La Diputación de Cádiz celebró este miércoles 12 su último pleno del año, el ordinario de diciembre, en el que, entre otros puntos, ha salido adelante la aprobación inicial de los presupuestos de la institución para 2019 elaborados en solitario por el PSOE. Unas cuentas “muy buenas”, según el diputado responsable del Área Económica, Jesús Solís, que ascienden a 260 millones de euros (casi 251, si se excluyen a organismos autónomos).
Los socialistas gobiernan desde hace unos meses en minoría, pero han podido sacar el presupuesto sin problemas gracias al voto a favor del diputado del extinto PA. IU y Ganemos Jerez se han abstenido (el diputado de Sí se puede Cádiz y alcalde, José María González ‘Kichi’, se ha ausentado de la sesión al tener que acudir al juzgado por el asunto de los chiringuitos), mientras el PP se ha opuesto.
Solís, durante su defensa de las cuentas (desveladas ante la prensa un día antes), ha repetido que en el actual mandato el Gobierno provincial ha movilizado 1.011 millones de euros “dedicados a la creación de empleo, el fortalecimiento del tejido productivo y el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos para los municipios, sobre todo los de menor población”, y son justo esos de nuevo los grandes ejes del documento presupuestario para el nuevo ejercicio.
En relación a su estructura en el capítulo 1, de personal, se consignan 84,5 millones de euros (un 34% del total del presupuesto) manteniendo la cuantía de ejercicios precedentes; el capítulo 2, de gastos corrientes, se cifra en 36,9 millones y experimenta un crecimiento de 3,3 millones, resultado de la incorporación de nuevos fondos para asumir la mejora retributiva del personal de ayuda a domicilio (consecuencia de la entrada de los nuevos contratos que mejorarán la aplicación de la Ley de Dependencia); el capítulo 3, referido a los intereses por préstamos, se cifra en 1,3 millones; y el 9, que contabiliza los recursos dedicados a la amortización de deuda, se sitúa en 12,8 millones.
La suma de estos dos últimos conceptos (14,1 millones) es inferior a la consignada en los presupuestos de 2018 en 2 millones. Un dato que acredita “el éxito de una política de reducción de deuda aplicada desde hace cuatro años. Cuando llegamos al gobierno, en 2015, estos capítulos suponían el 10% del presupuesto y los hemos reducido al 5%”, ha aclarado Jesús Solís.
El capítulo 4 de transferencias corrientes se nutre con 57,9 millones de euros, en similares términos a los de 2018; en los capítulos 6, de inversiones, y 7, de transferencias de capital, se alcanza una partida de 55,4 millones que en términos relativos “son más del 22% del presupuesto dedicados a dinamizar la economía productiva, con políticas de creación de empleo y el desarrollo de infraestructuras”, resalta el diputado responsable.
El PSOE, ya tras el pleno, ha considerado que “es un logro para esta institución y para este Gobierno provincial poner de nuevo en marcha unas cuentas sensibles con los gaditanos”. Además, ha puesto en relieve que “en cuanto a partidas de inversiones se ha dedicado más del 22% del presupuesto 2019, partidas que servirán para garantizar servicios, dotar de infraestructura y crear riqueza en nuestros municipios y ELAs”. Este partido no entiende como la derecha se haya podido oponer a estas cuentas.
Por su lado, Sí se puede Cádiz y Ganemos Jerez han presentado dos enmiendas a los presupuestos, con el objetivo de dotar económicamente y de personal el plan estratégico provincial contra la pobreza energética aprobado en noviembre de 2015, y que según estas formaciones “no se ha materializado en estos tres años”. La enmienda no ha sido aceptada.
Así, la diputada de Ganemos, Kika González, ha lamentado que la institución provincial dedica por ejemplo “una tercera parte del presupuesto de la Fundación de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad a publicidad, mientras sigue sin combatir la pobreza energética en la provincia”. En estas mismas cuentas para 2019, la Agencia Provincial de la Energía “ha reducido un 90% su presupuesto para materiales de eficiencia energética” y “en lugar de dotarse de recursos para implementar las medidas aprobadas en el plan contra la pobreza energética, incluye la contratación de un community manager en año electoral, con un contrato de 46.000 euros. Éste será el segundo que más cobre de toda la agencia”, se deja en evidencia.
Las enmiendas frustradas de las dos agrupaciones de electores promovidas en su día por Podemos pretendían dedicar 200.000 euros, de los 240.000 destinados a publicidad, a la implementación del plan contra la pobreza energética, y en lugar de contratar un community manager, contratar a personal técnico que asesore directamente a las familias en materia de ahorro y eficiencia energética, que les ayude a bajar sus facturas, a conseguir el bono social y a resolver problemas con las empresas energéticas.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, en este pleno de diciembre también se ha aprobado la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) de la Diputación para el año 2019, “adaptándola a las necesidades de la institución”. PP, IU y Ganemos se han abstenido.
OTROS PUNTOS
Entre las proposiciones presentadas por los grupos, ha salido adelante por unanimidad la propuesta del PSOE destinada a instar a la comunidad internacional, a través de las instituciones europeas, al reconocimiento de una gestión integral de la migración que descanse en la cooperación y el inexcusable respeto a los derechos humanos, así como a que se intensifique la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Esta moción incluía la petición urgente de que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía aporten ayudas para costear el enterramiento de los cuerpos de inmigrantes que aparecen en los términos municipales de la provincia. La propia Diputación se ha hecho cargo del entierro de los últimos 23 cuerpos aparecidos en distintos puntos de la costa gaditana.
