El Gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Jerez se ve obligado a subir impuestos, pero en paralelo, empieza su campaña de piruetas lingüísticas para trasladar el mensaje de que “no repercutirá en la economía de los jerezanos”.
De este modo, la derecha aprobará en el pleno ordinario de este mes de julio (tiene holgada mayoría absoluta) una modificación de tres ordenanzas fiscales “para cumplir con los acuerdos alcanzados a finales del pasado año con el Ministerio de Hacienda”. No hay que olvidar que este Consistorio, uno de los más endeudados del Estado español, sigue en la práctica intervenido económicamente desde Madrid.
Dicha renegociación “evitó que la amortización de parte de la deuda histórica repercutiese en el bolsillo de los ciudadanos”, se repite. El acuerdo con el ministerio de María Jesús Montero permitía que la amortización del pasado año, “que debió hacerse antes de junio por el anterior Gobierno local del PSOE”, fuese “de un 70% menos que lo exigido inicialmente”, devolviéndose de esos préstamos finalmente 9 de los 30 millones de euros que tocaban.
Una reducción negociada con Hacienda a cambio de aumentar los ingresos municipales (unos 4,2 millones de euros más al año) por tres vías: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
“ESTAS SUBIDAS ESTÁN RESPALDADAS POR EL CONSEJO SOCIAL”
En el primer caso, se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se trata de la supresión de la bonificación de la que hasta ahora gozaban los vehículos de más de 25 años. Se acaba así con este ‘premio a los vehículos más contaminantes’, basada en la Ley estatal sobre bajas emisiones, “que solo afectará al 7% del parque móvil de la ciudad: 11.094 de un total de 156.323 vehículos”.
En el segundo caso, el incremento del coeficiente de situación del IAE pasará del 2,8 al 3,8, “una variación mínima que solo afectará a las empresas de la ciudad que facturan más de un millón de euros”, se remarca desde el Ejecutivo liderado por María José García-Pelayo.
“Según los últimos datos publicados por el INE, en Jerez hay 11.193 empresas y, según los últimos datos estadísticos de la Seguridad Social, hay 11.073 autónomos”. De esta manera, se argumenta, “de las 22.266 empresas teniendo cuenta personas físicas o jurídicas, solo se verán afectados por esta actualización 1.198, el 5,3% de empresas de la ciudad, que además podrán verla deducida en el Impuesto de Sociedades”.
Y en el caso del ICIO, durante los últimos años se han emitido una media de 2.600 liquidaciones al año de este impuesto. “Entendiendo que una obra se realiza en un inmueble y que en Jerez hay 137.896 fincas (128.397 urbanas y 9.499 rústicas), puede concluirse que esta subida afectará al 1,9% del total de inmuebles”. Además, se expone como ejemplo que una obra menor con un presupuesto de unos 3.000 euros, pagaría en concepto de ICIO un total de 108 euros, “con un leve incremento de 11 euros por esta actualización”.
En definitiva, el actual equipo de Gobierno de derechas prevé, con estas subidas “respaldadas por el Consejo Social de Jerez”, el aumento al año de los ingresos en 2,6 millones de euros más por el IAE, unos 901.000 euros más con la eliminación de la bonificación del IVTM, y otros 786.000 euros elevando el ICIO.
“NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO SUBIDAS DE IMPUESTOS”
Al respecto, el concejal de Hacienda, Francisco Delgado, defiende que estas “modificaciones” de ordenanzas fiscales “no pueden considerarse como subidas de impuestos a los ciudadanos, ya que tienen muy baja incidencia y en la principal revisión, el IAE, serán empresas que puedan soportar esa leve subida y, además, la pueden deducir en el Impuesto de Sociedades”.
“Dijimos que cumpliríamos con el Ministerio de Hacienda para mejorar las condiciones de pago de la deuda sin que, en ningún caso, se viera afectado el bolsillo de los jerezanos y se viesen mermados los servicios públicos”, presuma este edil del PP.
NUEVO ÍNDICE FISCAL DE CALLES
En paralelo, el Ejecutivo ha aprovechado para adaptar las propias ordenanzas a la legalidad vigente, suprimiendo el obsoleto Callejero Fiscal por un Índice Fiscal de Calles (se pasa de seis a cinco categorías). Una modificación que estaba sobre la mesa desde 2018.
Delgado aclara que este paso “supondrá acabar con el hecho de que hubiera tres empresas en una misma calle de la ciudad que pagaban a partir de un coeficiente distinto, algo que ahora se corrige y se actualiza conforme a sentencias del TSJA contra el Ayuntamiento desde 2018”. “Con la modificación incluso se dé la circunstancia de que haya empresas que ahora paguen menos”, sentencia.
