El responsable de Hacienda de la Diputación de Cádiz ha visto oportuno aclarar algunos aspectos de la situación financiera de la institución provincial y desmentir algunas afirmaciones vertidas desde el PP. Por un lado, recuerda que la ley obliga a destinar el superávit a deuda y responsabiliza al expresidente José Loaiza del retraso en pago a proveedores. Igualmente, señala que el crédito aprobado para operaciones a corto plazo no computa como endeudamiento.
El responsable de Hacienda de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, ha visto oportuno aclarar algunos aspectos de la situación financiera de la institución provincial y desmentir algunas afirmaciones vertidas desde el PP sobre diferentes acuerdos adoptados en el pleno de este mes de noviembre.
En concreto, los populares han lamentado que “el despilfarro haya vuelto a la Diputación de la mano del PSOE, con contrataciones y subvenciones arbitrarias”, y han interpretado que “la mala gestión socialista y el desorden en las cuentas va a impedir que los municipios reciban, como sí lo hicieron en 2013 y 2014 con el PP en el Gobierno provincial, fondos extraordinarios para la creación de empleo”.
Solís ha calificado de “cinismo” las críticas del portavoz de la derecha y expresidente, José Loaiza, a que la Diputación tenga que destinar 5,5 millones de euros del superávit de su presupuesto a amortización de deuda bancaria, ya que ésta es una decisión que no depende del equipo de Gobierno PSOE-PA, sino que está estipulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una obligación que ha de cumplirse pese a que “no agrada” al responsable de Hacienda, que preferiría invertir esta cantidad a aspectos vinculados a inversiones y a generación de empleo. De hecho, el reciente pleno instó al Gobierno de la Nación a alterar éste y otros aspectos de la ley “y encontró oposición en el grupo popular, que votó en contra”.
El único supuesto en que la ley permite que el remanente positivo de tesorería pueda destinarse a diferentes inversiones sostenibles, es que se cumpla un período medio de pago a proveedores menor a noventa días, algo que actualmente no se cumple en la Diputación, y que, en opinión de Solís, no puede achacarse al nuevo equipo de Gobierno, que lleva menos de cinco meses de mandato. También ha explicado que los planes de inversiones Reactiva pudieron ejecutarse en 2013 porque la ley no establecía aún ese requisito, ya que no se hubiera cumplido (los informes de intervención que cifran en 143 días el periodo medio trimestral) y en 2014 porque se aprobó en agosto, único mes del año en que la Diputación cumplió este plazo. “Se pudieron cumplir estos plazos porque el presupuesto dejó de ejecutarse”, agrega en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
De hecho el responsable de Hacienda ha calificado de “desorden” la situación en que encontraban la tesorería de la institución provincial y ha puesto varios ejemplos como facturas impagadas a la empresa comercializadora de luz desde el mes de enero, que arrojaban una deuda de más de 60.000 y que provocaron avisos de cortes de suministro en septiembre, que en algunos casos llegaron a efectuarse puntualmente; o el retraso en los pagos del Plan Reactiva de 2014, que han debido ser liquidados ya por el actual Gobierno. Ha censurado que no se liquidaran estos pagos cuando sí se abonaron 21.500 euros desde Presidencia para un informe externo sobre las consecuencias para la Diputación de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que “podría haberse realizado por personal de la casa” y que “consiste en una copia exacta de la Ley y una única página de conclusiones”.
Otro aspecto que el diputado de Hacienda ha querido aclarar es que pese a que Loaiza criticara la operación de tesorería aprobada en el pasado pleno por valor de 90 millones de euros porque suponía un endeudamiento más para la institución, la ley establece que este crédito no computa para el cálculo de la deuda de las Corporaciones al tratarse de una operación de tesorería a corto plazo y que se amortiza a 31 de diciembre del mismo año para la que se aprueba. Además ha defendido la utilidad de este crédito, ya que se emplea para atender los adelantos de la recaudación que dotan de liquidez a los ayuntamientos, antes de que se hagan efectivos los cobros de tributos. Incluso ha anunciado que su voluntad conforme a las previsiones, de que esa cantidad sea más elevada en próximos años, porque supondría que los ayuntamientos tendrían mayores ingresos.
Jesús Solís también ha salido al paso de las afirmaciones del portavoz del principal partido de la oposición que afirmaba que la presidenta Irene García “engañaba a los alcaldes” y ha aludido para ello al cumplimiento de compromisos en apenas unos meses de mandato, como la puesta en marcha de un plan de empleo en menos de cien días y la convocatoria periódica del Consejo de Alcaldías, donde se ofrecen explicaciones y se coordinan proyectos vinculados a los pequeños municipios y a las entidades locales autónomas.
“Hacer realidad esos compromisos no es mentir ni engañar a los alcaldes. Sí es engañar a los alcaldes no pagar el Plan Reactiva correspondiente a 2014, como hizo el anterior presidente que ahora habla de buena gestión y de cumplimiento de los plazos de pago, pero que dejó pendientes esas cantidades que ahora ha debido abonar este Gobierno”, ha insistido Solís. Y también ha negado que los criterios que se aplican para la ejecución del plan de empleo sean arbitrarios, “a no ser que aplicar estrictamente baremos objetivos de población y desempleo suponga para el señor Loaiza actuar con arbitrariedad”.
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