Junta de Andalucía y Gobierno central parecen no entender que el dinero de todos, dinero público, no es de una administración ni de otra, y siguen poniéndose ‘medallas’ al respecto. En el último ejemplo, al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, no le ha sentado nada bien la visita realizada a Jerez este miércoles por el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para, entre otros motivos, supervisar la colocación de ascensores en bloques en la barriada de La Granja.
En la misma, este socialista, junto a la alcaldesa, Mamen Sánchez, resaltaba el “valor social” que tienen las ayudas que “gestiona” la Junta para facilitar a las comunidades de vecinos la instalación de ascensores en sus edificios, “que viene a resolver importantes problemas de movilidad a buena parte de la población beneficiaria de las ayudas”.
En concreto, en el municipio de Jerez, 18 comunidades de vecinos obtuvieron ayudas del Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, a través de la Orden de convocatoria realizada por la consejería en 2016. Estas comunidades reúnen en sus edificios un total de 352 viviendas. Las obras ejecutadas en estos bloques para la instalación o renovación de ascensores suponen una inversión de 1,25 millones de euros, de la que la administración regional asegura que ha subvencionado 613.400 euros para estas actuaciones ya finalizadas. En el caso de toda la provincia gaditana, se admitieron un total de 97 solicitudes de comunidades, lo que ha beneficiado a 1.626 viviendas. El importe de las subvenciones otorgadas alcanzó los 3,5 millones.
A partir de esta información divulgada por la Junta, el subdelegado del Gobierno apostilla en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “por mucho que lo oculten los responsables autonómicos, la financiación de tales equipamientos dentro del proceso de rehabilitación de las comunidades de vecinos corresponde al Gobierno de España”.
Así, Muñoz cree oportuno aclarar que a la Junta le corresponde la gestión de estos equipamientos, “pero gracias a la financiación estatal”, ya que los fondos del programa de rehabilitación edificatoria “son aportados 100% por el Estado”.
Del mismo modo, este político del PP sostiene que la política en materia de vivienda llevada a cabo por la Junta tiene su cobertura dentro del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbana 2013/2016, “ya que durante el periodo 2012/2016 no se contó con un plan autonómico de vivienda”, subrayando que, en materia de rehabilitación edificatoria, las dos convocatorias de 2015 y 2016 fueron financiadas íntegramente por el Estado, “al igual que la del año 2017, gracias a la prórroga del Plan Estatal”.
En esta línea, recuerda que la intención de Rajoy es la de sacar adelante el Plan de Vivienda 2018/2021 “con el mayor consenso”, y su aplicación tendrá efecto retroactivo al 1 de enero pasado, en un ejercicio de responsabilidad y de acción de gobierno “que echamos de menos en el caso de la Junta”, poniendo como ejemplo que en el pasado año la administración andaluza dejó 29 millones de euros sin utilizar y sólo empleó el 50% de las ayudas del Plan de Vivienda, “cuando el resto de las comunidades autónomas llegaron a un 97% de cumplimiento”. También apunta el subdelegado que este nuevo plan va orientado a las personas que más necesidades puedan tener, confiando que salga adelante para la aplicación lo antes posible de estas ayudas.
El subdelegado, en modo preelectoral, incide en el papel que, a través del Ministerio de Fomento, realiza el Gobierno de España en materia de rehabilitación, y lo que representa para “muchas familias y particulares de la provincia que necesitan estos fondos para rehabilitar sus viviendas”.
