La Asociación de Reparadores de Automóviles de la provincia de Cádiz considera “injusto” que un taller legal esté recibiendo periódicamente inspecciones, a las que no se oponen, pero paralelamente, “existen muchísimos talleres ilegales, que con suerte, la reciben únicamente si son denunciados”. “¿Cómo puede competir un establecimiento legal contra un ilegal?”, se preguntan desde Asoreca.
La Asociación de Reparadores de Automóviles de la provincia de Cádiz (Asoreca), que engloba a más de 300 talleres asociados, considera “injusto” que un taller legal esté recibiendo periódicamente inspecciones de Hacienda, Trabajo, Seprona, etc., “y existan muchísimos talleres ilegales, que con suerte, la reciben únicamente si son denunciados”.
Este colectivo aclara en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz no se opone a que los talleres legales reciban inspecciones, “ya que luchamos por el cumplimiento de la legislación en todos sus términos, además mantenemos buenísimas relaciones y agradecemos la implicación del personal de las distintas delegaciones y agentes del orden”, pero, añade, “lo que no podemos admitir es que los inspectores, los cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, etc., no puedan intervenir en locales y domicilios particulares en los que se conoce actividad reparadora, porque no están registrados como negocios”.
“Esto es totalmente injusto y hasta que no cambie la normativa nacional y autonómica, no pararemos de mostrar nuestra indignación y total desacuerdo”, se apostilla.
De este modo, desde Asoreca se demanda que cuando se detecte un taller ilegal “se proceda a un cierre transitorio hasta que éste legalice la actividad y no que se inicie la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, que es lo que ocurre en la actualidad, provocando la existencia de algunos talleres ilegales que permanecen realizando su actividad indefinidamente, acumulando un sancionador tras otro”.
La asociación se pregunta “cómo la administración puede actuar con tanto rigor contra los establecimientos legales, y hablamos ya en términos generales, y no actuar firmemente contra los ilegales; ¿cómo puede competir un establecimiento legal contra un ilegal?”.
Y se incide en que un taller legal, además del obligado cumplimiento general de todo lo que respecta a Hacienda y Seguridad Social e impuestos locales, debe disponer de licencia de apertura, debe estar registrado en industria (baja tensión, maquinaria, aparatos a presión, contraincendios, etc.), disponer de un seguro de responsabilidad civil, debe estar registrado en medio ambiente y gestionar adecuadamente los residuos peligrosos que se generan de las propias reparaciones de vehículos, cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, cumplir la normativa de protección de datos de carácter personal, gastos generales, amortizaciones, y todo lo demás.
“¿Qué ocurre con la protección del medio ambiente, la seguridad vial, seguridad laboral, en los talleres ilegales? ¿Tenemos que esperar a que ocurran más casos como el ocurrido en el taller ilegal de la calle Coripe en Chiclana? Pongamos por fin los medios adecuados para acabar con esto”, se sentencia. En el accidente referido, a finales del pasado marzo, hubo varias personas heridas al ser aplastadas por la caída de un coche que se precipitó desde una plataforma elevadora.
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