El Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017-2018 (el (Profea, también conocido como PFEA y anteriormente como PER) va a generar 10.603 empleos temporales y 180.000 jornales en la provincia de Cádiz. La inversión total asciende a casi 23 millones de euros, de los que el Gobierno central aporta algo más de 16 millones para la mano de obra y el importe restante es aportado a partes iguales entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, básicamente para la compra de materiales.
Son datos ofrecidos este lunes por la diputada provincial responsable de la gestión de los fondos Profea, Isabel Moreno, quien ha presentado las actuaciones que se incluyen para este ejercicio dentro del plan que llega de alguna forma a todos los municipios gaditanos salvo la capital y San Fernando.
Moreno ha destacado la importancia del PER para la provincia de Cádiz ya que “permite complementar la renta de los trabajadores e implementar las cotizaciones sociales”, de forma que los trabajadores del campo pueden completar los jornales necesarios para acceder a la renta agraria. Al mismo tiempo, este programa resulta fundamental para fijar la población al territorio y tiene como consecuencia la mejora de las infraestructuras en los diferentes municipios y entidades locales autónomas (ELAs).
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, muchas de las obras ya han comenzado a ejecutarse, mientras que el resto lo hará a principios del mes de diciembre. En total son 101 las obras que se han aprobado dentro del Profea 2017-2018. De ellas, 39 son proyectos de empleo estable y 62 son proyectos de garantía de renta. La Diputación gestionará directamente 87, mientras que del resto se harán cargo los respectivos ayuntamientos. En ese sentido, Isabel Moreno ha remarcado que la institución provincial gaditana es, junto con la de Almería, la única que asume con personal propio la gestión de estas actuaciones.
Moreno ha señalado como novedad para la presente edición de este Plan de Fomento de Empleo Agrario que todos los municipios van a contar, al menos, con una obra de empleo estable y otra de garantía de renta, con lo que cada localidad se beneficiará de dos actuaciones como mínimo. Esto será posible gracias a que el Gobierno de la Diputación ha cedido los fondos que le correspondían como corporación local a aquellos municipios que se iban a ver excluidos del programa por no estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social.
En este punto, esta diputada socialista ha reclamado al Estado, por un lado, que suprima ese impedimento al acceso a las ayudas a los ayuntamientos endeudados con Hacienda, ya que “los perjudicados al final son los trabajadores”. Y por otro lado, ha pedido un incremento en la aportación del Gobierno central para este programa, que vaya acorde al que han llevado a cabo la Junta y la Diputación, de un 12,5%.
