Desde 2015, con gobierno socialista el Ayuntamiento no ha promovido ni una promoción pública, reprocha un PP que se muestra en contra de la vivienda de renta libre y promete aumentar el parque público. Mientras, Adelante Andalucía tiene un plan para que en 2040 el 20% de todas las viviendas sean públicas y asequibles.
El Ayuntamiento de Jerez ha autorizado en lo que va de año, poco más de cinco meses, la construcción de un total 289 viviendas en toda la ciudad, de las que 47 se localizan en el centro histórico.
De este modo, a través de acuerdos de Junta de Gobierno Local se han concedido licencias urbanísticas a promotores privados que permitirán la ampliación del parque residencial local, bien mediante proyectos de edificación nueva, o bien de rehabilitación o adaptación de inmuebles para uso residencial.
Entre las nuevas promociones que han obtenido licencia este año figuran la de 50 viviendas que se construirá en el Paseo de las Delicias, y que se ubicará en una parcela de 1.400 metros cuadrados; estará compuesta por un edificio de ocho plantas de altura con viviendas, garajes, trasteros, locales y piscina.
Otros proyectos destacados tienen como finalidad la terminación de 100 viviendas en avenida Puertas del Sur, el Conjunto Residencial de 42 viviendas de la calle Real Escuela en una parcela municipal vendida por el Consistorio; y otras 14 que se edificarán en una parcela de Pozoalbero.
Entre los proyectos del centro histórico, se destaca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, figuran los destinados a la construcción de seis viviendas en calle Honda; ocho en calle Naranjas; nueve en Pozo del Olivar, seis en Barranco y otras cuatro en la calle Honda. Asimismo, en este inicio de 2023 se han autorizado más de una treintena de viviendas unifamiliares, bien de nueva construcción, o bien como resultado de procesos de rehabilitación o adaptación de inmuebles y locales.
Mirando desde más atrás, el Gobierno local liderado por el PSOE presume que desde el Ayuntamiento ha otorgado, desde 2015 y hasta la fecha, licencias urbanísticas para la construcción de unas 3.000 viviendas, de las que más de 850 se han repartido por distintos puntos del centro.
EL PP SALE EN DEFENSA DE LA VIVIENDA PÚBLICA
Ante a estos números, el PP le afea al PSOE que presumir de haber dado licencias “cuando es un acto reglado al que está obligado un ayuntamiento cuando un promotor la solicita” significa “asumir que no ha sido capaz ni ha querido construir una sola vivienda pública en ocho años”.
Para esta derecha jerezana este “fracaso de la gestión” de la alcaldesa Mamen Sánchez “supone que los jerezanos cada vez tengan más dificultades de acceso a una vivienda, hay más de 2.300 jerezanos esperando una vivienda, el precio del alquiler ha subido un 22% y el de la compra de vivienda usada un 14%”.
Y lo contrapone con la política que dice que sigue el PP en la Junta de Andalucía, que “está construyendo 200 viviendas para alquiler asequible en cuatro parcelas propiedad de la propia Junta”. Y claro, si los populares ganaran las elecciones municipales, se promete que eso haría también un futurible gobierno de derechas en Jerez: “fomentar la vivienda asequible desde el ámbito público para que los jerezanos puedan tener su vivienda”.
ADELANTE QUIERE QUE EL 20% DEL TOTAL DE VIVIENDAS SEA PÚBLICA
Por su lado, el candidato a la Alcaldía de Adelante Andalucía, Carlos Fernández, ha lanzado su compromiso al respecto “que nos equipare con el resto de Europa”: la puesta en marcha de un programa de vivienda pública “que logre que en 2040 el 20% del parque de viviendas en Jerez sea pública”.
Desde esta formación andalucista de izquierdas sostienen que, además de limitar los precios y frenar la turistificación de la ciudad, la mejor forma de garantizar el derecho a la vivienda es mediante la ampliación del parque de vivienda pública en régimen de alquiler. De esta forma, si el parque en manos de Emuvijesa apenas llega al 2% del total de las viviendas, en Adelante plantean que “con el apoyo financiero del Estado y de la Junta”, se pueda conseguir el 20% en algo más de 15 años.
La propuesta de Fernández se sustenta sobre la base de que “en lugar de que cada persona se hipoteque con el banco, lo lógico es que sea la administración (o una cooperativa de viviendas), que es quién obtiene el dinero a un menor interés, quien construya la vivienda y esta se vaya pagando con la renta que paga la persona inquilina mes a mes a precio de coste, así de simple”.