La comunidad educativa en Andalucía ha salido a las calles este miércoles 4-M de forma masiva en protesta “por la continuada escalada de privatización del sistema educativo, la pérdida constante de aulas públicas y contra el decreto de escolarización”, impuesto sin consenso por la consejería de Educación y Deportes. Además, se ha aprovechado esta lucha para volver a poner en cuestión los conciertos mientras se cierran líneas en colegios e institutos públicos, y de paso, para pedir la dimisión del consejero Javier Imbroda.
Esta huelga educativa (que PP y Cs tachan de “ideológica y manipulada”) ha estado convocada por la llamada Plataforma Andaluza por la Educación Pública, donde entran organizaciones sindicales de educación, la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa), la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos (Fedapa), Frente de Estudiantes y otras organizaciones y colectivos. CGT por su lado, ha convocado su propia huelga de 24 horas con unos objetivos más ambiciosos: a la petición de paralización del decreto (que amplía las zonas de escolarización y condiciones para optar a centros concertados, aunque estos no estén en un radio cercano a la vivienda del alumnado), incorpora en sus reivindicaciones otros elementos nocivos sobre la escolarización “que se derivan del trato de favor que reciben, y han venido recibiendo desde hace años, los centros educativos privados concertados”.
En cuanto a la repercusión de los paros entre los docentes, en el caso de la provincia gaditana, la Junta habla de un seguimiento de la huelga no superior al 14%, mientras los sindicatos elevan este dato a entre el 60 y el 80%; sí se coincide en que se ha notado mucho más la no asistencia de alumnado en Secundaria que en Primaria.
Esta huelga ha tenido su reflejo en las calles con dos acciones principales en la capital gaditana: una manifestación a mediodía desde la plaza de San Juan de Dios con meta en la plaza de España frente a la delegación del Gobierno andaluz, que ha sumado a más de 3.000 personas (con ambiente festivo y mucha camiseta verde). Y ya por la tarde, una concentración más íntima en la plaza Mina donde diversos representantes de la comunidad educativa (docentes, padres, alumnado) han podido tomar la palabra para explicar “cómo afecta a todos” el decreto de escolarización.
El principal motivo de esta huelga es ese decreto de escolarización (que ya se aplica, de hecho, este mes de marzo está abierto el proceso de escolarización). Considera Ustea, tras este 4-M, que la comunidad educativa ha mostrado el rechazo al mismo “de forma clara y contundente”. “Queda demostrado –añade este sindicato- que esta nueva norma no nace del consenso, si acaso del consenso con la privada-concertada, por lo que exigimos al señor Imbroda, nuevamente, que la retire inicie un proceso de negociación real para afrontar las medidas urgentes que realmente necesita la escuela andaluza”.
Esta norma sobre escolarización “supone proteger y ampliar con más dinero público a los que hacen negocio con la educación”. En suma, “un nuevo atentado al sistema público educativo que sólo podemos revertir de una manera: defendiendo con uñas y dientes la escuela pública contra las políticas privatizadoras, segregadoras y elitistas”.
Ustea, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, reflexiona que el actual Gobierno de PP y Cs, alentado por la ultraderecha, “tiene una agenda clara a favor de la escuela privada subvencionada con fondos públicos”. Además, tras años de recortes “tenemos que luchar por revertir sus efectos y mejorar aspectos muy deficitarios como las carencias en infraestructuras de los centros; la masificación ilegal de las aulas, descendiendo la ratio; dotar de recursos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; aumentar la inversión en educación; mejorar la estabilidad de las plantillas y el personal interino; propiciar unas escuelas más democráticas y participativas; garantizar la continuidad de las escuelas rurales, etc”.
Por lo que, desde este sindicato, se entiende que esta jornada de lucha por la escuela pública “ha de suponer el inicio de un proceso de movilizaciones que obligue a este Gobierno a replantearse el resto de las medidas anunciadas a favor de los conciertos educativos, así como a atender todas las demandas de la comunidad educativa y las organizaciones sindicales de la escuela pública”.
