La Diputación de Cádiz celebraba el miércoles su pleno mensual de septiembre (el primero ordinario del nuevo mandato), en el que entre otras cuestiones, ha reclamado de manera unánime medidas para paliar los efectos que provoca el alga asiática Rugulopterix okumarae, que prolifera en el litoral de la provincia, perjudicando gravemente la actividad pesquera de varias flotas artesanales. Sendas mociones, una conjunta de Adelante Cádiz e IU, y otra del PSOE, han sido debatidas y respaldadas por todos los partidos, ante la preocupación que genera esta situación.
La transformación del fondo marino con la invasión de esta especie ha repercutido en perjuicios que llegan a cifrarse en Tarifa y Barbate en más del 80% de pérdidas, según las flotas afectadas. Por ello, el acuerdo alcanzado consiste en instar al Gobierno central a que proceda a la declaración oficial de esta especie como alga invasora, paso previo a que se puedan aprobar compensaciones y otras medidas. También se ha pedido a la Junta de Andalucía, que es la administración competente, que tome medidas urgentes, así como que asuma la retirada de arribazones de las playas. La moción también solicita la creación de una mesa de trabajo con representación política, técnica y científica para abordar la situación.
Desde la Diputación se asegura que se está dado ayuda a ayuntamientos que lo han solicitado, como es el caso de Tarifa. Así, durante la sesión, se han enumerado algunas acciones que ya se han desarrollado desde el área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, que incluye reuniones con algunos de los ayuntamientos, o la línea abierta de colaboración con entidades como la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, para desarrollar estudios que busquen una solución no solo a la eliminación de las algas, erradicando el problema desde la raíz a través de la investigación, sino también alternativas en la industria agroalimentaria, de cosmética, energética o farmacológica, que propiciara la economía circular con su explotación comercial.
BREXIT, PEAJE Y VALCÁRCEL
Otro tema de gran incidencia en la provincia es el relativo a los efectos del Brexit, para el que se han presentado dos propuestas: una del PP y otra del PSOE, que es la que finalmente ha prosperado. En ella se insta al Gobierno de España y a la Junta a “tomar las medidas necesarias, de manera urgente y coordinada, con esta Diputación y los ayuntamientos de la provincia afectados para minimizar los efectos negativos que una salida no acordada de Reino Unido puedan causar en nuestra provincia y en la comarca del Campo de Gibraltar, atendiendo especialmente a las singularidades de la ciudad de La Línea”.
En este punto, ha intervenido la presidenta Irene García, que ha manifestado la predisposición de la Diputación a ser “un agente activo y tener voz propia” en el proceso, a colaborar con los diferentes ayuntamientos para coordinar medidas y a servir de intermediaria para la gestión de soluciones. En este sentido, ha recordado las misivas que se han remitido a los presidentes del Gobierno y de la Junta para abordar este asunto.
Por otro lado, según trasladan desde la Diputación en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el peaje de la autopista AP-4, que une Cádiz y Sevilla, y que si no hay sorpresas quedará liberalizado en enero de 2020, ha vuelto a tratarse con una moción presentada por los populares, y que ha prosperado con el voto de todos los grupos menos el socialista. Esta formación pide al Gobierno central, ahora del PSOE en funciones, un compromiso por escrito del fin del peaje y de que no se establezca ningún otro gravamen futuro ni en esta vía ni en ninguna otra de la provincia.
Al respecto, la derecha se queja de que los socialistas “sigan sin hablar claro en relación al fin del peaje y la libre circulación en las autovías de la provincia de Cádiz”. Interpreta que con el rechazo a su moción, el principal partido en la Diputación “no ha querido comprometerse con la demanda de un Cádiz sin peajes”. Y Adelante, en esta cuestión, ha evidenciado la “ineficacia del bipartidismo” para la provincia y el “doble lenguaje” de PP y PSOE, “capaz de aprobar 200.000 euros para la promoción turística y lastrar el desarrollo económico de nuestra provincia manteniendo un peaje durante casi 50 años”.
Además, ha prosperado la moción del PSOE sobre el proyecto de Valcárcel, en la capital, en que se ha solicitado a la Junta que incluya en los presupuestos del año 2020 las partidas necesarias para que se puedan licitar las obras del edificio, para su rehabilitación como Facultad de Educación, un proyecto de la Universidad de Cádiz que parecía encauzado y ante el que con PP y Cs en el gobierno andaluz se ha generado incertidumbre sobre viabilidad y plazos. Esta votación ha contado con el voto favorable de todos los grupos excepto, como era de esperas, Cs y PP; pero además de Juan Franco de La Línea 100×100, pese a que es parte del Gobierno provincial junto al PSOE. Eso sí, quien es además alcalde linense dejaba claro en su primera intervención que su grupo tiene libertad de voto: el otro miembro, Mario Fernández, ha votado a favor.
“No nos sorprende que el PP y Cs se hayan abstenido respecto a la situación del proyecto de Valcárcel, ya que manifiestan de manera inequívoca que la sintonía de ambos en la Junta le impiden defender los intereses de los gaditanos”, ha replicado desde el PSOE. Mientras, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, también diputado provincial de Adelante, ha aprovechado para reiterar la disposición del Ayuntamiento para con este proyecto “en el que el PP nunca ha creído”.
OTROS ASUNTOS
Otros acuerdos que han salido adelante, en materia de turismo, es la modificación presupuestaria por la que se libera una partida de 200.000 euros para una campaña de promoción del destino turístico ‘Provincia de Cádiz’ en Alemania, y paliar en parte los efectos de la quiebra de Thomas Cook.
También se abordado el apoyo al colectivo que padece fibromialgia, con graves consecuencias para las mujeres que la padecen, propuesta de AxSí aprobada por unanimidad; y al colectivo de comuneros de la Costa Noroeste, propuesta de Adelante Cádiz, que solicita la paralización de un procedimiento de la Junta que le exige una serie de pagos, con la abstención del PP.
También ha visto luz verde por unanimidad una moción de Adelante Cádiz de apoyo al sector olivarero de la Sierra de Cádiz, solicitando un plan extraordinario de ayudas, y la intermediación del Estado para que los productores tengan acceso a fondos de la PAC.
Y la primera propuesta de la franquicia naranja en un pleno de la Diputación también ha sido aprobada, solicitando al Gobierno central mejoras en la Financiación Autonómica, una moción estándar que está presentando en las diversas instituciones donde tiene algo de voz.
La modificación del Reglamento de Funcionamiento del Pleno para dar respuesta al aumento de grupos en la Corporación durante el presente mandato, de seis a siete (PSOE, PP, Adelante Cádiz, La Línea 100×100, AxSí, Cs e IU) ha sido igualmente uno de los puntos aprobados, para limitar el número de propuestas a presentar por cada formación. Serán cuatro para los grupos con más del 25% de representación en el pleno, PSOE y PP, y dos, para el resto. Al respecto, Adelante Cádiz ha aplaudido lo beneficioso de este acuerdo para que se permita a los grupos formados por un solo diputado (AxSí, Cs e IU), que aumenten el número de mociones de una a dos, pero a la vez critica que un grupo con cuatro diputados como es suyo no vea incrementada su capacidad de presentar tres mociones: “coartan la acción de oposición”.
Además se ha formalizado la renuncia del diputado del PP, Ignacio Romaní, que el partido ha colocado semanas atrás como director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en la provincia.
