es de 0,15 mg/l, “siendo siete veces más de la permitida”.
Del mismo modo, los agentes detectaron una infracción a la normativa de transportes por carecer de tarjeta de transporte. De este modo, ha sido detenido acusado de dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida o integridad de las personas, y otro por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz, ambos delitos están recogidos en el Código Penal, por lo que fue puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de los de Guardia de Jerez, enfrentándose a penas de prisión de seis meses a dos años, o a multas de seis a doce meses, o trabajos en beneficio a la comunidad de 31 a 90 días; y en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años, además de las sanciones económicas por las infracciones cometidas.
