Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado a lo justo (con el apoyo de PSOE, Adelante Jerez y Ganemos) una operación de préstamo por más de 6,7 millones de euros para la cancelación de obligaciones pendientes de pago a proveedores. Se enmarca en el enésimo fondo de ordenación activado por el Estado.
Ha sido el voto de calidad de la alcaldesa, Mamen Sánchez, el que ha decidido sacar adelante la revisión obligada del plan de ajuste como requisito para formalizar la nueva operación y también la aceptación del compromiso de aplicar las medidas que, en el marco del plan de ajuste o durante su vigencia, se requieran por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como requisito para formalizar la nueva operación.
Al respecto de la votación, la concejala de Economía y Hacienda, Laura Álvarez, aclaraba a los grupos municipales que lo han rechazado que dicho plan de ajuste se aprobó en pleno y tiene los informes favorables del Ministerio de Hacienda y de la Intervención municipal.
Además, ha repetido que “no hay que tomar medidas en el plan de ajuste porque se reducen los intereses”.
Con esta adhesión al nuevo plan de pago a proveedores habilitado por el Gobierno central, el Consistorio jerezano pedirá 6,7 millones -a devolver en 12 años, con los cuatro primeros de carencia- para abonar, en concreto: más de 5,2 millones a acreedores del propio Ayuntamiento; unos 708.300 euros a proveedores de la empresa pública Comujesa; otros 576.400 euros de Cirjesa; 201.550 euros de la fundación Fundarte; más de 4.800 euros de la Fundación Andrés de Ribera; e incluso la anecdótica cifra de 236 euros que se adeuda a proveedores de la Fundación Formación y Empleo.
“Son pequeñas y grandes empresas que pueden cobrar el mes de mayo, pero deben renunciar a los intereses”, ha subrayado la responsable de Economía; que ha insistido en que los intereses se disminuirán en 1,5 millones porque se pasa de deuda comercial, donde el interés es del 8%, a deuda financiera que es el 0,6%, aunque en la última adhesión al fondo de contingencia el interés fue al 0 por ciento.
En este punto, la concejala socialista ha reconocido el apoyo de las empresas que se ha adherido a este nuevo plan de pagos: “han dicho que quieren renunciar voluntariamente a los intereses y hay grupos que votan en contra. Son 6,7 millones de euros que voluntariamente han aceptado las empresas porque quieren apoyar al Ayuntamiento para que se ahorre 1,5 millones”.
EL PP CONSIDERA A SÁNCHEZ “INCAPAZ DE PAGAR SUS FACTURAS”
Mientras, el argumento del principal partido de la oposición para votar en contra es que dice que “no va a ser cómplices de esta estrategia del PSOE, junto a sus socios de izquierda, de apretar al máximo el cinturón de los jerezanos como respuesta a una gestión socialista que, como se ha demostrado, es incapaz de pagar las facturas”. Así, se insiste en que el dinero que ahora se pide “es para pagar deudas de Mamen Sánchez, lo que evidencia que, al contrario de lo que tanto anuncia, el PSOE no está pagando ni a proveedores, ni a pymes ni a los colectivos”.
Además, para esta formación de derechas, el plan de ajuste “es una tomadura de pelo porque contiene medidas imposibles de aplicar y objetivos imposibles de alcanzar”.
En definitiva, los populares aseguran en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que no se oponen al pago a proveedores, sino “a generar más deuda y quebrar el Ayuntamiento”.
Ante ello, la edil de Economía y Hacienda ha repetido que el equipo de Gobierno liderado desde 2015 por Mamen Sánchez “ha destinado 78 millones de euros sólo a pagar la deuda con Seguridad y Hacienda del gobierno del PP; y hemos pagado mucho más por las deudas comerciales que dejó el PP”.
“El Gobierno municipal se ha visto obligado a llevar a cabo una prelación de pago para dar prioridad a las facturas de 120 millones de euros de facturas del gobierno del PP, que se hallaban en un cajón porque que no estaban reconocidas. Nos hemos dedicado a pagar las facturas que ustedes dejaron”, ha apostillado, quien entiende que ahora “por primera vez la deuda está ordenada y no está en los cajones; lo dicen los informes de la Intervención”.