Por su lado, CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Andalucía, también ha valorado el “gran seguimiento” de la huelga en contra del nuevo decreto de escolarización, que supone “un ataque en toda regla a la escuela pública”. “Esperemos que la administración educativa tome nota de la importante movilización que se ha producido por las calles de todas las capitales de provincia andaluzas contra este decreto”, se subraya.
CGT también habla de “gran éxito” de esta movilización, y remarca que “se ha puesto en evidencia el descontento frente a los recortes de los últimos años a favor de las enseñanzas privadas concertadas, a las que el nuevo decreto de escolarización beneficia sin reparo alguno”. En este sentido, denuncia “el proceso privatizador de la educación pública, que pasa por el deterioro interesado y la saturación de los servicios públicos para desprestigiarlos y posteriormente hacer valer las empresas privadas como alternativa, a la vez se produce un efecto segregador del alumnado”. “Que no nos engañen –sentencia-, el deterioro de lo público en favor de la privada concertada es responsabilidad del Gobierno andaluz desde hace años, y no fruto de un decreto puntual del nuevo Gobierno”. Es más, este sindicato prevé que de seguir estas políticas, “en los próximos ocho o nueve años se habrán perdido más 5.000 unidades públicas y todos los puestos de trabajo que conllevan”.
“LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO”
Por su lado, uno de los colectivos que respaldan la convocatoria, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), reflexiona que “el nuevo decreto de escolarización constituye un ataque en toda regla a la escuela pública andaluza; profundiza en los recortes y supresiones que se vienen realizando en los últimos años y que están llevando a este servicio público esencial a una situación de precariedad inaceptable”.
Para la Apdha, “tras el argumento que esgrime el consejero del derecho de libertad de las familias a elegir centro, hay una clara intención de privilegiar a los centros concertados”, modificando las zonas de escolarización existentes para que dichos centros puedan beneficiarse de la ampliación de la zona de adscripción. Al mismo tiempo, critica “la concepción de escuela como negocio que tiene el nuevo Gobierno andaluz”. Es más, piensa que “hay una firme apuesta para entender la educación como un bien de mercado, sujeto a la oferta y la demanda”.
Ante esta situación, desde el área de educación de este colectivo recuerdan que “la educación es un derecho, no un privilegio, un derecho reconocido en la declaración universal y en nuestra propia legislación” y, por eso, “es necesario que se haga una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública”.
En este sentido, se reclama “la no supresión de ninguna unidad en la red pública” y que “se establezca de una manera clara el carácter subsidiario de la educación concertada a la pública”. También se solicita “la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados y la retirada inmediata de financiación a aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación (personas con discapacidad, población migrante) o bien no aseguren la gratuidad”. Por último, la Apdha exige “la anulación inmediata del nuevo decreto de escolarización”.
PARTIDOS APOYANDO EL 4-M
Diferentes partidos han ido mostrando en los últimos días su apoyo a esta huelga educativa, y han estado presentes de alguna manera (más o menos visible o discreta) en la manifestación de la mañana en Cádiz. El PSOE gaditano considera que este “nuevo decreto de escolarización lo único que busca es desmantelar la escuela pública”. Los socialistas ven que “no serán las familias las que elijan los centros, sino que serán estos los que elijan a sus alumnos”. Por tanto, “se va a quedar por el camino el alumnado de entornos más deprimidos y los que tienen necesidades educativas especiales”. “Es muy triste –para el PSOE- que la Junta de las derechas pongan a competir a centros contra centros, a claustros contra claustros y a familias contra familias, ya que el decreto tiene una clara carga ideológica que ataca directamente a la educación pública”.
Por su parte, para Adelante Andalucía, este decreto “es la gota que colma el vaso de las políticas privatizadoras de la Junta. Tras años en los que las políticas educativas del PSOE eliminaron líneas públicas, precarizaron a personal docente y no docente y premiaron constantemente a la educación privada concertada, el actual gobierno de PP y Cs está llevando a cabo un proceso de aceleración y profundización en estas políticas”. La coalición de Podemos e IU insiste en que es un decreto que “supone un impulso para la educación privada y un paso definitivo hacia el objetivo de considerar la red pública como una red subsidiaria de la privada concertada”. Así, esta formación se opone frontalmente a este decreto y pide la dimisión del consejero Imbroda; al tiempo que exige “la paralización de los recortes en la educación pública y el fin de los conciertos con la educación privada”.
