Ustea Cádiz interponía esta semana que ahora acaba una denuncia penal por un delito continuado de prevaricación administrativa contra el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Miguel Andreu (colocado por Cs): “no vamos a permanecer impasibles ante la gravedad del ataque a la educación pública por parte de la consejería, que se salta las leyes que regulan el número máximo de alumnos permitidos por clase, masificando las aulas y degradando la calidad de nuestro sistema educativo”.
Desde comienzos del presente curso 2019/2020, este sindicato asegura tener conocimiento de “numerosos casos” en la provincia de ratios que sobrepasan el máximo permitido por la legalidad vigente, “casos que nos han llegado tanto por madres, padres y docentes, como en las visitas de nuestros representantes sindicales a los centros de la provincia”.
“Para la denuncia nos hemos basado en varios centros concretos, pero nuestro objetivo último es denunciar ante la opinión pública una situación generalizada que evidencia la política de recortes y agresión a la educación pública por parte del Gobierno andaluz”, remarcan desde Ustea en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
La cuestión de la ratio, o el número permitido de alumnos por unidad viene recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de educación Infantil, educación Primaria y educación Secundaria. “Y la legislación educativa es muy clara: se limita el número máximo de alumnos por aula a 25 en el caso de Primaria, 30 en el caso de Secundaria, y 35 en Bachillerato”, se subraya.
Estos máximos pueden tener excepciones, las cuales están recogidas en el art. 87 de la LO 2/2006. En dicho artículo, apostilla Ustea, “de manera taxativa y cerrada, se establece la posibilidad de un incremento por unidad, pero solo de un 10% como máximo y para casos de alumnado de incorporación tardía, es decir, pasado el periodo ordinario de incorporación, que para el presente curso concluyó el pasado 21 de mayo de 2019”.
Sin embargo, este sindicato de enseñanza insiste en que “hemos tenido conocimiento de la existencia de numerosos casos de incremento de ratios en toda provincia, acordados por la consejería de Educación a través de la delegación territorial de Cádiz, superando, en ocasiones con creces, las ratios legalmente establecidas, habiéndose efectuado muchos en periodo ordinario de incorporaciones, y otros en plazo de incorporación tardía pero sin estar legalmente justificados”.
Por tanto, se entiende que “de manera indiciaria, podemos estar ante un presunto delito continuado de prevaricación administrativa regulado en el art. 404 del Código Penal”. La intervención de la jurisdicción, se concreta, viene justificada por: “la naturaleza jurídica de la legislación administrativa que ha sido manifiestamente incumplida; afectar a un derecho fundamental y consagrado constitucionalmente como es el derecho a la educación; y tener una legislación taxativa: nada menos que una Ley Orgánica”. “La presunta culpable es la delegación de Cádiz de la consejería de Educación”, se concluye.
“OTRO ATAQUE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
Ustea Cádiz no deja de recordar que entre sus objetivos, además de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores docentes, se encuentra, conforme a sus estatutos, “la defensa de la educación pública y de la calidad de la misma”.
“El incremento de la ratio es otra forma de ataque -una más, entre las varias que está llevando a cabo- por parte de la consejería de Educación a la educación pública que tiene una doble consecuencia negativa: es una forma velada de recorte de empleo público, y afecta directamente a la calidad de la enseñanza, pues un mayor número de alumnos por aula implica un menor tiempo de atención individualizada para cada uno por parte de los docentes”. Y ante “ataques” como este en Ustea, se sentencia, “no dudamos en responder. Incluso en los tribunales”.
