Vendedores de cupones se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, protesta que se repetía este lunes en toda España, para denunciar la falta de actuación de la Administración contra el juego ilegal, “que campa a sus anchas en las calles y pone en riesgo el trabajo de los vendedores de la ONCE”. Al respecto, UTO-UGT ha lanzado la campaña ‘El juego ilegal NO es un juego’, y ataca principalmente a la OID. Esta organización se defiende y lamenta que “el Estado no nos da el título habilitante para ejercer el juego benéfico en igualdad de condiciones con la ONCE, contradiciendo la Constitución y las normas antimonopolio europeas”.
Trabajadores de la Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) se concentraban este lunes día 13 ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, protesta que se repetía en toda España, para denunciar la falta de actuación de la Administración contra el juego ilegal, “que campa a sus anchas en las calles y pone en riesgo el trabajo de los vendedores de la ONCE”.
Durante la mañana también se entregó un escrito solicitando la urgente intervención contra esta “lacra” que “afecta a la sociedad, pone en riesgo a los consumidores y está afectando gravemente a la imagen de la ONCE y el futuro de sus más de 20.000 vendedores y vendedoras, todos ellos personas con discapacidad”.
Al respecto, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato ha lanzado la campaña ‘El juego ilegal NO es un juego’, para denunciar que “100.000 ciudadanos son engañados cada día por estas redes de juego ilegal, ante las muy escasas y poco rotundas actuaciones de la Administración”.
Estos vendedores de cupones han decidido movilizarse y salir a la calle para exigir a las autoridades competentes que actúen contra entidades “manifiestamente ilegales, como la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), entre otras”, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), “y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores de la ONCE”.
Con la campaña se trata de sensibilizar a los estamentos públicos, tanto centrales como autonómicos, de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, “y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía”, se insiste desde UGT.
“No podemos tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web”, lamentan desde UTO-UGT
En el conjunto del estado español el número de organizaciones ilegales, según este sindicato, asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros. En el caso de Andalucía, a finales de 2014 había un total de 10 asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaban para ello 1.151 colaboradores, “todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 38 millones de euros.”
LA OID RESPONDE QUE “DEBE HABER TRABAJO PARA TODOS“
Ante estas concentraciones de vendedores de la ONCE, la OID ha querido salir en defensa de sus propios trabajadores. “Somos conscientes de la difícil situación que atraviesan, pero entendemos que un sindicato debe luchar por la igualdad de todos, por el derecho a un trabajo digno y, en este caso, especialmente por la integración de todos los discapacitados en la vida laboral. No somos nosotros quienes estamos poniendo en riesgo los puestos de trabajo de los vendedores de la ONCE”, replican.
De este modo, la OID cree que este conflicto “no es contra nosotros, sino frente a su propia organización, que concede la venta del cupón a estancos, bares, gasolineras, etc… entrando en competencia desleal y directa con sus propios trabajadores”.
“Los trabajadores de la ONCE son un colectivo de 20.000 vendedores, mientras que en la OID –se argumenta- damos sustento a 4.000 familias discapacitadas, muchas de ellas en claro riesgo de exclusión social, a las que el Estado no nos permite dar de alta en la Seguridad Social, y a los que la policía acosa, incauta boletos y hace la vida imposible. Y a las que la ONCE, si la OID desapareciera, tampoco daría trabajo como ya demostró en su día”.
Esta Organización Impulsora de Discapacitados considera que la ONCE “lanza a sus trabajadores a la calle para clamar porque en España quede una sola organización en régimen de monopolio, como hasta ahora, pero en nuestra opinión hay cabida para todos y nunca será bastante la ayuda y el apoyo que seamos capaces de generar para los discapacitados españoles, ya que sus necesidades y la atención que precisan rebasa la capacidad de una sola organización”.
Por otro lado, la OID dice no sentirse identificada con lo que el lema de la campaña de la ONCE denomina “juego Ilegal”. “El juego no es ilegal en España y lo que debería estar es regulado. El Estado no nos da el título habilitante para ejercer el juego benéfico en igualdad de condiciones con la ONCE, contradiciendo la Constitución española y las normas antimonopolio europeas”, se queja. Y agrega que no “pone en riesgo” ni “engaña” tampoco a ningún consumidor: “jamás ha dejado de abonar ni uno solo de sus premios en sus más de 23 años de su actividad”.
Por todo ello, “y en la creencia de que es más importante lo que nos une que lo que nos separa”, la OID también dice plantar cara “a este y a cualquier Gobierno que favorezca la desigualdad entre discapacitados” y le exige que reforme la ley del Juego “que concede este privilegio de la venta del cupón benéfico sólo a la ONCE”.
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