En el mismo sentido, desde IU Cádiz se considera que “es necesario reivindicar la educación pública, como única garante de la cohesión social y la equidad educativa” y se defiende que “el papel de la educación concertada deber ser siempre subsidiario a la pública en lo que a recepción de subvenciones públicas se refiere, no es posible que con fondos públicos de todos los andaluces se esté potenciando la educación concertada mientras se cierran líneas públicas”. “Si no salimos a la calle, posiblemente éste sea sólo el primer paso de las medidas que tomen PP y Cs para contentar a Vox, en su pretensión de llegar al distrito único como medida final y la supresión paulatina de líneas públicas”, alertan los izquierdistas.
Ya, entre partidos sin representación en la Junta, desde Más País Andalucía (la formación creada por Iñigo Errejón meses atrás) se reflexiona que “dar la posibilidad a todas las familias de escoger un centro concertado no es aumentar su libertad de elección si no tienen la misma posibilidad de elegir cualquier centro público, y tampoco aumenta la libertad de las familias que quieren elegir uno público. La libertad o es para todo el mundo o no se puede llamar libertad”.
Equo Verdes también respalda esta movilización y cuantas se convoquen con el objetivo de que el Ejecutivo andaluz rectifique el decreto de escolarización y, en cualquier caso, “haga un giro en favor de la mejora de la educación pública, de los alumnos y del personal docente y no docente, frente a la escuela concertada que, aunque desde hace décadas ha cubierto carencias de plazas, hoy en día sólo se trata de un negocio privado subvencionado”. “En un momento histórico de emergencia climática y civilizatoria –se agrega-, todos los esfuerzos han de orientarse al fortalecimiento del sistema educativo público andaluz en todos sus pilares, partiendo, por supuesto, del incremento de la inversión pública desde el 5% del presupuesto general hasta llegar progresivamente a un 7%, que garantice un sistema realmente inclusivo, garantista, compensador de desigualdades y realmente potente como agente de cambio”.
Y desde AxSí se pone de manifiesto que el decreto de Imbroda “ha conseguido la oposición unánime de todos los representantes tanto de los empleados del sector como del alumnado y sus familias, lo que demuestra una vez más que el Gobierno de la derecha en Andalucía no tiene en cuenta las necesidades de la región ni sus demandas”.
“UNA HUELGA IDEOLÓGICA Y MANIPULADA”, PARA EL PP
Y en la misma mañana de protestas en la calle, la portavoz del PP provincial, Carmen Sánchez, ha salido a defender a ‘su’ Junta de Andalucía y a repetir su argumentario, poniendo en valor lo que entiende que es un “compromiso real por una educación pública de calidad” y mostrado su desacuerdo, “desde el respeto al derecho a la protesta”, a “una huelga ideológica y manipulada que no entendemos porque la educación pública no corre ningún tipo de peligro”.
Sánchez lamenta que “se quiera alarmar a la población con el falso mensaje de que se quiere acabar con la educación pública” e incide en que “no tiene ningún sentido querer enfrentar a los dos modelos que forman parte del sistema educativo público en nuestra comunidad”.
Respecto al polémico decreto de escolarización asegura que “no hay nada que temer ya que lo único que supone es un avance en el derecho a la libertad de elección de centro por parte de las familias, un compromiso de la libertad de elección de las familias que el PP siempre ha defendido”. Para esta representante de derechas, “dar a elegir entre dos modelos no es favorecer a uno sobre el otro, sino apostar por los dos y, sobre todo, por la libertad a la vez que se prioriza a los alumnos con dificultades o más desfavorecidos como las familias con menos ingresos, hijos en acogida o víctimas de violencia de género”.
“Si tanto se defiende y cree (el PSOE) en la escuela pública –afirma la también concejala en el Ayuntamiento de la capital- lo que tenían que haber hecho es apostar e invertir en ella durante los 40 años que ha estado en el Gobierno”. Además, rechaza la “hipocresía” de quienes se colocan detrás de la pancarta contra este decreto “y después deciden libremente llevar a sus hijos a estudiar a centros concertados”.
