UPyD ha presentado en un acto público sus candidatos al Congreso y al Senado por la provincia de Cádiz a las elecciones del 20-D. Paco Pozo, militante de la capital, es el cabeza de lista al Congreso, elegido por primarias internas, y tiene claro que “la mayor preocupación de los ciudadanos, y en ello va a poner UPyD todo su empeño, es la lucha contra el paro”. Entre las promesas de la formación magenta, muy ensombrecida desde la irrupción de Ciudadanos a nivel nacional, está lo que llama “más España”: devolver al Estado tres competencias básicas transferidas a las comunidades: educación, sanidad y justicia.
Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentaba en la tarde del lunes día 30 en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz sus candidatos al Congreso y al Senado por la provincia gaditana a las elecciones generales del 20-D. Un acto con “buena asistencia de público”, en el que fueron tomando la palabra sucesivamente las personas que conforman ambas listas, y desgranando las “líneas maestras” del programa electoral de la formación magenta, a la que le ha ensombrecido casi totalmente la irrupción de Ciudadanos a nivel nacional.
Paco Pozo, militante de la capital desde 2009, es el cabeza de lista al Congreso, elegido por primarias internas el pasado mes de septiembre. Con 46 años de edad, este ingeniero técnico de telecomunicaciones es funcionario de carrera de la administración del Estado y de la Junta de Andalucía. Lleva seis años colaborando con el grupo de trabajo nacional de igualdad. “Es además de un gran profesional y de una persona entrañable, un apasionado de la política nacional y un economista amateur, como él mismo se define”, subrayaban en su momento desde UPyD.
Pozo, en este acto de presentación de las listas, remarcaba que “la mayor preocupación de los ciudadanos, y en ello va a poner UPyD todo su empeño, es la lucha contra el paro”. Por ello, han presentado medidas como la de un mayor apoyo a los emprendedores, la apuesta por una reforma de los impuestos y las cotizaciones sociales, como ya se ha hecho en otros países, la regulación de un único contrato de trabajo indefinido, con la adopción del modelo que se ha llamado de ‘mochila austríaca’, y, sobre todo, “un decidido refuerzo de la industria”.
“En el paso de una economía industrial a una de especulación es donde se encuentra la base de nuestra actual situación económica, ya que el peso de este importante sector ha caído de un 36% a un 14% en los últimos 40 años”, lamentaba durante su intervención.
A Paco Pozo le siguen en las primeras posiciones de la candidatura al Congreso: Hugo Cañellas, Noelia Guerrero, José Francisco Carrasco y Yaiza Umpiérrez
En cuanto al Senado, UPyD se presenta con Manuel Villalpando como número uno. La número dos es Amalia García, quien destacaba durante este acto preelectoral algunas medidas que propone el que fuera partido de Rosa Díez para “lograr la regeneración democrática”.
Por ejemplo, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, habló de la modificación del Senado, “para convertirlo en una auténtica cámara territorial”, o de su supresión “en caso de no ser posible su reforma”. De esta forma “se liberarían más de 55 millones de euros que podrían ser utilizados para otro tipo de inversiones”. Además, mencionó la propuesta de la supresión de las diputaciones provinciales y fusión de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, la despolitización del Consejo General del Poder Judicial o la reforma de la Ley Electoral.
“MÁS ESPAÑA”
Entre las promesas electorales del partido magenta se propone además lo que se llama “construir más España”. Para ello, se plantea devolver al Estado tres competencias básicas transferidas a las comunidades autónomas, como son las de educación, sanidad y justicia.
A juicio de Paco Pozo, “es esencial que, entre otras cuestiones, estas tres competencias sean devueltas al Estado, ya que ello permitiría eliminar ineficiencias y duplicidades, garantizando la igualdad de todos los españoles. No es de recibo que algunos de los derechos que tanto ha costado conseguir, como la educación universal, la elección de lengua o la asistencia sanitaria, sean manipulados por las distintas comunidades para conseguir fines o aspiraciones políticas”.
Entiende este partido, mirando de reojo a Catalunya, que “sólo el Estado es capaz de garantizar cosas tan elementales como el derecho a recibir la educación en la lengua común de todos los españoles, que el contenido de esa educación sea acorde a nuestra cultura e historia común, o que las prestaciones sanitarias que preste la Seguridad Social sean uniformes en toda España”.
Esto no impide, se añade, que se abogue por revisar el Título VIII de la vigente Constitución, “pudiendo estudiar la gestión descentralizada de algunas competencias que, hoy, están atribuidas al Estado”.
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