Con ocasión del venidero Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que cada año se conmemora el 12 de marzo, el Colegio de Médicos de Cádiz acaba de dar a conocer que registró a lo largo del pasado 2024 hasta 28 denuncias de colegiados por agresión física o verbal en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes, familiares o acompañantes; supone un incremento del 12% en relación a las agresiones comunicadas en 2023 y sitúa a la provincia gaditana en segundo lugar entre las ocho andaluzas detrás de Málaga.
A nivel estatal, el Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial señala a su vez unas cifras que marcan el récord histórico de agresiones a la profesión médica, con 847 acciones violentas comunicadas a nivel nacional durante 2024, lo que pone de relieve que “cada diez horas” se agrede a un médico en España. Con todo, se estima que más de la mitad de las agresiones no se denuncian.
Volviendo a la provincia gaditana, las discrepancias con la atención médica han vuelto a ser el principal detonante de la violencia contra los profesionales médicos, que han presentado 16 denuncias de agresión por esta causa, seguida de lejos por el tiempo en la atención. Únicamente dos de los casos se dieron en el ámbito del negocio de la sanidad privada.
Además, 21 de las 28 agresiones denunciadas se produjeron en consultas y urgencias de Atención Primaria. Y particularmente alarmante resulta el dato de que 22 de estos episodios violentos en Cádiz tuvo a una médica como víctima. En cuanto a edad, la mayoría de médicos denunciantes son menores de 35 años o tienen entre 56 y 65 años de edad.
En nueve de las denuncias se registraron lesiones físicas y en 16, lesiones de índole psicológico, estas últimas derivadas de amenazas y coacciones y de insultos y vejaciones, por este orden. Y 11 de los profesionales agredidos en la provincia el año pasado causaron baja laboral.
Los meses de marzo, septiembre, octubre y diciembre concentraron el mayor número de episodios. En cuanto a la tipología de la persona agresora, la mitad de las agresiones provino de pacientes programados y no se aprecian peculiaridades en relación a la edad del agresor, que se distribuyen uniformemente entre todos los tramos etarios.
“ES IMPERIOSO QUE CUALQUIER AGRESIÓN OBTENGA EL REPROCHE DE LA SOCIEDAD”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Juan Antonio Repetto, valora estas estadísticas incidiendo en que “cualquier tipo de agresión debe tener la consideración de grave”.
“Debemos dar la máxima importancia también a la violencia verbal contra los profesionales sanitarios por los daños psicológicos que conlleva y por el deterioro profesional y asistencial que provoca. Tenemos que seguir avanzando en medidas preventivas y en una convergencia entre administraciones, fiscalías y judicaturas. Hemos de seguir dando pasos en la capacitación de nuestros colegiados con una formación específica que les dé herramientas para anticipar y enfrentar la agresión. Y es imperioso que cualquier agresión obtenga el reproche de la sociedad en su conjunto”, remarca Repetto.
A su vez, el secretario general del Colegio gaditano, Gaspar Garrote, como coordinador contra las agresiones del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, considera que “más de la mitad de las agresiones aún no se denuncia” y lamenta que de nuevo el Congreso haya vetado una ley antiagresiones al personal sanitario.
El doctor Garrote también aclara que “los datos de agresiones aumentan porque actualmente se denuncian más”; se recuerda la importancia de denunciar siempre cualquier tipo de agresión para que la justicia actúe; y se incide en la importancia de seguir avanzando en la actuación coordinada con administraciones y agentes y en capacitar a los colegiados mediante formación específica frente a estos episodios violentos.
Por otro lado, desde el Colegio de Médicos se considera inadmisible que el personal sanitario de los centros privados no disponga de protección jurídica específica contra las agresiones, una situación anacrónica que debería contemplarse en la futura Ley de Prevención de Agresiones a Sanitarios.
