CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el domingo 2 de febrero en toda España para protestar por la caída de diferentes medidas de protección social tras no lograr el Gobierno de PSOE y Sumar apoyo mayoritario al decreto ómnibus que buscaba convalidar la subida de las pensiones, el salario mínimo, el Ingreso Mínimo Vital o a las bonificaciones para usuarios del transporte público. Todas las miradas se dirigen a los votos en contra de la derecha y ultraderecha españolista y catalana (PP, Vox y Junts).
“Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos…”, repasan los dos sindicatos mayoritarios, que hablan de “una agresión sin precedentes a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general”.
Por ello, hacen un llamamiento a participar masivamente en estas movilizaciones del 2 de febrero e invitan a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan estas reivindicaciones a sumarse a las mismas. En el caso de Cádiz, la manifestación se desarrollará en la capital, aunque todavía no se ha concretado horario ni recorrido.
A colación, la secretaria provincial de CCOO, Inmaculada Ortega, incide en que “233.225 pensionistas 110.970 personas vulnerables suman, entre otros, el grueso de la nómina de damnificados en nuestra provincia por el rechazo parlamentario ejecutado por la derecha al decreto que recogías las medidas del escudo social destinadas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”; al tiempo que condena el “comportamiento irresponsable” de los grupos parlamentarios de PP, Vox y Junts per Catalunya.
Calcula Ortega que, si no hay subida (de acuerdo al IPC), los pensionistas gaditanos van a ingresar al año una media de 660 euros menos.
Ante esta situación, UGT y CCOO saldrán a la calle para reclamar la aprobación por el Gobierno central, a través de la figura del Real Decreto Ley, de un nuevo paquete de medidas, así como la convalidación posterior de esas normas por parte del Congreso, “evitando tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación”.
“UN AUTÉNTICO ATROPELLO DE LAS DERECHAS”
A su vez, el PSOE gaditano concreta que al menos el 40% de la población de la provincia se verá afectado por la no subida de las pensiones, la no aplicación de las bonificaciones en el transporte, y la no subida del SMI y del IMV, entre otras cuestiones de relevancia. Y afea a los diputados en el Congreso del PP por Cádiz “que no hayan tenido en cuenta el impacto y las consecuencias directas que tiene su voto contrario en la vida de miles de gaditanos”.
Pero las derechas, con su no, también han rechazado “continuar ayudando a los sectores más vulnerables con la suspensión de los desahucios”; los bonos sociales eléctricos, que en la provincia de Cádiz tienen 46.686 usuarios; o que Andalucía deje de recibir 1.828 millones de euros más, “por lo que los ayuntamientos pierden el 13% más en las entregas a cuentas de este año que podían destinar a la mejora en la prestación de servicios públicos”. En el caso de la Diputación, por ejemplo, supone casi 29 millones menos de los ingresos ya previstos en sus cuentas.
De la misma manera, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz desde Izquierda Unida se califica de “auténtico atropello” la negativa de las derechas y afirma que esta decisión “va a empeorar la vida de los ciudadanos en Cádiz”, donde recuerda, “hay un porcentaje importante de pensionistas y gente que cobra prestaciones de carácter social, con situaciones de vulnerabilidad”.
Para la coalición izquierdistas, “es un escándalo y el PP debe explicar por qué se ha negado a la subida de las pensiones; es ir en contra del sentido común e ir en contra de los derechos de los ciudadanos que durante tantos años han cotizado a la Seguridad Social para tener una pensión digna en estos tiempos que corren”.
Entre tanto, el argumentario que el PP ha difundido desde Génova para defender su incómoda postura, y que replican desde Cádiz es que “quien ha puesto en peligro la revalorización de las pensiones es el Gobierno de Pedro Sánchez incluyendo en un mismo decreto la subida del IVA de los alimentos, regalarle un palacete al PNV para que le apoye en el Congreso, mayor protección a los okupas o un recorte de la financiación de las comunidades autónomas y, por tanto, de servicios públicos tan esenciales como la sanidad, la educación o las políticas sociales. Un chantaje en toda regla ante el que el PP no va a sucumbir”.