Por otro lado, a instancias del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y a propuesta de la presidenta, Irene García, se ha apoyado por todos los partidos la petición popular para que la Junta de Andalucía conceda al autor de Carnaval Antonio Martín la Medalla de Andalucía.
A propuesta de IU se aprobó instar al Consejo Rector del Parque Natural de los Alcornocales y a la consejería de Medio Ambiente de la Junta a aumentar los medios técnicos y humanos para proteger y mejorar este espacio natural.
Mientras, el PP defendió su propuesta de que se inste a las distintas administraciones a elaborar un plan estratégico de impulso y crecimiento de La Línea de la Concepción que incluya diferentes medidas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, el acceso al empleo, la adecuación de infraestructuras, la garantía de la seguridad y de los derechos de los trabajadores transfronterizos y el impulso de sectores estratégicos en la localidad. Se aprobó por unanimidad.
Igualmente se aprobó la propuesta del PA de que la Diputación estudie la posibilidad de matricular el actual Camino del Hospital de Puerto Real entre la rotonda de entrada y la A-408 con el fin de mejorar sus condiciones de mantenimiento y seguridad. No obstante, la diputada responsable del Área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño, advirtió de las dificultades del trabajo a llevar a cabo por las características de dicha vía.
La única moción que ha quedado sin aprobar es la presentada por Ganemos Jerez, relativa a la sustitución de la dirección de la Finca Almoraima. Se instaba a la necesidad de llevar “la normalidad” a la gestión, demandando al Gobierno central “que apueste por gestores independientes y de acreditada solvencia, que pongan el interés común de la ciudadanía por encima de los intereses partidistas”. En pleno Parque de Los Alcornocales, y expropiada por el Gobierno de Felipe González a Rumasa en 1983, el Estado gestiona la explotación de la finca a través de la empresa pública que tiene el mismo nombre. Cuatro meses después de que el popular Miguel Arias Cañete jurase el cargo como Ministro de Medio Ambiente, colocó en la gerencia de la empresa a María Isabel Ugalde Ruiz de Assín. “Esta designación supuso la sustitución de gestores anteriores con un perfil técnico por una parlamentaria que pasó sin solución de continuidad a la alta dirección de empresas, teniendo como principal y único aval para ambas profesiones el ser una conocida terrateniente”, se lamenta.
Además, la proposición de Sí se puede Cádiz en relación al Sitio Histórico del Puente Zuazo y fortificaciones anejas se ha retirado del orden del día por la ausencia del proponente.
LUZ VERDE A LA CESIÓN DE PATRIMONIO A LA NUEVA TUGASA
En este pleno también se ha conseguido que la nueva Tugasa ya cuente con todos los parabienes para iniciar con su actividad empresarial, tras la aprobación por parte de su Junta General de la cesión global de activos y pasivos desde la antigua empresa, Turismo Gaditano SA, en vías de disolución, a favor de esta nueva Entidad Pública Empresarial (EPEL).
Esta aprobación, con los votos a favor de PSOE, PA e IU y con la abstención de PP y Ganemos Jerez, pone fin a uno de los trámites más complejos del proceso de refundación de la entidad pública, como es la cesión del patrimonio, que incluye los propios inmuebles hoteleros. La nueva empresa ya cuenta con los medios humanos y materiales para empezar su actividad, a comienzos de 2019.
Ha sido necesario en estos cuatro años lograr una fórmula jurídica para salvaguardar la viabilidad de la actividad turística y garantizar los puestos de trabajo que dependen de la red pública provincial de hoteles. La presidenta Irene García ha trasladado su satisfacción por “el blindaje de un centenar de puestos de trabajo” y ha insistido en la importancia estratégica de la empresa, cuyos establecimientos se hayan mayormente en pequeños municipios y en zonas rurales, lugares “donde sería complicado atraer a empresas privadas para que se instalen”.
El largo proceso para el arranque de la nueva Tugasa ha conllevado la búsqueda de la figura legal que permite continuar la actividad de la red de hoteles. Además, tras un estudio de mercado y viabilidad, se ha aprovechado el recorrido de años de la marca Tugasa, usando el mismo nombre, y se ha procedido a renovar su imagen corporativa. Ahora la entidad está formalmente constituida, y ya celebró la primera reunión de su consejo de administración el pasado mes de septiembre. Con el paso dado ahora por fin cuenta con la capacidad operativa de funcionar al disponer de la cesión efectiva del patrimonio, ya presentada en el Registro Mercantil. No obstante, para facilitar la tramitación administrativa se ha diferido el inicio de su actividad al 1 de enero para que coincida con el comienzo del ejercicio fiscal.
Esta nueva figura de Entidad Pública Empresarial supone que por primera vez estén incluidas sus cuentas en el propio presupuesto de la Diputación, con una dotación de 2,5 millones de euros. Lo que unido a la partida para el funcionamiento del Patronato y sus acciones promocionales y otro tipo de iniciativas representan una inversión global de la Diputación en el sector estratégico del turismo que supera los 5 millones de euros.
Queda pendiente actualmente la cesión a la Diputación del Hotel Convento de San Francisco, en Vejer, y del Castillo de Castellar, en Castellar de la Frontera, por parte de sus ayuntamientos. Está previsto que en el pleno de enero se apruebe la aceptación de los bienes cedidos a la Diputación por los ayuntamientos y la adscripción al nuevo ente Tugasa, culminando así la creación y liquidación.
