El subdelegado del Gobierno en Cádiz ha presidido una nueva comisión Anti Fraude. En este encuentro se ha dado un repaso a la situación y los planes que existen para este año 2015 para la lucha contra el fraude en la provincia. La Inspección de Trabajo centra sus objetivos para el presente año en la economía sumergida: búsqueda de contratos a tiempo parcial, faltas de alta y jornada no declarada, que son los tipos infractores más comunes detectados en 2014.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, presidía el lunes día 22 la comisión Anti Fraude, a la que han acudido representantes de los organismos estatales que participan de la misma. En este encuentro se ha dado un repaso a la situación y los planes que existen para este año 2015 para la lucha contra el fraude en la provincia, planes que parten de 2012 con la elaboración de un plan estatal en el que se especifican los planes concretos de cada una de las entidades, planes que se coordinan en las reuniones de la comisión provincial. Básicamente se persigue: controlar ingresos no declarados, luchar contra el fraude laboral y frenar la competencia desleal.
La Inspección de Trabajo centra sus objetivos para el presente año en la economía sumergida: búsqueda de contratos a tiempo parcial, faltas de alta y jornada no declarada, que son los tipos infractores más comunes detectados en 2014. Algunos empresarios siguen sin dar de alta a los trabajadores, pese al incremento en las cuantías de las multas por este motivo.
En 2014 se constituyeron dos equipos de inspección en Cádiz, específicos para las actuaciones de lucha contra el fraude. El subdelegado ha destacado que se ha detectado la conveniencia de seguir realizando estas inspecciones acompañados en algunos casos por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En lo que va de año ha habido 242 visitas con acompañamiento a centros de trabajo, frente a las 580 del año 2014.
Resulta “sorprendente” –según resaltan desde la Subdelegación en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz- que casi el 25 % de las actuaciones en materia de economía irregular son positivas, “por lo que hay que seguir incidiendo en que empresarios y trabajadores exijan sus derechos y cumplan sus obligaciones”.
El año pasado se realizaron 15.603 actuaciones, de las cuales 10.507 se realizaron con visita de los inspectores a los centros de trabajo para comprobar las condiciones de los trabajadores, cerca del 75% del total. En este 2015 la Inspección de Trabajo tiene planificado llevar a cabo 15.830 actuaciones. En el primer trimestre ya se han hecho 5.250 visitas, de las cuales 4.824 han sido ordinarias, diurnas, y otras 426 han sido nocturnas, o en festivo diurno o nocturno, lo que supone un gran esfuerzo por parte de los inspectores.
El mayor número de actuaciones se centra en el comercio, con 1.676; seguido de la hostelería, con 1.055; la construcción, 868; los servicios, 698; la industria, 670; el transporte, con 184; o la agricultura, con 99. Se incide más en función del sector de actividad que, por la temporalidad de los servicios que prestan, se puede prever que puedan existir mayores incumplimientos.
En cuanto a los expedientes sancionadores de este primer semestre del año, ha habido 140 infracciones en relación con las prestaciones por desempleo, 383 infracciones por falta de afiliación y alta a la Seguridad Social, con un importe aflorado por esa falta de cotización de 1.284.000 euros.
Asimismo, se han producido un total de 1.134 afiliaciones y altas, ya sea de oficio o inducidas, de trabajadores que no estaban dados de alta o se han dado tras la visita de los inspectores. El año 2014 hubo 2.654 afiliaciones y altas tras visita de la Inspección de Trabajo. También en lo que va de año se han transformado 1.092 contratos temporales en indefinidos, en cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, frente a 1.456 en 2014.
CAMBIA EL FORMATO DE LAS EMPRESAS FICTICIAS
Gracias a las actuaciones realizadas, se asegura, decae el número de empresas ficticias en la provincia, que han pasado de 65 en 2014 a 51 en 2015, sin que se hayan detectado tramas organizadas como en años anteriores. En este 2015 se ha recaudado 318.000 euros y 170.000 euros más recuperados por prestaciones abonadas indebidamente con una anulación de 113 altas falsas.
Ha habido un cambio del formato de empresa ficticia pura, sin ninguna actividad, a otras mixtas, con actividad y algunos trabajadores legalmente contratados y otros que no ejercen actividad real, por lo que simulan un contrato para obtener prestaciones o subsidios.
Otra herramienta que se ha revelado muy eficaz es el ‘buzón de lucha contra el fraude’. En el año 2014 hubo 1.214 denuncias que, una vez, filtradas y comprobada su validez, generaron 554 procedimientos que supusieron un total de 109 altas inducidas, mientras que en el primer trimestre de 2015 ha habido 246 denuncias, con 122 órdenes de servicio, que han originado 21 altas inducidas y 12 de oficio; es decir, el 50% de esas denuncias ha llevado a investigar un posible fraude, “lo que da cuenta de que el ‘buzón’ es un instrumento útil para lograr una mayor eficacia”.
También se coordinan en esta comisión las actividades contra el contrabando de tabaco, centradas principalmente en la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. Recientemente se han realizado más de 30 actuaciones simultáneas contra el menudeo de venta de tabaco en Jerez y se va a seguir en la misma línea.
Asimismo, se van a controlar otros campos de actividad, como el de los residuos sólidos, en las chatarrerías. El 22 de mayo de 2014 hubo 24 inspecciones a chatarrerías que supusieron 25 denuncias por incumplimientos de orden laboral, de residuos, de eliminación de sustancias…
A la reunión de la comisión Anti Fraude de este 22 de junio han acudido representantes del: Cuerpo Nacional de Policía, comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Algeciras, delegado provincial de Economía y Hacienda, jefe de la dependencia de Trabajo e Inmigración, delegado especial de la Agencia Tributaria en Cádiz y Jerez, director provincial del servicio Público de Empleo Estatal, jefe de la Inspección provincial de Trabajo, directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el director del Instituto Social de la Marina.
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